Al menos 1,000 órdenes de desalojo están listas para ejecutarse por parte de las autoridades a nivel nacional, en respuesta a las ocupaciones e invasiones de tierras productivas denunciadas por propietarios y productores agropecuarios.
Estas acciones buscan dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por las instancias competentes y restablecer la posesión de los predios afectados, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
Las invasiones de tierras continúan siendo uno de los principales focos de preocupación para el sector agropecuario, que advierte sobre las pérdidas económicas, la afectación a la producción y el impacto en la seguridad jurídica de las inversiones.
Por su parte, las autoridades sostienen que los desalojos se ejecutarán con apego al debido proceso y con el acompañamiento de las instituciones correspondientes para garantizar el orden y el respeto de los derechos de las partes involucradas.
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, que ya entró en vigencia, busca frenar las invasiones, usurpaciones, bloqueos y paralizaciones de tierras productivas que afectan a estos sectores.
Solo el sector agroindustrial aporta alrededor de 6,500 millones de lempiras al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La normativa, que inicialmente solo abarcaba al sector agroindustrial, ahora incorpora sectores estratégicos como la energía, el turismo, la ganadería y los pequeños productores agrícolas.
La ley declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de las actividades agroindustriales, los proyectos de energía y turismo, así como las actividades ganaderas y agrícolas, incluidas las inversiones, tierras, infraestructura, logística y transporte. Los beneficios y protecciones contemplados en la normativa aplican a personas naturales o jurídicas con proyectos activos, incluyendo aquellos que estén o hayan sido objeto de invasiones, bloqueos o paralizaciones forzadas de actividades económicas.
Asimismo, declara inafectables, de forma inmediata y obligatoria, las tierras y mejoras debidamente registradas y destinadas a la agroindustria, proyectos de energía, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas, aun cuando estén o hayan estado invadidas o bloqueadas. Según el texto aprobado, esta condición prevalece sobre causas de utilidad pública, reforma agraria u otras disposiciones, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, las inversiones y la propiedad privada cuya titularidad esté debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Instituto de la Propiedad (IP).
El decreto establece que los funcionarios y empleados públicos que incumplan las obligaciones previstas en la ley responderán personal y directamente por los daños y perjuicios ocasionados al Estado, a los inversionistas, a los trabajadores y a terceros afectados.
La normativa ya comenzó a generar efectos. Como ejemplo, se ejecutó un desalojo en Choluteca. Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario (INA), sostuvo que "hay que poner orden, pero bajo la ley".
Al menos 1,000 órdenes de desalojo están listas para hacerse efectivas a nivel nacional, de las cuales unas 500 corresponden a San Pedro Sula, aseguró Ramiro Medina, apoderado legal de varias empresas y participante en la elaboración del anteproyecto. Según explicó, se está dando prioridad a las tierras donde se produce palma africana, banano, caña de azúcar, café y arroz, aunque la ley también protege a sectores como el turismo, la energía y la ganadería.
"Es un problema serio. Solo en Villanueva hay 725 propiedades invadidas; en Tela tenemos unas 1,600 propiedades ocupadas", afirmó Medina.
El abogado detalló que existen terrenos invadidos en 31 ciudades de ocho departamentos del país.
"La ley establece desalojos preventivos de acuerdo con el Código Procesal. Son jueces y fiscales de jurisdicción nacional, lo que hace el procedimiento más expedito", indicó.
Medina reiteró que quienes intenten invadir nuevamente las tierras desalojadas se enfrentarán a penas de entre 10 y 15 años de prisión.
María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), enfatizó que la seguridad alimentaria debe mantenerse como una prioridad para el país y consideró que la nueva legislación fortalece la protección de la producción destinada al abastecimiento de la canasta básica.
Martín Chicas, empresario, declaró que estos sectores son fundamentales para la generación de empleo y la producción nacional, por lo que consideró necesario proteger estas propiedades y atender una problemática que durante años ha afectado a numerosos productores.
"Es insólito ver avenidas en San Pedro Sula invadidas, fuentes importantes como los ríos, y ni hablar de las tierras productivas. Sabemos que se necesita hacer algo, pero sin afectar la producción ni la propiedad privada", expresó Chicas.
