Honduras
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San Pedro Sula, Cortés
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras ya registra más de cinco desalojos de ocupantes en propiedades productivas, tanto en casos recientes como en invasiones denunciadas desde hace varios años.
La normativa tiene como objetivo proteger la actividad productiva, preservar miles de empleos y fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas.
Tras los desalojos ejecutados en Choluteca, Yoro y Tela, expertos consideran que la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros podría recuperarse, lo que abriría la puerta a la llegada de nuevas inversiones millonarias en las próximas semanas.
En entrevista con LA PRENSA, Javier Talavera, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), afirmó que, en un Estado de derecho, todos los procedimientos deben ejecutarse conforme a la ley.
"Los responsables de ejecutar los desalojos son el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el INA participa en los casos relacionados con tierras legalizadas en el sector agrícola para garantizar el respeto a los derechos correspondientes", explicó.
Talavera sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones, quienes promueven las invasiones no son los verdaderos campesinos.
"Aunque sabemos que los verdaderos campesinos no son quienes tienen invadida la propiedad privada, las investigaciones estiman que detrás de estas invasiones operan grupos vinculados al crimen organizado", manifestó.
"Estamos involucrados para evitar que se violen los derechos de los verdaderos campesinos", agregó.
Alcance de la nueva ley
La legislación busca frenar las invasiones, usurpaciones, bloqueos y paralizaciones de tierras productivas que afectan a los sectores agroindustrial, energético, turístico, ganadero y a los pequeños productores agrícolas.
Asimismo, declara inafectables, de forma inmediata y obligatoria, las tierras y mejoras debidamente registradas y destinadas a estas actividades, incluso cuando hayan sido objeto de invasiones o bloqueos.
Esta condición prevalece sobre procesos relacionados con utilidad pública, reforma agraria u otras disposiciones, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, las inversiones y el derecho a la propiedad privada debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Instituto de la Propiedad (IP).
Talavera explicó que para el INA resulta relativamente sencillo aplicar la normativa, ya que la institución recibe denuncias cuando grupos campesinos consideran que una propiedad no está cumpliendo con la función establecida en la reforma agraria.
"Ellos son los primeros en informarnos. Nosotros verificamos en campo y seguimos el procedimiento que establece la ley. Esta nueva legislación aplica tanto para grandes como para pequeños productores", indicó.
El funcionario agregó que muchas de las invasiones llevan varios años judicializadas.
"Las denuncias ya fueron procesadas en los juzgados y en la Fiscalía. En el caso de nuevas invasiones, bajo esta ley los desalojos pueden ejecutarse en un plazo de dos o tres días", aseguró.
Reforma Agraria y protección de la propiedad
La Reforma Agraria, emitida originalmente en la década de 1970, tuvo un carácter eminentemente social. Su propósito fue sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad que incorporara a la población campesina al desarrollo económico del país.
La legislación establece que la propiedad privada rural conserva su protección siempre que cumpla una función social, es decir, que sea explotada de manera eficiente. Las tierras ociosas o subutilizadas pueden ser objeto de expropiación para ser adjudicadas a familias campesinas o cooperativas.
Sin embargo, la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en 1992, introdujo mecanismos que fortalecen la protección de los predios productivos. Bajo esta normativa, una propiedad debidamente registrada y destinada a proyectos agroindustriales u otras actividades productivas no puede ser expropiada por el INA si cumple los requisitos establecidos por la ley.
"Con la reforma de 1992 es mucho más difícil expropiar una propiedad porque la legislación concede al propietario 18 meses para poner la tierra a producir y puede solicitar una prórroga de hasta seis meses. Cuando los técnicos del INA realizan las inspecciones, generalmente encuentran que las tierras ya están en producción", explicó Talavera.
La nueva ley también establece que sus disposiciones aplican a personas naturales y jurídicas con proyectos productivos activos, incluidos aquellos que hayan sido afectados por invasiones, bloqueos o paralizaciones forzadas.
Más de mil órdenes de desalojo pendientes
Según Talavera, existen numerosas órdenes de desalojo emitidas entre 2022 y 2024 que no fueron ejecutadas.
"Hay muchas órdenes de desalojo de 2022, 2023 y 2024 que no se habían ejecutado porque las autoridades anteriores no tuvieron la voluntad de hacerlo. En este gobierno se está poniendo orden dentro del marco legal, porque las tierras invadidas no están ociosas; son terrenos que mantienen distintos tipos de producción", afirmó.
El funcionario informó que el INA desarrolla un censo para determinar con precisión cuántas tierras han sido expropiadas en el país, ya que actualmente no existe un registro consolidado.
Además, aseguró que todavía hay disponibilidad de tierras para atender las demandas de grupos campesinos y recordó que la institución dispone de un presupuesto anual de 200 millones de lempiras, monto que puede ampliarse para adquirir terrenos destinados a estos sectores.
Inversionistas observan mayor seguridad jurídica
Ramiro Medina, apoderado legal de varias empresas y participante en la elaboración del anteproyecto de ley, afirmó a LA PRENSA que los desalojos ejecutados en Tela, Yoro y Choluteca corresponden tanto a invasiones antiguas como recientes.
"Esto apenas comienza. Existen más de mil órdenes de desalojo listas para ejecutarse y diariamente se siguen acumulando nuevos casos", señaló.
Medina indicó que los procedimientos se han realizado tanto en tierras productivas como en proyectos turísticos.
"El problema es que no están delimitadas algunas áreas y ciertos grupos garífunas consideran que todo ese territorio les pertenece. Ya habrá reuniones para delimitar esas tierras y aquellas que permanezcan invadidas serán desalojadas", expresó.
Asimismo, aseguró que la nueva legislación ya está generando confianza entre inversionistas extranjeros.
"Inversionistas de Estados Unidos están interesados en desarrollar un proyecto turístico en aproximadamente 47 manzanas de tierra en Trujillo, que contempla la construcción de un hotel y restaurantes", afirmó.
Finalmente, explicó que la ley permite restituir la posesión del inmueble a la última persona que acredite legalmente su propiedad. No obstante, cuando exista controversia sobre la titularidad, el caso deberá resolverse en la jurisdicción civil.
"Esta ley sirve para desalojar las invasiones y devolver la propiedad a quien acredite ser el dueño. Si existe más de un propietario reclamando el inmueble, el caso debe resolverse en un juzgado de lo civil", concluyó.
