Honduras
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El sector productor hondureño se mostró motivado tras la aprobación de una moción en el Congreso Nacional para crear la Ley de Reactivación y Rehabilitación del Sector Agropecuario, que, según estimaciones de dirigentes gremiales, generaría de manera inmediata más de 240,000 empleos permanentes.
El sector agropecuario de Honduras se encuentra en emergencia por diversos desafíos, entre ellos la falta de financiamiento, la invasión de tierras, la migración irregular, el cambio climático y los altos costos de los insumos, factores que han provocado una disminución significativa en la producción nacional.
Estos y otros aspectos deberán ser incluidos en la nueva normativa, que, según representantes del sector, debe priorizar un subsidio de deuda que permita sacar de la central de riesgo a más de 100,000 productores de diferentes rubros.
Antes de acordar la creación de la ley, Rolando Barahona, diputado del Partido Liberal, presentó una petición en el Congreso Nacional para sacar a los agricultores de la central de riesgo, a fin de que puedan acceder a fondos frescos como medida para reactivar el agro.
En entrevista con LA PRENSA, Barahona explicó que la solicitud fue planteada a Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional, y ante el presidente de la República, Nasry Asfura, aunque considera que debe convertirse en un proyecto de ley para reactivar el campo.
“Lo que dije es cierto, hay más de 100 mil productores agrícolas que están en la central de riesgo; la agricultura es el único rubro a nivel nacional que produce trabajo en los 18 departamentos de Honduras y lastimosamente el monopolio que tienen los intermediarios hace que estos productores pierdan”, aseveró.
Barahona indicó que es necesario que estos productores endeudados puedan acceder a nuevos fondos; de lo contrario, es muy difícil que se recuperen.
Para la elaboración de la Ley de Reactivación y Rehabilitación del Sector Agropecuario, el Congreso Nacional creó una comisión especial. Sus integrantes ya sostuvieron las primeras reuniones con productores que forman parte de la Plataforma Nacional Agroalimentaria.
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Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), declaró a este rotativo que el sector enfrenta múltiples necesidades y requiere políticas que potencien la industria, garanticen la seguridad jurídica y prioricen la solución al problema de la tenencia de la tierra.
Además, señaló que el financiamiento debe ser diferenciado, ya que las demandas financieras varían según el rubro, como el cafetalero o el ganadero.
“Queremos que estos productores que han estado en la central de riesgo, de qué forma les podemos dar una oportunidad, tomando en consideración que siempre serán responsables con los compromisos con la banca. Nos hemos comprometido a crear una ley robusta para impulsar el sector productivo del país y que los hondureños puedan acceder a los productos a precios justos”, dijo Ferreira.
El dirigente agregó que también se abordó el tema del vaso de leche en la merienda escolar, una ley aprobada hace más de 10 años que, según afirmó, no ha sido presupuestada adecuadamente para implementarse con leche de vaca hondureña, lo que beneficiaría tanto a los niños como a los productores.
La Fenagh representa a 13 sectores productivos y más de 53 organizaciones, que agrupan a más de 150,000 productores, por lo que la creación de la ley podría tardar más de dos meses, señaló. “Es indispensable aportar a crear una ley que dé una nueva oportunidad a los productores, no solo para la producción interna, sino también para exportar”, agregó Ferreira.
Además de la baja considerable en la producción agrícola, las estadísticas de empleo reflejan el deterioro del sector. En los últimos seis años, la tendencia del empleo agrícola ha sido a la baja, dejando atrás los años en los que esta actividad generaba más de 1.2 millones de puestos de trabajo.
De acuerdo con el informe del mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 el total de personas ocupadas en Honduras asciende a 4,075,415, de las cuales el 21.9 % corresponde al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, equivalente a 892,515 personas.
Desde 2025, los productores han venido solicitando un subsidio de deuda que permita hacer “borrón y cuenta nueva” a créditos que arrastran desde hace años y que no han podido saldar. Aunque la mayoría de los préstamos rondan los 100,000 lempiras, algunos sectores piden que se perdonen montos de hasta tres millones de lempiras.
Estas deudas no han podido ser canceladas por muchos productores debido a sequías, huracanes como Eta y Iota, los altos costos de insumos y la pandemia. Según dirigentes, la tasa de endeudamiento ha aumentado drásticamente, lo que les impide acceder a nuevos fondos.
En 2022, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) fue reactivado y otorgó créditos a personas en la central de riesgo; sin embargo, posteriormente, al mejorar su cartera crediticia y bajo regulación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dejó de conceder préstamos a personas con alto nivel de endeudamiento.
“Nuestra propuesta es que el subsidio no pase de tres millones de lempiras, porque la cartera más grande está entre cien mil lempiras, ya que hay organizaciones que aglutinan a varios productores que deben hasta tres millones”, aseveró Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Grano (Prograno).
Medina sostuvo que, de crearse la ley con el subsidio de deuda, se generarían más de 240,000 empleos permanentes y el doble de temporales.
“No solo es el subsidio de deuda, también hay que tener un seguro agrícola, asistencia técnica, sistemas de riego y revisar los incrementos en los insumos que venden las casas comerciales; todo eso debe analizarse para volver competitivo al productor”, enfatizó.
Wilmer Cruz, representante del sector camaronero, expuso que la principal petición es el subsidio de deuda. No obstante, señaló que el sector también requiere retomar lazos comerciales con Taiwán, que era su principal comprador. Actualmente, exportan a Europa y Taiwán, pero pagando aranceles de hasta el 20 %.
“El sector camarón está en una situación grave; si no se hace algo pronto, se seguirán perdiendo empleos”, advirtió Cruz.
Cruz indicó que de 92 fincas cerradas la cifra aumentó a 200, solo en la asociación que representa, lo que significa más de 10,000 empleos directos perdidos en Choluteca y Valle.