El Congreso Nacional creará una comisión especial multipartidaria para investigar el paradero y la situación migratoria de unos 15,000 ciudadanos chinos que ingresaron a Honduras entre enero de 2022 y diciembre de 2025, ante denuncias de irregularidades en los registros migratorios.
La iniciativa, impulsada mediante moción por la presidencia del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, surge ante la falta de registros oficiales sobre la permanencia o salida de dichos extranjeros, situación que ha encendido las alarmas institucionales en el Congreso por las implicaciones en materia de soberanía y control poblacional.
El equipo investigativo estará integrado por representantes de las cinco fuerzas políticas con representación en la cámara legislativa, teniéndose prevista la citación inmediata de las máximas autoridades de las dependencias estatales vinculadas a la seguridad fronteriza y la política exterior.
"El presidente Tomás Zambrano va a presentar una moción para crear una comisión especial que vaya y que reúna a las autoridades de Migración, Cancillería, Ministerio Público y Fuerzas Armadas, para que dé con el paradero de estas 15,000 personas que entraron en ese periodo de tiempo, pero que actualmente desconocemos su paradero", dijo Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
La labor de la comisión se focalizará en auditar las bitácoras del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar si las personas registradas continúan dentro del territorio nacional bajo condición de irregularidad o si utilizaron el país como zona de tránsito hacia otros destinos.
A nivel parlamentario, se catalogó el asunto como un tema prioritario que vulnera las salvaguardas del Estado, requerimiento por el cual se exigirá la rendición de cuentas a los entes garantes de la vigilancia fronteriza.
"Es un tema de seguridad nacional que nosotros tenemos que dar las investigaciones a las autoridades migratorias de manera particular, porque son ellos los principales garantes de ellos y el cual se manifieste qué pasó con estas personas que ellos mismos han denunciado que no saben dónde está su paradero", explicó Ledezma.
El órgano legislativo tendrá un plazo máximo de 30 días para recabar la documentación oficial, tomar declaraciones a los funcionarios responsables y emitir un informe técnico detallado ante el pleno de diputados para definir las acciones legales a tomar.
Ante las interrogantes sobre el ingreso masivo de personal técnico vinculado a proyectos de infraestructura estatal comercializados bajo la relación bilateral con la República Popular China, la secretaría parlamentaria enfatizó que el proceso indagatorio abarcará la verificación de permisos laborales y visados concedidos.
De acuerdo con lo expresado por la directiva del Congreso Nacional, en caso de constatar que ciudadanos extranjeros permanecen en el país sin la documentación legal correspondiente, se solicitará la aplicación estricta de las leyes de extranjería.
"Si no tienen su estatus migratorio legal, pues van a tener que ser sacados de nuestro país", aseveró Ledezma.
La comisión investigadora iniciará sus reuniones de trabajo una vez aprobada la moción en el pleno, coordinando las primeras interpelaciones con los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Ministerio Público para cruzar la información de las bases de datos de entrada y salida del país.
