Revelan cómo operaban los policías de la Daet con droga incautada en San Pedro Sula
Los agentes antiextorsión son investigados por presuntamente utilizar droga incautada a bandas criminales para implantar pruebas a detenidos y acusarlos de delitos que, según denuncias ante el Ministerio Público, no habrían cometido
- Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 18:06 -
Una de las hipótesis que investiga el Ministerio Público (MP) es que los tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), señalados por tráfico de drogas agravado, presuntamente tenían estupefacientes en la vivienda donde residen, en la colonia Villas Mackay, para implantar pruebas a personas detenidas.
El caso salió a la luz luego de un allanamiento en el inmueble, donde las autoridades encontraron droga que, según la información proporcionada por la Daet, procedía de un decomiso realizado a integrantes de la banda delictiva Los Cabezones durante un operativo en San Pedro Sula.
De acuerdo con las averiguaciones del Ministerio Público, los agentes presuntamente mantenían en su poder los estupefacientes de manera dolosa. Las autoridades investigan si la droga iba a ser utilizada para atribuir delitos a personas detenidas por los policías.
Por este caso, la Fiscalía presentó un requerimiento fiscal ante los tribunales de San Pedro Sula contra tres agentes de la Daet por el delito de tráfico de drogas agravado. Dos de los señalados fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos.
Rodríguez Fuentes y Licona Santos se presentaron voluntariamente ayer ante los juzgados para someterse al proceso penal. La información proporcionada no detalla la identidad del tercer agente ni precisa el resultado de las actuaciones judiciales posteriores a su presentación.
Una de las circunstancias que sustenta la hipótesis de la Fiscalía es la existencia de denuncias de personas detenidas que aseguran que agentes antiextorsión les habrían colocado evidencias para imputarles delitos que afirman no haber cometido.
Los análisis del Ministerio Público señalan que la presunta implantación de pruebas es una práctica ilegal denunciada en órganos policiales, especialmente en unidades dedicadas al combate de la extorsión. Las autoridades investigan si este comportamiento estaría relacionado con la droga encontrada en Villas Mackay.
Según los antecedentes expuestos, las denuncias sobre esta modalidad se remontan al período en que funcionaba la desaparecida Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp), comandada por militares. Posteriormente, las funciones de combate a la extorsión pasaron a la jurisdicción del Ministerio de Seguridad.
En esa transición se creó la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). De acuerdo con la información del caso, durante esa etapa se hicieron más públicas las denuncias de presunta implantación de pruebas para justificar detenciones ilegales.
Entre los expedientes que conoce la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del MP figura el de los jóvenes Blanca Paola Urbina Urbina Paz y Yordis Roany Flores Murcia, quienes fueron detenidos en la colonia Reparto Lempira, de San Pedro Sula.
Según la versión de la Daet, ambos fueron capturados en posesión de 14 bolsas de marihuana. Sin embargo, los jóvenes denunciaron que los agentes les habían implantado las pruebas y que, además, fueron víctimas de torturas durante el procedimiento policial.
La Fiscalía acusó a los dos jóvenes por tráfico de drogas en la modalidad de posesión. El caso llegó a una audiencia inicial celebrada el 10 de agosto de 2026, cuando un juez de San Pedro Sula les dictó sobreseimiento provisional y dejó sin efecto la medida cautelar de detención judicial.
La resolución consta en el expediente judicial 1181-2026. Organizaciones defensoras de derechos humanos que conocieron las denuncias de los jóvenes acudieron a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para solicitar que se investigaran los señalamientos contra los agentes.
Otro caso citado entre los antecedentes es el del comerciante filipino Francis Avilla, quien denunció haber sido detenido ilegalmente y haber sufrido el saqueo de su vivienda durante un operativo policial.
Avilla fue capturado el 13 de noviembre de 2023 en la zona de Villanueva, Cortés. Sin embargo, el informe de la entonces Dipampco indicaba que la detención ocurrió en la aldea El Milagro, cerca de un basurero, donde los agentes afirmaron haberlo encontrado.
En ese reporte, los policías señalaron al comerciante como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS) y aseguraron que le decomisaron un fusil AR-15 con su cargador y 30 proyectiles, además de una pistola con municiones. También reportaron droga presuntamente lista para la venta y distribución, una computadora, un procesador para drogas, una balanza y una mochila.
Las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) establecieron, mediante videos, que Avilla había sido detenido en su vivienda y no cerca del basurero, como sostenía el informe policial. Según las pesquisas, también le habrían implantado pruebas para acusarlo por tráfico de drogas y portación ilegal de armas de uso comercial y prohibido.
El comerciante fue absuelto de los delitos que le imputaron. A raíz de la investigación de la Atic, los once agentes de la Dipampco que participaron en el operativo fueron acusados ante los tribunales por su presunta participación en los hechos.
El 1 de junio de 2026, el tribunal de sentencia que conoció el caso declaró culpables a los policías por robo con violencia o intimidación agravado y continuado. También los halló culpables de allanamiento cometido por funcionario público, privación ilegal de la libertad por funcionario o empleado público, tratos crueles, inhumanos o degradantes y falsificación de documentos públicos.
La lectura de la sentencia contra los agentes permanece pendiente. Para el Ministerio Público, los antecedentes de este expediente y las denuncias de otros detenidos evidencian la necesidad de investigar las actuaciones de las unidades antiextorsión.
Los análisis de la Fiscalía apuntan a que el presunto patrón de implantación de pruebas se habría mantenido debido a que las transiciones de la Fnamp a la Dipampco y, posteriormente, a la Daet se realizaron sin una depuración efectiva. La investigación sobre la droga encontrada en Villas Mackay deberá establecer si los tres agentes señalados pretendían utilizarla para incriminar a personas detenidas.
