San Pedro Sula, Honduras. Dos agentes policiales fueron detenidos este martes para efectos de investigación tras el hallazgo de supuesta cocaína, marihuana y crack en una vivienda de la residencial Villas Mackay, en San Pedro Sula, inmueble administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y asignado a una unidad policial, según información oficial.
El caso fue confirmado por la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado de prensa. La institución informó que el allanamiento se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público y que, como resultado, se decomisó supuesta droga y se detuvo a dos funcionarios de la carrera policial para efectos de investigación.
En el documento, la Secretaría de Seguridad indicó que la sustancia incautada estaría relacionada con una investigación reciente sobre una estructura criminal presuntamente dedicada al microtráfico en el Valle de Sula. También señaló que las autoridades buscan esclarecer por qué el supuesto material decomisado no habría sido remitido conforme al procedimiento legal establecido.
Por su parte, Jorge Daniel Molina, director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), explicó que las diligencias comenzaron el día anterior al operativo y que, durante la inspección, los investigadores encontraron varias porciones de supuesta droga en diferentes espacios de la propiedad.
Según Molina, en uno de los dormitorios localizaron alrededor de 40 puntas de supuesta cocaína. En otro espacio encontraron una cantidad similar de esa sustancia, además de unas 60 puntas de presunta marihuana. El funcionario también mencionó el hallazgo de una pequeña cantidad adicional de supuesta cocaína.
Aunque inicialmente el comisionado Molina aseguró: "Se han encontrado una cantidades considerables, pequeñas, o sea, prácticamente como que fuese para consumo".
El comisionado aclaró que todavía era necesario completar las inspecciones y contabilizar los indicios encontrados. Por ello, sostuvo que no se podía dar por concluida la investigación ni establecer responsabilidades antes de contar con los resultados de las diligencias.
Durante sus declaraciones, Molina manifestó que las autoridades deben actuar ante cualquier indicio de irregularidad dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
“El comportamiento de la gente es impredecible”, expresó al referirse a los controles internos y a los procesos de selección y certificación del personal policial.
El director de la DAET agregó que se han realizado procesos de certificación y movimientos de personal para fortalecer la institución. Según explicó, cerca de 300 efectivos fueron separados de la estructura anterior durante ese proceso, mientras otros agentes fueron reubicados o lograron superar los filtros establecidos.
La Secretaría de Seguridad promete esclarecer el caso
En su comunicado, la Secretaría de Seguridad aseguró que las investigaciones continuarán bajo el debido proceso y con respeto a la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados.
La institución también advirtió que actuará ante cualquier conducta irregular que se compruebe dentro de la Policía Nacional, sin importar la jerarquía o el cargo de las personas implicadas.
El caso también ha generado interrogantes sobre la procedencia de la droga encontrada en el inmueble y su posible relación con otro decomiso de 15 paquetes de supuesta marihuana realizado el pasado 2 de octubre en la colonia Altavista de San Pedro Sula.
En ese procedimiento, según la información preliminar disponible, la sustancia fue localizada en un vehículo Toyota Corolla, tipo turismo, color gris metálico y sin placas. También se ha señalado que el automóvil estaría registrado a nombre del director de la Daet en San Pedro Sula y que se encontraba estacionado frente a su vivienda. Estos extremos requieren confirmación oficial y no establecen, por sí solos, responsabilidad penal alguna.
Hasta el momento, no se ha precisado públicamente la cantidad total de droga decomisada ni se han esclarecido todas las circunstancias en que las sustancias llegaron a la propiedad administrada por la Oabi. Las autoridades deberán determinar si existe una conexión entre ambos casos y establecer la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados.
La investigación permanece abierta y se espera que el Ministerio Público y las autoridades policiales amplíen la información conforme avancen las diligencias.
