San Pedro Sula. La apelación presentada por la Fiscalía en el caso de la liberación de tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) señala que los policías arrancaron las conexiones eléctricas para impedir que las autoridades ingresaran a allanar la vivienda donde se incautó la droga.
Por este caso, el Ministerio Público (MP) acusó a los agentes de la Daet Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos. Sin embargo, el juez que conoció el expediente les otorgó el pasado 28 de octubre sobreseimiento definitivo tras declarar ilegal el allanamiento y, por consiguiente, nulas las pruebas presentadas por la Fiscalía.
En la impugnación, que será conocida por la Corte de Apelaciones de lo Penal, el Ministerio Público argumenta que el juez no debió declarar nulo el allanamiento practicado el 20 de octubre de 2026 en la casa de seguridad de la Daet, ubicada en la residencial Villas de El Merendón, donde vivían los tres policías.
En sus argumentos, la Fiscalía sostiene que en el expediente consta que las autoridades se presentaron en el lugar a las 5:30 pm, por lo que considera que la diligencia fue legal.
Según la apelación, los inconvenientes y los impasses fueron producto del boicot y el sabotaje que, de acuerdo con el Ministerio Público, la propia Policía cometió contra la diligencia.
"Hubo boicot y sabotaje y eso ocasionó la demora que fue producto de la misma falta de colaboración de la Policía, que en vez de colaborar, boicotearon. Los policías arrancaron las conexiones de la luz para que nadie entrara", establece la Fiscalía.
El Ministerio Público señala que tuvo que buscar un técnico para reconectar la energía eléctrica en la vivienda. Además, sostiene que, en un intento por dilatar la diligencia, agentes de la Daet llegaron al lugar con chalecos y pasamontañas y amenazaron a los agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) que ejecutaron el allanamiento.
En la apelación, la Fiscalía señala que el juez hizo una interpretación equivocada y cometió un error al determinar que el allanamiento no se realizó a las 5:30 pm.
Según el Ministerio Público, ese horario está documentado en el expediente y el juez ejecutor sostiene que fue a esa hora cuando la autoridad designada se constituyó legalmente en el lugar.
Para las autoridades del MP, el juez que conoció el caso debió, al menos, valorar las pruebas antes de declararlas nulas en el proceso por tráfico de drogas agravado que se seguía contra los tres agentes de la Daet.
El día del allanamiento, las propias autoridades de la Daet confirmaron que los estupefacientes encontrados en la vivienda procedían de un decomiso realizado a la banda Los Cabezones durante un operativo en San Pedro Sula.
Las averiguaciones del Ministerio Público indican que los agentes que habitaban el inmueble tenían la droga en su poder, presuntamente de forma dolosa.
La hipótesis que maneja el MP es que la droga incautada a los agentes antiextorsión en la casa de seguridad se utilizaba para varios propósitos, entre ellos, el tráfico de estupefacientes y la implantación de pruebas a detenidos para imputarles delitos que no cometieron.
