La Dirección Departamental de Educación de Cortés denunció este jueves una presunta red de corrupción, vinculada a las diputadas Scherly Arriaga y Rita Zúniga, que habría realizado nombramientos irregulares, asignado "plazas fantasmas" y manipulado concursos docentes durante la administración anterior.
En una conferencia de prensa, el director departamental, Rafael Rodríguez, informó que las irregularidades fueron detectadas tras un proceso de revisión interna en el que se identificó una red de al menos 20 personas que ocupaban cargos en la dirección departamental, pero nunca se presentaron a trabajar.
Dentro de los hallazgos figuran empleados nombrados en áreas administrativas y educativas que, pese a contar con acuerdos formales, no cumplían las funciones en la dependencia o centros educativos asignados, entre estos familiares de políticos.
Uno de los casos es el de la señora María de la Cruz Gómez, madre de la diputada Arriaga, quien figuraba como jefa departamental de Auditoria Interna, con contrato permanente y un salario de L27,500.
Asimismo, señaló a Renan Cerrato, quien sería esposo de Glenda Hernández, exdirectora departamental de Educación, así como a Kevin Ríos Hernández, a quien mencionó como su hijo.
A estos se suman el doctor Ricardo Castro Casaña, quien sería sobrino del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Santa Bárbara, Edgardo Casaña.
Rodríguez detalló que, solo en el área de servicio civil, se otorgaron 577 nombramientos entre 2024 y 2025, de los cuales 152 "fueron paracaidistas", personas que, según la investigación, nunca se presentaron a laborar, pero sí habrían cobrado sus salarios.
A su vez, reveló que estos "empleados fantasma", devengaban sueldos entre L20,000 y L50,000 mensuales, lo que representa un impacto significativo para las finanzas del Estado.
El director afirmó que cuentan con documentación para sustentar las denuncias, incluidos comprobantes de pago, que evidenciarían que estas personas cobraron durante al menos dos años sin desempeñar sus funciones.
El docente señaló que la supuesta estructura estaría liderada por la diputada Scherly Arriaga, quien habría tenido un rol de coordinación en los procesos de servicio civil durante los últimos cuatro años, así como al exministro de Educación, Daniel Esponda.
Asimismo, indicó que Rita Zúniga, también diputada, habría participado en la conducción de los procesos docentes desde la Junta Departamental de Selección, junto a otros funcionarios.
Según el funcionario, desde esa instancia se habrían realizado nombramientos de forma irregular durante los procesos de 2024 y 2025, sin respetar criterios como el orden de prelación ni la transparencia en los concursos.
Entre las anomalías señaladas, mencionó la falta de publicación de plazas vacantes, la realización de concursos supuestamente dirigidos y la asignación de cargos a personas que no participaron en los concursos o que obtuvieron una calificación baja, muchas veces dejando fuera a los aspirantes que quedaron en los primeros lugares.
Rodríguez también denunció la creación de centros educativos y programas sin cumplir los procedimientos establecidos, incluyendo escuelas que pasaron a ser institutos de media, que, según dijo, fueron habilitados para "justificar la asignación de plazas a personas afines al partido Libertad y Refundación (Libre)".
El director informó que, como parte de las acciones correctivas, ya se ha procedido a la cancelación de al menos 39 personas cuyos contratos presentaban inconsistencias, mientras continúa el proceso de revisión del resto de los nombramientos.
Finalmente, aseguró que la actual administración implementará medidas para transparentar los procesos de selección, regularizar las estructuras educativas y garantizar que los nombramientos se realicen conforme a la ley, al tiempo que reiteró que las denuncias serán puestas a disposición de las instancias correspondientes para su investigación.
Por su parte, Arriaga anunció que interpondrá una querella contra el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, tras rechazar como falsas las acusaciones en su contra. La legisladora señaló además que se trata de una “cortina de humo” en medio de los recortes presupuestarios en el sector educación.
