San Pedro Sula, Honduras. Una de las hipótesis que manejan las autoridades del Ministerio Público (MP) es que la droga encontrada en la casa de seguridad de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en la colonia Villas Mackay, supuestamente era para implantar pruebas a detenidos.
Según lo informado por las autoridades de la Daet, los estupefacientes encontrados en la vivienda son producto del decomiso de droga incautada a la banda Los Cabezones durante un operativo en San Pedro Sula. Presuntamente, los agentes que viven en el inmueble la tenían en su posesión de forma dolosa.
Por este hecho, el MP interpuso este miércoles un requerimiento fiscal ante los tribunales de San Pedro Sula contra tres agentes de la Daet por el delito de tráfico de drogas agravado. Los acusados, dos de los cuales fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos, se presentaron voluntariamente ayer a los juzgados para que se les siga el proceso penal.
Una de las circunstancias que da pie a la hipótesis de que los agentes tenían la droga con el fin de implantar pruebas es el registro de denuncias ante el MP de detenidos que aseguran que agentes de la Daet les han colocado evidencias para imputarles delitos que no han cometido.
Los análisis de las autoridades del Ministerio Público establecen que esa práctica ilegal se presenta en órganos policiales, especialmente en las unidades antiextorsión.
De acuerdo con lo indicado, la implantación de pruebas sería un patrón criminal que se viene registrando en las agencias antiextorsión desde que estaba en funcionamiento la desaparecida Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp), que era comandada por militares.
Posteriormente, cuando el combate a la extorsión pasó a la jurisdicción del Ministerio de Seguridad, se creó la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Fue entonces cuando, según el texto, se hizo más pública la práctica de implantar pruebas para justificar detenciones ilegales.
Se informó que, entre los casos que conoce la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, está el de los jóvenes Blanca Paola Urbina Urbina Paz y Yordis Roany Flores Murcia, a quienes, según la Daet, se les capturó con 14 bolsas de marihuana en la colonia Reparto Lempira, de San Pedro Sula.
Implantaron las pruebas
Los detenidos, quienes denunciaron que les implantaron las pruebas, fueron acusados por la Fiscalía por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión.
En la audiencia inicial celebrada el 10 de agosto de 2026, el juez de San Pedro Sula conoció el caso y dejó en libertad a los imputados mediante un sobreseimiento provisional, con lo que quedó sin efecto la medida cautelar de detención judicial, según consta en el expediente judicial 1181-2026.
No hubo una verdadera depuración en unidades antiextorsión
Los jóvenes denunciaron ante organizaciones defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de torturas y de implantación de pruebas por parte de agentes de la Daet para que fueran acusados ante los tribunales.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que conocen el caso interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos para que se realizaran las averiguaciones correspondientes.
Uno de los casos que, según la investigación, evidenció el presunto patrón de implantación de pruebas por parte de agentes antiextorsión fue el del comerciante filipino Francis Avilla, cuya casa fue saqueada por policías.
Avilla fue capturado ilegalmente por agentes de la desaparecida Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia Real del Puente, de Villanueva, Cortés, el 13 de noviembre de 2023.
En el informe de la Dipampco se estableció que el filipino, a quien los agentes señalaron como miembro de la MS, fue capturado en la aldea El Milagro, de Villanueva, Cortés, cerca de un basurero. Según el informe, estaba en posesión de un fusil AR-15 con su cargador, 30 proyectiles y una pistola con proyectiles.
Según los agentes, también le decomisaron droga lista para su venta y distribución, una computadora, un procesador para drogas, una balanza y una mochila.
En las indagaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), se demostró mediante videos que el extranjero fue detenido en su casa y no en el basurero. Además, según la investigación, le implantaron pruebas para acusarlo por tráfico de drogas y portación ilegal de armas de uso comercial y prohibido.
Avilla fue absuelto en los juzgados de los delitos que le imputaron. La investigación de la Atic llevó a que los once agentes de la Dipampco que participaron en el operativo fueran acusados ante los tribunales.
El tribunal de sentencia que conoció el caso de los policías los declaró culpables el 1 de junio de 2026 por los delitos de robo con violencia o intimidación agravado y continuado, uno de los cargos más graves acreditados durante el juicio.
Asimismo, fueron hallados culpables por los delitos de allanamiento cometido por funcionario público, privación ilegal de la libertad por funcionario o empleado público, tratos crueles, inhumanos o degradantes y falsificación de documentos públicos. La lectura de la sentencia contra los policías está pendiente.
Los análisis del MP indican que el presunto patrón de implantación de pruebas se ha mantenido en las unidades antiextorsión porque las transiciones de la Fnamp a la Dipampco y de esta a la Daet se han producido sin una verdadera depuración.
Decomiso de drogas, municiones e indumentaria
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), a través del 9.º Batallón y en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), decomisó supuestas drogas, municiones, proveedores e indumentaria militar y policial durante un allanamiento en una vivienda de la residencial Villa Mackay, en San Pedro Sula, Cortés. La DLCN investiga la presunta vinculación de dos agentes de la Daet con estos hechos.
Todo lo decomisado:
167 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína.
162 envoltorios con polvo blanco, supuesta droga crack.
132 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana.
Una bolsa grande con aproximadamente cinco libras de supuesta marihuana.
Un paquete compacto con aproximadamente cuatro libras de supuesta marihuana.
Un teléfono celular.
181 municiones sin percutir.
Cinco fatigas militares.
Cuatro pares de botas militares.
Tres pantalones militares.
Tres gorras militares.
Indumentaria policial con distintivos de la DIPAMCO, FNAMP y FNA.
Cuatro proveedores para fusil.
Dos proveedores para pistola.
Un tubo cilíndrico, presuntamente utilizado como silenciador.
Documentación variada.
Embalajes abiertos.
