San Pedro Sula, Honduras. Más de 300 familias fueron desalojadas en la colonia Belén, en el sector de Cofradía, donde varias viviendas fueron demolidas con maquinaria pesada, mientras otras personas intentaban rescatar sus pertenencias antes de abandonar los terrenos. El operativo estuvo marcado por momentos de tensión, denuncias de uso de gas pimienta, personas golpeadas y desmayos.
Desde tempranas horas, más de 300 elementos de la Policía Nacional llegaron a la zona para ejecutar el desalojo, un procedimiento que había comenzado el pasado 10 de agosto, pero que en esa ocasión no se concretó.
Esta vez, las autoridades ingresaron al sector acompañadas del juez encargado del proceso, quien manifestó que existía una orden judicial para proceder con el desalojo. Posteriormente, con el acompañamiento de agentes policiales, se permitió el ingreso de maquinaria para derribar las viviendas.
La demolición afectó construcciones de diferentes características, desde casas elaboradas con láminas y madera hasta viviendas de material que, según sus propietarios, representaban inversiones de hasta 400,000 lempiras.
Mientras algunas familias optaron por desarmar sus casas y retirar los materiales que podían recuperar, otras vieron cómo sus viviendas eran destruidas antes de lograr sacar todas sus pertenencias. También hubo habitantes que abandonaron el lugar sin tener certeza de dónde podrían establecerse.
Entre las personas afectadas está Noemí Mejía, quien además de perder su vivienda vio destruida una cosecha de frijoles y ayotes que había sembrado como sustento para su familia.
Con tristeza y enojo, relató que había invertido alrededor de 5,000 lempiras en la siembra. Mejía trabaja en una floristería del mercado Guamilito y, al enterarse de que las autoridades regresarían para ejecutar el desalojo, decidió volver al lugar.
Su cosecha representaba alimento para su familia y, en algunas ocasiones, también le permitía obtener ingresos mediante la venta de los productos.
En medio de la situación, vecinos, entre adultos y niños, la ayudaron a recoger parte de lo que había sembrado antes de que la maquinaria continuara con la demolición.
La incertidumbre también alcanzó a otras familias que aseguraron no haber recibido una solución habitacional antes de la ejecución del operativo.
«No se puede jugar con nosotros. No nos dieron una solución, solo fueron engaños. Algunos tenemos dónde irnos, pero otros no; hay vecinos pobres y otros sí tenemos dónde irnos», expresó don Celestino Esquivel.
El abogado José Jovel manifestó a LA PRENSA que la orden judicial era ilegal, pues, según su interpretación, el procedimiento debía limitarse a retirar a las personas de los terrenos y no contemplaba la demolición de las viviendas.
El profesional del derecho recordó que el proceso iniciado el pasado 10 de agosto fue detenido y que actualmente el caso se encuentra en un proceso de sentencia.
Por su parte, el comisionado policial Walter Varela explicó que los agentes únicamente brindaban acompañamiento a las autoridades judiciales y que la orden ya había sido ventilada, por lo que su función era dar cumplimiento a lo dispuesto por el juez.
La ejecución del procedimiento también estuvo acompañada de enfrentamientos entre un grupo de pobladores y los agentes policiales desplegados en el sector.
Durante los momentos de mayor tensión, algunos habitantes denunciaron haber recibido golpes y gas pimienta. También se reportaron desmayos, mientras otros pobladores lanzaron piedras en rechazo al avance de la maquinaria que continuaba derribando las viviendas.
La situación se desarrolló en presencia de niños y familias que, entre llanto y desesperación, intentaban sacar sus pertenencias de las casas oponiéndose a que las construcciones fueran destruidas.
Al sitio también se presentó Ricardo Rivera, quien aseguró que parte de los terrenos pertenecían a su padre y que actualmente las propiedades están a su nombre.
Rivera manifestó que ha cedido terrenos a varias personas para que puedan construir sus viviendas y tener un lugar donde vivir. Asimismo, expresó que estaba de acuerdo con que las autoridades retiraran a las personas que estaban buscando, pero pidió que no se actuara contra las familias humildes.
Según el documento relacionado con el procedimiento, son 10 las personas requeridas por el supuesto delito de usurpación de tierras. Sin embargo, durante el operativo las autoridades procedieron a desalojar a todas las familias que permanecían en el sector.
Mientras avanzaba la demolición, algunos habitantes salieron voluntariamente, otros desarmaron sus viviendas y varios más recogieron sus pertenencias sin saber adónde ir. La jornada dejó a cientos de familias enfrentadas a la pérdida de sus hogares y a la incertidumbre sobre su futuro.