Autoridades del instituto José Trinidad Reyes denunciaron este jueves una serie de irregularidades cometidas por la administración anterior de la Secretaría de Educación, que habrían dejado al emblemático centro sin personal esencial, pese a que las plazas continúan registradas dentro de su estructura presupuestaria.
En entrevista con LA PRENSA, Wilson Mejía, director del instituto, expuso que durante ese periodo (2022-2025) se produjo un uso irregular de las plazas del JTR, lo que derivó en la pérdida de médicos, personal de limpieza, vigilancia y otros trabajadores indispensables para el funcionamiento del centro, uno de los más grandes del país.
Según explicó, varias plazas que pertenecían al JTR fueron utilizadas para nombrar personal que en realidad desempeña funciones en otros centros o dependencias administrativas. “Cobran como si estuvieran en el Reyes, pero no trabajan para el Reyes”, señaló Mejía.
Para el caso, reveló que tiene en sus manos el contrato de una persona que fue nombrada en 2023 como personal de servicio civil del JTR, pero que en realidad trabajaba como chofer del entonces secretario general de Educación Edwin Oliva en Tegucigalpa.
“Eso es grave, es delicado”, enfatizó el director al cuestionar el uso de plazas asignadas al centro educativo para funciones ajenas a la institución.
Mejía dijo que también existen nombramientos de la Dirección Departamental de Santa Bárbara que figuran como trabajadores del José Trinidad Reyes, acto que calificó de ilógico, ya que el instituto pertenece a la departamental de Cortés, evidenciando las irregularidades en el manejo de las estructuras presupuestarias.
El director sostuvo que, además de las plazas de servicio civil, también se registraron movimientos irregulares en horas docentes. Apuntó que el JTR tiene más de 1,300 horas docentes distribuidas en el departamento que, según afirma, fueron utilizadas “a discreción” por la anterior Dirección Departamental de Educación, sin brindar información al centro educativo sobre a quiénes fueron asignadas.
“Nosotros hemos prestado docentes a otros centros en años anteriores, pero en este caso ni siquiera sabemos a quiénes se les asignaron esas horas”, explicó Mejía, al señalar que algunos maestros continúan apareciendo en la estructura del Reyes, aunque desempeñan funciones incluso en otros departamentos.
La situación también ha afectado servicios fundamentales para la población estudiantil, como la atención médica. Mejía recordó que tenían una clínica muy fuerte, que llegó a brindar hasta 5,000 consultas al año, con médicos y enfermeras asignados.
No obstante, estos fueron trasladados, lo que dejó sin atención médica a miles de estudiantes. Ante esta situación, las autoridades del instituto se vieron obligadas a tocar las puertas de Médicos Sin Fronteras para poder seguir brindando el servicio.
La problemática también se extiende al área de seguridad. El director denunció que los vigilantes que anteriormente eran pagados por la Secretaría de Educación fueron jubilándose, pero en lugar de nombrar reemplazos para el instituto, las nuevas contrataciones fueron asignadas a otros centros, aunque aparecen en la planilla del JTR.
Actualmente, los salarios de los vigilantes son pagados por la institución con el apoyo de los padres de familia. Mejía detalló que los guardias apenas reciben un salario de L9,500 mensuales.
El director calificó como paradójica la situación que atraviesa el instituto, ya que en 2023 el Congreso Nacional lo declaró como institución de interés cultural y educativo para Honduras.
Sin embargo, fue precisamente durante ese periodo cuando el sufrió la mayor pérdida de personal y recursos. “Pensábamos que ese decreto iba a venir acompañado de un apoyo real, que fortaleciera al instituto, pero ocurrió todo lo contrario”, manifestó.
El director calificó al decreto como algo "demagógico" y hasta una burla para una institución noble como el JTR, que este año cumplirá 100 años de formar profesionales en San Pedro Sula.
Agregó que las decisiones tomadas por la Secretaría de Educación habrían respondido a intereses políticos, orientados a favorecer la contratación de personas afines al Partido Libertad y Refundación (Libre). Asimismo, señaló que la situación se agudizó en 2022, cuando denunció públicamente que las autoridades departamentales habían sido impuestas por el partido en el poder.
Esto debido a que fue él quien obtuvo el primer lugar para ocupar el cargo de director departamental de educación, pero el entonces minisitro Daniel Esponda, no respetó los resultados. "No respetaron los resultados y al final pusieron de dedo a una prima de la diputada Scherly Arriga", aseguró.
“Desde entonces advertimos que lo que se buscaba era el control de la Dirección Departamental de Educación de Cortés para manejar las estructuras y los nombramientos. Con el tiempo eso se ha ido evidenciando en la forma en que se utilizaron las plazas”, expresó.
Ante esta situación, Mejía aprovechó el espacio para hacer un llamado al diputado Tomas Zambrano, presidente del Congreso Nacional, para solicitar una reunión, con el objetivo de que se revisen los nombramientos realizados durante ese periodo y se restituya el personal que corresponde a la institución.
También expondrán las principales necesidades del centro educativo y buscarán que el actual Congreso Nacional reivindique lo ocurrido tras la aprobación del decreto, en el marco del centenario de fundación del Instituto José Trinidad Reyes, una institución que a lo largo de su historia ha formado a destacados profesionales que han contribuido al desarrollo del país.
