Tras los enfrentamientos entre policías y pobladores de la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, quienes se opusieron a un desalojo forzoso, se confirmó la captura de cuatro miembros de la comunidad.
Aunque inicialmente los habitantes denunciaron con angustia que desconocían el paradero de los detenidos, sus familiares confirmaron que se encuentran bien y permanecen recluidos en las bartolinas de la posta policial.
La comunidad exige su liberación inmediata, al argumentar que su único “delito” es la defensa legítima de sus territorios ancestrales.
Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), lanzó un llamado de auxilio ante la gravedad de la situación y la fuerte presencia policial y militar en la zona.
“Quiero hacerle un llamado a la policía, a los organismos de derechos humanos, que se liberen a los cuatro compañeros que fueron detenidos en San Juan, Tela. La policía tiene sitiada la comunidad, no pueden salir”, alertó Miranda.
La lideresa exigió que el Estado cumpla con la legalidad internacional. “Exigimos respeto a la sentencia de la Corte Interamericana sobre San Juan y que se retire la policía”, agregó.
Pobladores denuncian que no pueden salir de la comunidad debido al cerco policial. Este lunes, más de 200 agentes de la Policía Nacional desalojaron una comunidad garífuna de San Juan, en Tela.
Miranda denunció que los detenidos son cinco integrantes de la comunidad de San Juan, Durugubuty, y señaló que se pretende acusarlos por el delito de usurpación.
La lideresa identificó a los capturados como Deinor Osmany Mejía Arzú, Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta Acosta.
Exigió la liberación inmediata de los miembros de la comunidad y reiteró que San Juan cuenta con protección internacional sobre sus tierras ancestrales.
La organización sostiene que el Estado debe respetar la posesión ancestral de la comunidad garífuna y restituir sus territorios, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia emitida desde 2015.
Miranda también comparó lo ocurrido en San Juan con el caso de Triunfo de la Cruz, donde en 2020 fueron desaparecidos cuatro jóvenes garífunas, cuyo paradero sigue sin conocerse. “Se repite la historia de Triunfo de la Cruz”, advirtió, al denunciar que nuevamente integrantes del pueblo garífuna fueron llevados por la Policía en medio de un operativo.
La coordinadora de Ofraneh denunció además que la Policía habría lanzado gases y atacado a pobladores durante el desalojo. “Alto a la barbarie contra nuestro pueblo”, expresó Miranda, mientras la organización insistió en que la defensa del territorio ancestral no debe ser criminalizada.
Según se informó, el desalojo sucedió por orden el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, en cumplimiento de la ley que fue publicada en La Gaceta No. 37,178, el 26 de junio de 2026, bajo el Decreto Legislativo No. 107-2026.
Se trata de la “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras”.
