Honduras está pagando por 19 proyectos que no se han empezado a ejecutar

Honduras mantiene más de tres mil de millones de dólares en deuda externa comprometidos en proyectos que no avanzan al ritmo esperado. Incluso, está pagando por 19 proyectos que no se han empezado a ejecutar.

Así lo revela el Informe de Cartera de Operaciones Financiadas con Fondos Externos al cierre de 2025, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium, que expone que el país mantiene una cartera de préstamos activos y sin ejecutar por 3,387.4 millones de dólares (equivalentes a más de 90 mil millones de lempiras).

Según constató este equipo, en total se registran 66 proyectos vigentes al cierre de 2025, de los cuales 50 (equivalentes al 76%) no habían alcanzado ni la mitad de su ejecución. De esa cifra, 19 seguían paralizados sin registrar ningún desembolso.

Esto significa que el Estado comienza a asumir compromisos financieros (como intereses y pagos de deuda) antes de que la población vea resultados concretos en obras, empleo o mejoras en los servicios públicos.

La comisión es aproximadamente de 0.2% anual por mantenerse en espera, lo que representa cientos de millones de lempiras cada año, según informó el ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules.

Es decir, los ciudadanos terminan financiando proyectos que todavía no generan beneficios visibles, mientras el costo de la deuda continúa creciendo y presiona aún más las finanzas del país.

Ante este panorama, Hércules informó que ya puso en conocimiento al presidente Nasry Asfura sobre la necesidad de reorientar ciertos préstamos para evitar que los recursos comprometidos se pierdan.

Por su parte, la subsecretaria de Finanzas, Liliam Rivera, advirtió que “no podemos seguir contratando más deuda sin hacer una revisión profunda de la actual”.

Confirmó que el Gobierno actualmente está revisando la cartera para evaluar cancelaciones parciales en iniciativas que no cumplan con los cronogramas establecidos.

"La decisión se basó en criterios" técnicos de ejecución y gestión financiera responsable. Mantener recursos sin posibilidad real de desembolso genera costos para el Estado, afecta el desempeño de la cartera ante los organismos internacionales y reduce la capacidad de acceder a financiamiento favorable en el futuro", expresó.

De los 66 proyectos financiados con préstamos externos que se encontraban vigentes al cierre de 2025, unos 50 registraron una ejecución financiera inferior al 50%.

De ellos, 23 no habían recibido un solo desembolso, pese a que varios corresponden a obras de infraestructura, energía, salud y desarrollo productivo consideradas estratégicas para el país.

Entre los casos más rezagados figura el Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua, ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), que apenas registra una ejecución del 2.3% de los 10.7 millones de dólares contratados.

De igual forma, el Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras muestra un avance de apenas 4%, mientras que el fortalecimiento institucional de Aduanas alcanza únicamente el 18% de 50 millones de dólares disponibles.

Además, el sector energético concentra algunos de los proyectos con mayores atrasos. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, iniciativas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el Proyecto de Desarrollo Bajo en Carbono y Climáticamente Resiliente en las cuencas de El Cajón y el Lago de Yojoa, así como el programa BID Clima para la descarbonización de la Enee y apoyo a su sostenibilidad financiera, mantenían una ejecución de 0%, pese a sumar más de 50 millones de dólares en financiamiento aprobado.

La situación también se repite en proyectos financiados por el Banco Mundial. El Programa de Restablecimiento de Servicios Esenciales de Salud y Avance de la Preparación ante Emergencias, con una asignación de 60 millones de dólares para la Secretaría de Salud, no había registrado desembolsos al finalizar 2025.

Asimismo, el Proyecto de Gestión Resiliente del Corredor Vial CA-13, entre La Ceiba y Puerto Castilla, permanecía sin ejecución financiera sobre un financiamiento de 100 millones de dólares.

Otro de los acreedores con proyectos estancados es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La construcción del Libramiento El Progreso, incluida dentro del Programa de Carreteras Resilientes de Honduras, no reporta desembolsos en el informe pese a contar con un préstamo de 96.3 millones de dólares.

