Honduras
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San Pedro Sula, Cortés
Los saqueos a viviendas y la invasión de propiedades privadas se han incrementado durante los últimos cuatro años en Honduras.
A la vista del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, grupos armados se han apoderado de bienes ajenos en distintos municipios del país, una situación que, según expertos, está afectando la Inversión Extranjera Directa (IED) y provocando la pérdida de miles de empleos.
El domingo 5 de octubre quedó expuesta la vulnerabilidad que existe en el país y el irrespeto a la propiedad privada, cuando un grupo de personas, entre hombres y mujeres, irrumpió de manera violenta en el complejo residencial Trujillo Beach Eco Resort, donde varios ciudadanos canadienses poseen viviendas.
Julio Chi Ham, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba y expresidente de la Cámara de Turismo de Trujillo, declaró a LA PRENSA que en el lugar se encontraban empleados, quienes fueron desalojados por la fuerza, y dos parejas de canadienses que permanecieron en sus casas por miedo a perderlo todo. En el complejo hay unas 100 viviendas adquiridas por un grupo de 400 turistas extranjeros.
Chi Ham relató que los intrusos ingresaron a las casas y las saquearon. “Sacaron electrodomésticos en carros”, afirmó. Los afectados denunciaron el hecho al 911, pero cuando llegaron agentes de la Policía Nacional y Militar observaron una bandera colocada en la entrada, lo interpretaron como una invasión y se retiraron del sitio. “Dijeron que la orden era no intervenir, que pusiéramos la denuncia. La representante legal del proyecto la presentó el lunes”, agregó.
Los invasores siguen en el complejo residencial de los canadienses
Lo más preocupante, dijo Chi Ham, es que estas personas continúan dentro del complejo sin que nadie responda por el delito. “Estamos trabajando arduamente en atraer inversión y turistas, pero ¿quién va a querer venir al país con esta situación? Se ha agravado y no tenemos apoyo del Gobierno”, lamentó.
Las invasiones de tierras son un problema histórico en Honduras, pero en los últimos cuatro años se han incrementado exponencialmente. Solo en lo que va del año se contabilizan más de 240 nuevas invasiones a nivel nacional, aunque el número total supera las 5,500.
El marco legal débil permite que los procesos de desalojo tarden más de dos años. En muchos casos, las propiedades son ocupadas nuevamente al día siguiente del desalojo, lo que obliga a los dueños a reiniciar el trámite judicial. En lo que va del año apenas se han ejecutado tres desalojos.
El Cohep señala que candidatos deben tener propuestas para la seguridad jurídica
Sobre este tema, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó que para fortalecer el desarrollo del país es necesario enviar mensajes positivos que atraigan la inversión extranjera y fortalezcan la nacional.
“Un tema clave es la seguridad jurídica; se debe trabajar para reducir las invasiones y mejorar la seguridad ciudadana, que también afecta a varias zonas del país”, indicó.
Gallardo sostuvo que tanto el Gobierno como los candidatos políticos deben incluir entre sus propuestas el fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Por su parte, Ramiro Medina, apoderado legal de varias empresas, explicó a LA PRENSA que en Tela, Atlántida, el fenómeno ha sido más severo, afectando hoteles, casas de campo, condominios y villas.
Hasta la fecha se reportan más de 1,200 nuevas invasiones, algunas vinculadas a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de 2015, que ordena la restitución y el respeto de los derechos territoriales del pueblo garífuna.
“Si usted es blanca y tiene su propiedad, se le meten; los han desplazado, así como a los canadienses. En este gobierno la situación se ha agudizado”, expresó.
Dan por finalizada la Comisión Agraria que tuvo cero resultados
Medina informó que, tras un año de reuniones de trabajo sin resultados, hace un mes se desintegró la comisión agraria. “Fue un fracaso, ya la cerraron. Esas mesas de trabajo no sirvieron; elaboramos protocolos para nada”, lamentó.
Hasta mediados de 2024, el Cohep estimaba que unas 66,000 manzanas de tierra agrícola estaban invadidas en 17 municipios de ocho departamentos, lo que implicaba la pérdida de 220,000 empleos y pérdidas económicas por 2,400 millones de lempiras. Expertos estiman que actualmente la cifra supera las 140,000 manzanas.
“Ha sido un desastre. Este gobierno ha sido cómico, no ha tenido voluntad política. No estamos enjuiciando personas ni liberando propiedades”, criticó Medina.
En Tela el problema de invasiones se agudiza
En una entrevista con LA PRENSA, Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela (CCIT), explicó que al sector palmero —afectado desde hace años por invasiones de campesinos— ahora se suman grupos garífunas que han comenzado a ocupar propiedades en zonas turísticas como la aldea Triunfo de la Cruz.
“Si usted es de tez blanca y vive ahí, automáticamente le invaden su propiedad. Son grupos de garífunas jóvenes armados que despojan de sus tierras a las personas blancas”, denunció.
Ávila señaló que esta problemática ha aumentado en el último año y está afectando negativamente al turismo. “Un inversionista de Estados Unidos quería construir un edificio de condominios en Triunfo de la Cruz, pero no lo detuvo la tramitología, sino la inseguridad jurídica. Nos está afectando el turismo, genera desempleo y daña la reputación del país”, afirmó.
Bernard Martínez, representante de la Plataforma Nacional Afrohondureña (PLANAPONH), explicó que la sentencia de la CorteIDH que ordena la restitución de los derechos territoriales del pueblo garífuna no justifica que se tomen las tierras por la fuerza.
“Es un asunto delicado. No es posible que una comunidad se arme de esta manera. Los gobiernos no han tratado el tema con la seriedad que merece, pero eso no justifica un hecho armado porque pone en riesgo la vida de ambos sectores. Hacemos un llamado al Gobierno para que asuma con responsabilidad este conflicto de tierras”, declaró Martínez.
Finalmente, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), condenó los hechos violentos en el complejo Trujillo Beach Eco Resort. “Un Estado que no garantiza la seguridad jurídica es un Estado fallido”, sostuvo.
