Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y proteger la propiedad privada, el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, con la que busca frenar las invasiones, usurpaciones, bloqueos y paralizaciones de tierras productivas que afectan a este sector, el cual aporta alrededor de 6,500 millones de lempiras al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La normativa con la que se busca proteger 300,000 empleos en el país surge como una respuesta a los conflictos derivados de la ocupación ilegal de tierras y otras acciones que, según sus promotores, generan incertidumbre jurídica, afectan la producción y desincentivan la inversión en el sector agroindustrial.
La ley declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de toda la actividad agroindustrial, incluidas las inversiones, tierras, infraestructura, logística y transporte. Los beneficios y protecciones contemplados en la normativa aplican a personas naturales o jurídicas con proyectos agroindustriales activos, incluyendo aquellos que estén o hayan sido objeto de invasiones, bloqueos o paralizaciones forzadas.
Asimismo, declara inafectables, de forma inmediata y obligatoria, las tierras y mejoras debidamente registradas y destinadas a la agroindustria, aun cuando estén o hayan estado invadidas o bloqueadas. Según el texto aprobado, dicha inafectabilidad prevalece sobre causas de utilidad pública, reforma agraria u otras disposiciones, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, las inversiones y la propiedad privada.
Cualquier tercero que reclame derechos sobre estas tierras deberá acudir previamente y de forma exclusiva a las instancias judiciales correspondientes. La normativa establece que, bajo ninguna circunstancia, se justifica la ocupación o invasión de los predios protegidos por esta ley.
Autoridades deben actuar de inmediato ante denuncias
La legislación también prohíbe las ocupaciones e invasiones de tierras declaradas inafectables y ordena a las autoridades actuar de manera inmediata ante denuncias de tomas o bloqueos para proteger la producción, los bienes y la infraestructura. Además, dispone el desalojo y la restitución de la posesión en los casos en que los ocupantes no cuenten con una sentencia judicial definitiva, y señala que la omisión, demora o negligencia de los funcionarios responsables constituirá una falta grave con responsabilidad personal.
Asimismo, otorga prioridad a los proyectos agroindustriales mediante trámites preferentes y plazos reducidos para la obtención de licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de la canasta básica.
La ley también garantiza el libre tránsito de productos, insumos, maquinaria, combustibles y personal del sector agroindustrial en todo el país, permitiendo la circulación de vehículos de carga en cualquier horario. De igual forma, obliga a las autoridades a asegurar el transporte de mercancías, especialmente las perecederas, mediante corredores seguros y el despeje inmediato de rutas estratégicas ante bloqueos o manifestaciones. La normativa considera la interrupción deliberada del transporte agroindustrial como una amenaza al interés económico general.
Más de 84,000 manzanas de tierra invadidas
De acuerdo con datos oficiales, 84,056 manzanas de tierra permanecen invadidas en Honduras, distribuidas en ocho departamentos y 31 municipios. Entre las zonas afectadas figuran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua, Atlántida, Islas de la Bahía y Santa Bárbara.
Aunque la problemática de las invasiones de tierras ha persistido durante décadas, distintos sectores sostienen que se ha intensificado en los últimos años.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, defendió la aprobación de la ley al señalar que responde al incremento de las ocupaciones de tierras productivas. El diputado afirmó que durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026) existió una política que, según él, favoreció estas ocupaciones al limitar la actuación de la Policía Nacional y el Ministerio Público ante denuncias y desalojos judiciales.
Zambrano sostuvo que esta situación ha generado inseguridad jurídica, afectando la inversión, el empleo y la producción en sectores como la palma africana, el café, la naranja y la caña de azúcar.
Sector destaca protección al empleo
Ramiro Medina, apoderado legal de varias empresas y participante en la elaboración del anteproyecto, declaró a LA PRENSA que la normativa busca proteger alrededor de 300,000 empleos vinculados a la agroindustria en rubros como palma africana, banano, caña de azúcar, café y arroz.
“Esta ley no está protegiendo las invasiones de las zonas urbanas ni los terrenos ociosos; solo protege zonas agroindustriales y productivas. Es un buen inicio y lograremos erradicar las invasiones en las zonas urbanas, porque el 70% de las invasiones son en zonas productivas y rurales, mientras que el 30% ocurre en zonas urbanas y terrenos ociosos”, afirmó Medina.
Según explicó, uno de los principales beneficios de la ley es que agiliza los procesos de restitución de la propiedad cuando exista documentación legal que acredite la posesión legítima del inmueble.
“Solo deberán acreditar la escritura pública y demostrar que son los últimos propietarios que estuvieron en posesión antes de la invasión. En 48 horas se podría estar liberando la propiedad, a diferencia de lo que ocurre actualmente, cuando una orden de desalojo puede tardar años”, señaló.
En lo que va de 2026 ya se registran 96 invasiones
Medina agregó que existen casos de propiedades productivas en Colón que llevan hasta una década ocupadas sin que se haya ejecutado una orden de desalojo.
Las escrituras de estas propiedades deberán estar debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad (IP). Según Medina, en lo que va de 2026 se contabilizan 96 invasiones, mientras que en los últimos 12 días se registraron siete casos en Tela, tres en Trujillo y uno en Santa Cruz de Yojoa.
La ley fue aprobada la semana pasada y entrará en vigor una vez sea publicada en La Gaceta, proceso que sus promotores prevén se concrete antes de finalizar el mes.
“En el gobierno de Xiomara Castro tuvimos un aumento de un 200%, porque desde el gobierno se promovían las invasiones. Solo en 2025 hubo más de 400 invasiones a nivel nacional”, afirmó Medina.
Seguridad jurídica e inversión
Los promotores de la normativa sostienen que la inseguridad jurídica afecta la atracción de inversiones. Según datos citados en el proyecto, la Inversión Extranjera Directa (IED) se redujo en 195.3 millones de dólares entre 2024 y 2025, por lo que consideran que la nueva legislación podría contribuir a generar condiciones más favorables para nuevos proyectos y empleos.
Por su parte, María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), manifestó a LA PRENSA que la seguridad alimentaria es una prioridad nacional y que la nueva ley contribuirá a proteger la producción destinada al abastecimiento de la canasta básica.
La dirigente destacó además que la normativa obliga a las autoridades a garantizar el transporte de mercancías, especialmente productos perecederos, mediante corredores seguros y el despeje inmediato de rutas estratégicas afectadas por bloqueos o manifestaciones.
“La palma, el arroz, el banano y el melón son algunos de los rubros afectados por invasiones en zonas productoras. Hay personas afectadas en su salud, no solo en lo económico. Es un daño terrible”, expresó Rivera.