Igual situación presenta el Programa de Recuperación Sostenible del Lago de Yojoa, por 80 millones de dólares, y la primera etapa de la Presa Multipropósito El Tablón, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, financiado con 300 millones de dólares. Los tres mantienen una ejecución de 0%.

La radiografía del endeudamiento indica que la mayor parte de estos fondos proviene de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que en conjunto concentran más del 90% del financiamiento externo.

El BID lidera tanto en volumen de financiamiento como en ejecución, con un 48.1% de desembolso de sus fondos contratados, seguido por el Banco Mundial con un 36.2%.

En ambos casos, aunque los porcentajes superan el promedio general, todavía reflejan que más de la mitad de los recursos disponibles no han sido utilizados.

Más rezagado aparece el BCIE, con apenas un 15% de desembolso, pese a ser el mayor financiador individual dentro de la cartera.

En el extremo opuesto, organismos como la CAF presentan niveles prácticamente nulos de ejecución, con apenas un 0.2%, que serían proyectos en etapas muy tempranas o con dificultades para avanzar.

Mientras tanto, instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) destacan por una ejecución cercana al 88.6%, uno de los niveles más altos del portafolio, aunque con menor peso relativo dentro del total.

El comportamiento de los organismos bilaterales también refleja disparidades. Alemania, a través del KfW, reporta un 92.1% de desembolso, posicionándose como el actor más eficiente en términos de ejecución, mientras que Japón, mediante JICA, alcanza un 24.6%.

En contraste, países como España y Corea del Sur presentan niveles considerablemente bajos, con 4% y 3.8%, respectivamente.

En términos globales, el nivel de desembolso total se sitúa en 28.5%, lo que confirma que más de dos tercios de los recursos contratados aún no se han traducido en inversión efectiva.

El documento también evidencia la alta dependencia del financiamiento externo, pues el 92.4% de los recursos (equivalentes a 3,960.1 millones de dólares) proviene de organismos multilaterales, mientras que el 7.6% restante (332.5 millones de dólares) corresponde a financiamiento bilateral.

A esto se suman otros 315 millones de dólares en préstamos para apoyo a reformas que, aunque ya fueron suscritos, siguen pendientes de ejecución.

Según el informe, el 28% de los recursos en ejecución se destina al sector carretero, mediante proyectos orientados a dinamizar el transporte terrestre y fortalecer la señalización vial.

En segundo lugar, se encuentra el sector energético, con una inversión del 14%, enfocada en la construcción de represas, líneas de transmisión y proyectos destinados a facilitar la integración de energías renovables.

En tercer lugar, está el sector salud, que concentra el 13.2% del financiamiento, destinado a la construcción de hospitales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán, Choluteca y Tocoa.

El economista y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Martín Barahona, explicó que cuando un préstamo aprobado no se ejecuta en el tiempo previsto, los organismos financieros internacionales cobran comisiones por mantener los recursos reservados, lo que calificó como “un tipo de interés disfrazado”.

"Está bien que se cancelen los proyectos y contratos de dinero que no han sido bien ejecutados. Todos son fondos prestados externos, entonces generan un costo, mientras no se usen y se reserven comisiones de 0.5%, creo, un porcentaje pequeño pero que al final suma, sobre todo si consideramos el valor de la moneda nacional", expresó.

"Pero lo que pasa es que se van a seguir endeudando, lo que hay que pedirle al Gobierno es esa transparencia de que si se cancela el contrato de un préstamo para una carretera que no se ejecutó apropiadamente, entonces se va a sustituir por otra carrera que sea útil para generar transporte de mercancías, de población, además de que sea una carretera resiliente, que no se va a ir en las primeras lluvias o que un derrumbe no se la va a llevar", agregó.

Por su parte, el economista Edgar Aguilar, explicó que cada proyecto de infraestructura debe tener clara su factibilidad, no sobre la construcción sino sobre las operaciones y pago. "El tijeretazo a proyectos paralizados es necesario, pero no suficiente porque sin criterios técnicos rigurosos en la aprobación, el ciclo se repite", expresó.