San Pedro Sula, Honduras. La tensión volvió a apoderarse de la colonia Belén, en el sector de Cofradía, luego de que sus pobladores protagonizaran un nuevo enfrentamiento con elementos de la Policía Nacional en medio del desalojo ordenado por un juez del Poder Judicial.
Los vecinos se mantienen en incertidumbre y se resisten a abandonar los terrenos que habitan desde hace varios años. Durante las últimas jornadas se han registrado enfrentamientos, detenciones y el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta por parte de las autoridades para controlar las protestas.
En el nuevo incidente, hombres y mujeres fueron detenidos, mientras algunos residentes optaron por abandonar voluntariamente sus viviendas y otros permanecieron en el lugar en rechazo a la medida judicial. Hasta el momento, se reportan más de cinco personas detenidas.
Uno de los pobladores cuestionó la actuación de las autoridades policiales a quienes responsabilizó de mantener los operativos en el sector, pese a que, según manifestó, los jueces ejecutores se retiraron desde el día anterior.
El vecino aseguró que las familias han presentado dos recursos de amparo y pidió que se revisen los documentos de propiedad y la inscripción de las escrituras en el Instituto de la Propiedad, con el propósito de encontrar una solución antes de que se produzcan hechos más graves.
"Lo que pedimos es que revisen el amparo, que revisen la escritura de Ricardo Rivera, que revisen cómo está inscrito en el Registro de la Propiedad y que miren cómo hacen para solucionar esto antes de que aquí vayan a suceder cosas graves", expresó.
El poblador también advirtió que la preocupación se extiende a los habitantes de la colonia 13 de Noviembre, otra comunidad que, según indicó, enfrenta una situación similar y donde las familias tienen entre 13 y 14 años de residir.
Por su parte, el subcomisario Fernández manifestó que los elementos policiales continúan en la zona porque no han recibido ninguna orden de retirarse. Explicó que su labor consiste en dar cumplimiento a la resolución judicial emitida por un juez y que la instrucción es que los habitantes retiren voluntariamente sus pertenencias de los predios.
El oficial sostuvo que algunos pobladores habrían sido engañados al adquirir terrenos sin contar con documentos legales que acreditaran su propiedad.
"Nosotros, como agentes, nos basamos en la orden judicial emitida por un juez. Tratamos de dialogar y algunas personas deciden irse de manera voluntaria", manifestó.
La situación mantiene en alerta a las familias, algunas de las cuales aseguran haber invertido más de 200,000 lempiras en la construcción de sus viviendas, varias de ellas edificadas con materiales permanentes.
Mientras los pobladores esperan una respuesta a los recursos de amparo, el conflicto continúa sin una solución definitiva y bajo la presencia de agentes policiales en el sector.