En el marco de su primer aniversario, la organización de la sociedad civil Defensores de Honduras por la Democracia emitió este lunes un comunicado. En dicho documento, la entidad expone una profunda preocupación ante dos problemáticas cruciales que amenazan la estabilidad del país: el inminente fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la crisis estructural de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Para la organización, ambos escenarios impactan directamente variables críticas como el empleo, la economía familiar, la seguridad ciudadana y la inversión.
El pronunciamiento enfatiza que la posible cancelación del amparo migratorio estadounidense no debe ser minimizada. De acuerdo con el texto, “el TPS no es solo un tema migratorio. El eventual retorno de miles de compatriotas puede reducir remesas, presionar el mercado laboral, aumentar la demanda de servicios públicos y generar nuevas tensiones sociales si el Estado no actúa con anticipación”.
Ante este panorama, Defensores de Honduras recalca que la situación requiere la atención conjunta de la administración pública: “Esta situación debe ser asumida por todos los poderes del Estado con la urgencia de una emergencia nacional”. Asimismo, añaden que el país tiene el deber de prepararse para reincorporar a los retornados, quienes poseen experiencia laboral y capacidad emprendedora, aunque advierten que esa ventaja se diluirá si no se garantizan trámites expeditos, seguridad jurídica y energía eléctrica competitiva.
La crisis energética también ocupa un lugar central en el pronunciamiento. El colectivo catalogó como “inadmisible que los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones asuman de manera desproporcionada pérdidas causadas por mora, mala administración, privilegios, contratos opacos y decisiones tardías”, haciendo referencia al reciente aumento cercano al 12% en el costo de la tarifa eléctrica.
Asimismo, el comunicado sostiene que “los deudores de la Enee deben pagar lo que adeudan, sin privilegios para grandes consumidores, instituciones, empresas o personas con influencia. Debe publicarse, conforme a la ley, la lista de quienes mantienen deudas relevantes”.
La organización puntualiza que “defender nuestra Enee no significa justificar sus errores, sino corregirlos con transparencia, eficiencia y responsabilidad nacional”.
Finalmente, el colectivo hizo un llamado directo al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a todas las fuerzas políticas para que dejen a un lado los intereses particulares y traten tanto el TPS como la crisis de la estatal eléctrica como “asuntos de Estado”. El fin principal es procurar que las gestiones sean transparentes y “no como armas partidarias”.
El documento concluye proponiendo la creación de una instancia conjunta, plural y técnica que sume a sectores productivos, academia, iglesias y sociedad civil, sentenciando que “Honduras no puede esperar a que estas crisis se vuelvan irreversibles”.
