Policías de la Daet acusados por tráfico de drogas se entregan a la justicia en SPS
Los Policías son señalados por el Ministerio Público por presunto tráfico de drogas agravado, tras un allanamiento en una vivienda del bulevar Mackey.
- Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 18:19 -
Tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) llegaron este miércoles a los juzgados de San Pedro Sula, luego de decidir presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales. Los funcionarios acudieron acompañados por otros siete agentes policiales.
La presentación ocurre después de que el Ministerio Público formalizara un requerimiento fiscal contra los tres uniformados, a quienes supone responsables del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio de la salud pública.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado también solicitó al órgano jurisdiccional competente que emitiera las respectivas órdenes de captura contra los imputados.
El caso se deriva de un allanamiento ejecutado el lunes 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula, que, según las investigaciones fiscales, habría sido utilizada para almacenar sustancias ilícitas.
Durante la inspección, las autoridades reportaron el decomiso de 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y varias cantidades de una sustancia que se presume es crack.
Además, los equipos investigadores encontraron municiones de diferentes características, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales pertenecientes a estructuras policiales anteriores.
A uno de los tres agentes también se le atribuye la presunta comisión del delito de tenencia de munición prohibida, según la información divulgada por el Ministerio Público.
La llegada voluntaria de los funcionarios a los juzgados se produce en medio de las diligencias judiciales relacionadas con el caso. La presencia de los otros siete agentes que los acompañaron también marcó su llegada a la sede judicial.
Las investigaciones buscan esclarecer la procedencia de las sustancias y los demás objetos decomisados, así como establecer la posible responsabilidad individual de los funcionarios señalados.
El proceso queda en manos de las autoridades judiciales, que deberán resolver conforme a ley la situación de los imputados, quienes mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.