Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que se analiza impulsar un proceso de depuración dentro de las instituciones que forman parte del sistema de justicia.
Las declaraciones del titular del Legislativo se producirán luego de que el Congreso Nacional apruebe nuevas modificaciones a la normativa penitenciaria, dirigidas a reforzar el control sobre personas consideradas integrantes de organizaciones terroristas y reducir la capacidad de operación de estructuras criminales principalmente desde las cárceles.
Zambrano sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad debe abarcar a todas las instituciones que intervienen en la persecución y sanción del delito. “Tenemos también que trabajar en la depuración de los operadores de justicia”, manifestó, al señalar que quienes ejercen estas funciones reciben respaldo y herramientas del Estado, pero también deben ser objeto de controles para determinar si alguno mantiene vínculos con actividades fuera de la ley.
Entre las reformas aprobadas se contempla la utilización de mecanismos para impedir o interferir las comunicaciones de personas imputadas por su presunta pertenencia a grupos terroristas. También se establecen controles adicionales para las visitas de familiares y abogados, con el propósito de impedir que los centros penitenciarios sean utilizados para mantener comunicación con estructuras criminales que operan en el exterior.
El presidente del Congreso adelantó, además, que próximamente se discutirán modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal . Según explicó, el proyecto ya fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para conocer su opinión.
Las disposiciones también contemplan que personas señaladas de pertenecer a organizaciones terroristas sean trasladadas a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad bajo determinadas condiciones, como parte de las acciones anunciadas para reforzar el aislamiento de estructuras criminales.
Ante las críticas que puedan surgir por el alcance de las medidas y su relación con las garantías individuales, Zambrano defendió la decisión del Legislativo y señaló que quienes consideran que las reformas vulneran derechos pueden recurrir ante la Corte Suprema de Justicia mediante los mecanismos legales correspondientes.
En paralelo, las autoridades penitenciarias trabajan en una reorganización de la población carcelaria. El traslado de privados de libertad considerado de menor peligrosidad permitiría habilitar alrededor de 950 espacios en áreas destinadas a internos catalogados como de mayor riesgo.
Zambrano también confirmó que continúa el proceso para ampliar la infraestructura penitenciaria. La definición de los lugares donde se construirán nuevos centros carcelarios estará a cargo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ( CNDS ).
