San Pedro Sula, Honduras
A tres años de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y a poco tiempo de concluir el gobierno de Xiomara Castro, no se reportan avances significativos en la resolución del conflicto agrario.
Por el contrario, el país enfrenta una escalada de invasiones que desalienta la inversión, provoca pérdida de empleos y genera millonarias pérdidas económicas.
Las invasiones de tierras son un problema histórico en Honduras, pero en los últimos tres años se han incrementado exponencialmente. Solo en lo que va de 2024 se contabilizan unas 160 nuevas invasiones en la zona norte y más de 200 a nivel nacional.
"Cinco o seis invasiones diarias"
Ramiro Ramírez, apoderado legal de varias empresas, declaró a LA PRENSA que la situación se ha agudizado a tal grado que “se reportan entre cinco a seis invasiones diarias. Y el problema es que no se están liberando propiedades, porque la norma jurídica es demasiado débil, es demasiado permisiva”.
Hasta la fecha, se han ejecutado apenas 19 desalojos, frente a más de cinco mil invasiones a nivel nacional, detalló.
En Tela, Atlántida, el fenómeno ha sido más severo. Desde octubre a la fecha, se han reportado más de 1,200 nuevas invasiones, vinculadas a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordena la restitución y respeto de los derechos territoriales del pueblo garífuna.
El marco legal débil permite que el proceso de desalojo tarde más de dos años. En muchos casos, las propiedades son invadidas nuevamente al día siguiente del desalojo, lo que obliga a los propietarios a comenzar de nuevo el trámite judicial.
Inversiones paralizadas
Una empresa del sector avícola, que genera alrededor de 30,000 empleos en el país, evalúa trasladarse a El Salvador. Su terreno de 68 manzanas en Villanueva, Cortés —valorado en más de 500 millones de lempiras— se encuentra invadido.
“El Salvador le da todas las condiciones, seguridad ciudadana y jurídica”, afirmó Ramírez. Tras más de tres años en litigio, los ocupantes han construido incluso negocios en el lugar, donde se tenía previsto edificar una nueva planta industrial que generaría miles de empleos.
Solo en Villanueva, se estiman unas 725 propiedades urbanas invadidas, valoradas en unos 70,000 millones de lempiras. “Nadie quiere invertir en Villanueva”, lamentó.
Ramírez, quien forma parte de los representantes de la comisión agraria, reconoció que “no ha habido ningún avance”.
Impacto económico
Hasta mediados de 2024, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estimaba que unas 66,000 manzanas de tierra agrícola estaban invadidas en 17 municipios de ocho departamentos, lo que implicaba la pérdida de 220,000 empleos y pérdidas económicas por 2,400 millones de lempiras.
No obstante, Ramírez asegura que estas cifras están desactualizadas y que actualmente superan las 141,000 manzanas invadidas, con un impacto económico aún mayor.
Tanto empresarios como analistas coinciden en que ningún inversionista está dispuesto a poner capital en un país donde las reglas del juego cambian constantemente, la seguridad jurídica es débil, los procesos legales son lentos y persisten denuncias de corrupción.
A nivel regional, Honduras es uno de los países con mayores problemas de inseguridad jurídica, solo por debajo de Nicaragua, lo que ha afectado el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED).
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En 2024, la IED registrada disminuyó un 8 % respecto a 2023, al pasar de 1,076.4 millones de dólares a 993.9 millones de dólares, según datos del Banco Central de Honduras. Esta caída se suma a una tendencia negativa observada entre 2017 y 2022, con una reducción acumulada del 22 %, aunque en 2023 hubo una recuperación del 17 %.
Olvin Mondragón, asesor legal del Cohep, advirtió que “las invasiones no solo ahuyentan la inversión extranjera, sino también la inversión nacional”, ya que la falta de seguridad sobre la propiedad de la tierra desalienta a empresarios e inversionistas que buscan entornos estables.
“Las invasiones generan incertidumbre y riesgos adicionales que pueden llevar a la cancelación de proyectos, la pérdida de empleos y una menor generación de ingresos para el país”, analizó.
Desacuerdos en reformas clave
En 2024, la comisión agraria conformó tres mesas de trabajo: una sobre desalojos, otra para reformas legislativas y otra enfocada en productividad agrícola. Mondragón reconoció que los mayores atrasos se presentan en la mesa de reformas, por falta de consensos entre la empresa privada y el Gobierno.
Rafael Alegría, viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), informó a LA PRENSA que la empresa privada envió sus últimas observaciones a las reformas, pero no se ha logrado un acuerdo.
“Eso no nos lleva a avanzar en los términos que habíamos pensado. Eso significa que podría haber un estancamiento en el proceso; no sabemos cuánto tiempo”, expresó.
El principal desacuerdo radica en el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola, referido a tierras privadas ociosas o sin función social. La propuesta del INA contempla que la indemnización se haga mediante bonos, opción rechazada por la empresa privada, que exige el pago en efectivo.
“Imposible para el Gobierno, tendría que tener miles de millones de lempiras para avanzar en esa área. Parece que prefieren tener tierra ociosa, sin hacerla producir”, dijo Alegría.
Diferencias sobre el plazo de uso
Otro punto de fricción es el plazo para declarar tierra como ociosa. El sector privado propone mantener el período de 18 a 24 meses, mientras que el Gobierno y organizaciones campesinas argumentan que es excesivo.
“Han pasado 35 años desde la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola y toda tierra ociosa, abandonada o sin dueño debe entregarse para fines productivos”, señaló Alegría.
