Tegucigalpa, Honduras. La creciente presencia de establecimientos comerciales de capital chino en Tegucigalpa y Comayagüela ha abierto dos frentes de investigación que involucran a las autoridades municipales y al Instituto Nacional de Migración (INM).
Las inspecciones buscan determinar si los negocios cumplen con los requisitos legales para operar y si los ciudadanos extranjeros que trabajan en ellos mantienen una condición migratoria regular en Honduras.
Las acciones de fiscalización se desarrollan en medio de denuncias de comerciantes hondureños que aseguran enfrentar condiciones de competencia desiguales frente a establecimientos administrados por empresarios chinos.
A los reclamos comerciales se suman ahora los resultados de las inspecciones migratorias, que también alcanzaron a trabajadores extranjeros vinculados con la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur, en Choluteca.
El Instituto Nacional de Migración informó que sus equipos técnicos inspeccionaron 54 establecimientos comerciales de origen chino en Comayagüela, donde entrevistaron a 86 ciudadanos de esa nacionalidad.
Como resultado de la revisión documental, 25 extranjeros recibieron citaciones formales para profundizar en la verificación de su situación migratoria.
La intervención se extendió a las obras del nuevo Hospital Regional del Sur, donde las autoridades encontraron a 128 trabajadores chinos. De ese grupo, 16 presentaban irregularidades en su estatus migratorio, según el informe institucional.
En conjunto, las inspecciones abarcaron a 214 ciudadanos chinos entre establecimientos comerciales y el proyecto hospitalario. De ellos, 41 quedaron sujetos a actuaciones de verificación o revisión de su situación migratoria, aunque las autoridades no han establecido que todos se encuentren ilegalmente en el país.
El operativo fue desarrollado mediante una coordinación entre Migración Honduras, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), con el objetivo de comprobar la documentación de los extranjeros y determinar si su permanencia se ajusta a las disposiciones de la Ley de Migración y Extranjería.
Los ciudadanos requeridos serán sometidos a un cruce de información en las bases de datos del Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras. Este procedimiento permitirá establecer su condición legal y determinar si corresponde iniciar actuaciones administrativas conforme a la legislación vigente.
Hasta ahora, la institución no ha detallado la naturaleza de las irregularidades encontradas en los trabajadores de la obra hospitalaria ni ha informado sobre deportaciones, cancelaciones de permisos o sanciones derivadas de estas inspecciones.
Investigación municipal
De manera paralela, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) desarrolla una investigación sobre 70 negocios chinos que funcionan en la capital, luego de recibir denuncias de comerciantes hondureños por presuntas prácticas de competencia desleal.
Las inspecciones, coordinadas por el Juzgado de Policía Municipal, buscan establecer si los establecimientos cuentan con los permisos municipales, cumplen con sus obligaciones tributarias y disponen de la documentación necesaria para desarrollar sus actividades comerciales.
La investigación también contempla verificar el cumplimiento de la Ley de Municipalidades, el Plan de Arbitrios y las demás disposiciones aplicables a los negocios que operan dentro del municipio.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, afirmó que las actuaciones responden a las preocupaciones expresadas por comerciantes de Comayagüela, quienes consideran que algunos establecimientos podrían estar operando en condiciones que afectan a los negocios nacionales.
“En Comayagüela hay comerciantes hondureños que llevan décadas trabajando, generando empleo y sosteniendo a sus familias. No vamos a permitir que quienes cumplen con la ley se encuentren en desventaja frente a quienes eventualmente estén operando al margen de ella”, manifestó el jefe edilicio.
Zelaya aclaró que las inspecciones no pretenden sancionar a los comerciantes por su nacionalidad, sino garantizar que todos los establecimientos cumplan con las mismas obligaciones legales.
La municipalidad anunció que cualquier incumplimiento comprobado dará lugar a las sanciones correspondientes, respetando los procedimientos administrativos establecidos.
Denuncias por competencia desleal
La intervención municipal se produce después de que durante la Semana Morazánica aparecieran pancartas en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela con mensajes de rechazo a los comercios chinos.
Los rótulos, que expresaban “Tegucigalpa y Comayagüela dicen no a los comercios chinos”, evidenciaron el malestar de sectores comerciales locales que cuestionan las condiciones en las que operan algunos establecimientos de capital extranjero.
Entre los señalamientos figura la supuesta venta de mercancías a precios inferiores a sus costos, una práctica que los denunciantes relacionan con el dumping. Sin embargo, las autoridades deberán determinar si existen elementos que sustenten esas acusaciones y qué organismo tiene competencia para investigarlas.
La venta de productos a precios bajos no constituye, por sí sola, una infracción. Para establecer la existencia de prácticas comerciales ilegales es necesario contar con pruebas y aplicar los procedimientos previstos en la legislación correspondiente.
La Alcaldía señaló que las denuncias que excedan sus competencias serán remitidas a las instituciones nacionales encargadas de investigar posibles infracciones comerciales.
Dos investigaciones con alcances diferentes
Aunque ambas intervenciones se relacionan con establecimientos de capital chino, los procedimientos responden a competencias distintas.
Migración Honduras investiga la situación legal de ciudadanos extranjeros, mientras que la Alcaldía capitalina revisa el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulan el funcionamiento de los establecimientos comerciales.
Esta diferencia resulta importante porque un negocio puede contar con sus permisos municipales y, aun así, tener trabajadores extranjeros cuya condición migratoria deba ser verificada. Del mismo modo, la permanencia legal de un ciudadano extranjero no garantiza, por sí sola, que el establecimiento donde trabaja cumpla con todas sus obligaciones comerciales.
Los reportes institucionales tampoco permiten determinar si los 54 establecimientos inspeccionados por Migración forman parte de los 70 negocios investigados por la Alcaldía. Por ello, no es posible establecer cuántos comercios diferentes están sujetos a fiscalización.
Otro aspecto pendiente es la eventual responsabilidad de las empresas que emplean a ciudadanos extranjeros. Los resultados de las verificaciones migratorias permitirán determinar las actuaciones que correspondan en cada caso, pero hasta ahora las autoridades no han informado sobre procedimientos contra empleadores.
Las investigaciones también plantean interrogantes sobre la supervisión de la contratación de trabajadores extranjeros en proyectos de infraestructura, particularmente después de los hallazgos reportados en la construcción del Hospital Regional del Sur.
Por ahora, los procedimientos continúan en la fase de verificación documental y revisión administrativa. Los resultados deberán establecer si las irregularidades señaladas ameritan sanciones y si existen incumplimientos atribuibles a los establecimientos o a las empresas involucradas.
El desafío para las autoridades será determinar responsabilidades individuales, garantizar condiciones legales de competencia y evitar que las investigaciones se conviertan en señalamientos generalizados contra comerciantes o trabajadores por su nacionalidad.
