La incertidumbre y el temor de quedar en la calle marcaron una jornada de más de siete horas de tensión para unas 300 familias de la colonia Belén, en el sector de Cofradía, frente a Naco, Cortés, ante un masivo operativo de desalojo.
El despliegue contó con alrededor de 800 elementos de la Policía Nacional, entre ellos agentes de los Cobras y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), además de personal médico y representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Desde tempranas horas, los pobladores se concentraron en el portón principal de la colonia para impedir que las autoridades ingresaran. La resistencia fue pacífica y, con la intervención de defensores de derechos humanos, se logró que la ejecución del desalojo fuera suspendida temporalmente.
César Martínez, vocero de los habitantes, manifestó que las familias residen en el lugar desde 2015 y cuestionó que no fueran notificadas con suficiente anticipación sobre el operativo.
“Nosotros contamos con escrituras registradas de estos terrenos. Decidimos abrir los portones para proteger la integridad de nuestras familias, pero la parte legal seguirá su curso”, afirmó.
Durante la jornada también intervino un representante de derechos humanos, de apellido Jovel, señaló que podría existir una confusión relacionada con los planos del terreno. Además, sostuvo que la propiedad podría estar vinculada con una donación realizada anteriormente.
Ante estos argumentos, solicitaron a la jueza ejecutora revisar el expediente y la documentación presentada por ambas partes.
Al sitio también se presentó Ricardo Rivera, quien se identificó como propietario legítimo de los terrenos y mostró documentación ante las autoridades.
Rivera aseguró que las tierras forman parte de un patrimonio familiar adquirido en el siglo XIX. Según explicó, su abuelo compró 5,500 manzanas en 1854 y actualmente él posee unas 800 manzanas.
“Mi abuelo compró 5,500 manzanas en 1854; actualmente poseo 800 manzanas y no tiene sentido que estén solicitando 50 de ellas”, manifestó.
El propietario afirmó además que en otras ocasiones ha cedido solares a familias que se encuentran en situación vulnerable, con documentos legalizados y sin cobrar por ellos.
Rivera sostuvo que no ha recibido una notificación formal que establezca que los terrenos ocupados en la colonia Belén pertenecen legalmente a otras personas.
Luego de revisar la situación y escuchar los argumentos de las partes, el juez del caso concedió un plazo de una semana para que las familias abandonen voluntariamente el predio.
La prórroga fue otorgada por razones humanitarias, debido a la presencia de niños y adultos mayores entre las familias afectadas.
Sin embargo, la jueza Maritza Alejandra Alvarado, cargo de la ejecución del desalojo, dejó claro que la orden continúa vigente y que, una vez vencido el plazo, podrá ejecutarse de manera directa.
La decisión generó alivio momentáneo entre los pobladores, aunque no puso fin a la incertidumbre. Algunas familias comenzaron a desmontar láminas, madera y otras estructuras de sus viviendas para trasladar sus pertenencias.
Mientras avanza el plazo concedido, los habitantes deberán buscar un nuevo lugar donde vivir, mientras la disputa por la propiedad de los terrenos continúa por la vía legal.
