Tegucigalpa, Honduras. Entre 600 millones y 800 millones de lempiras adicionales podría recibir la Secretaría de Seguridad en 2027, como parte de los ajustes presupuestarios que se analizan para fortalecer la respuesta policial frente a la criminalidad.
La propuesta también contempla aumentar los recursos destinados a la Secretaría de Defensa y buscar financiamiento complementario mediante fondos incautados que permanecen bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, explicó que la Comisión de Presupuesto trabaja en posibles incrementos para ambas secretarías, con el objetivo de mejorar sus capacidades operativas y dotarlas de más tecnología, equipo y logística.
“Estamos hablando de operatividad, de tecnología, de inteligencia y de una serie de aspectos que necesitan todas estas instituciones que nos brindan seguridad”, explicó Paz.
Paz señaló que los 600 millones a 800 millones de lempiras constituyen una estimación de lo que podría solicitarse para la Secretaría de Seguridad, mientras continúan las discusiones sobre las asignaciones del Presupuesto General de la República para 2027 y se definen los montos finales para las secretarías de Seguridad y Defensa.
El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 asciende a 455,374.8 millones de lempiras, unos 11,000 millones más que el aprobado para 2026.
La propuesta del Ejecutivo incluye la seguridad entre las prioridades de gasto, pero las asignaciones definitivas se conocerán durante el proceso de discusión y aprobación del presupuesto.
Para 2026, el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad fue de 13,337 millones de lempiras, según datos oficiales del Presupuesto General de la República aprobado.
Además del posible aumento presupuestario, en el Congreso Nacional se analiza una iniciativa para utilizar recursos congelados o incautados que están bajo la administración de la Oabi.
La intención es que esos fondos contribuyan al fortalecimiento de las secretarías de Seguridad y Defensa y de los organismos de inteligencia, sin formar parte de las asignaciones ordinarias del presupuesto.
Según Paz, la propuesta contempla que la Secretaría de Finanzas sirva de respaldo para restituir el dinero en caso de que posteriormente una persona afectada gane una demanda.
Los recursos adicionales estarían destinados a mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y los organismos de inteligencia, entre otras instituciones.
Paz sostuvo que el objetivo es dotar a estas instituciones de herramientas para enfrentar las estructuras criminales y lograr resultados efectivos en materia de seguridad, tras la aprobación de leyes que intensifican la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
