San Pedro Sula. Un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción otorgó ayer en la noche sobreseimiento definitivo a favor de tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), quienes eran acusados de tráfico ilícito de drogas.
Los agentes Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos eran señalados por estar vinculados al almacenamiento de estupefacientes tras un allanamiento ejecutado en San Pedro Sula. A uno de los uniformados también se le imputaba la tenencia de municiones de uso prohibido.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN)— solicitó que se dictara un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.
Sin embargo, tras analizar el expediente, el juez que conoce la causa concluyó que los elementos probatorios aportados por la fiscalía no fueron suficientes ni contundentes para sostener la acusación por tráfico ilícito de drogas ni para establecer la responsabilidad penal de los tres policías en los hechos imputados.
Fecha del allanamiento
El caso se remonta al pasado 19 de octubre de 2026, cuando las autoridades ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, inmueble que presuntamente era utilizado como centro de acopio de sustancias ilícitas.
Durante la inspección en la residencia, los equipos de investigación reportaron el decomiso de 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y cantidades no especificadas de supuesta piedra de crack. Además, cargadores para armas de fuego y municiones de diversos calibres.
Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, detalló ayer que la fiscalía aportó un total de 24 medios de prueba, entre los que figuraban análisis periciales de los estupefacientes, actas de decomiso, peritajes forenses, videos de cámaras de seguridad y la declaración de tres testigos protegidos.
Asimismo, la tesis fiscal sostenía que los agentes habrían ingresado de forma irregular a una propiedad contigua al lugar del operativo para sustraer el cargador de un sistema de videovigilancia (DVR) con el fin de obstaculizar las investigaciones.
Pese a los sealamientos y al despliegue investigativo, los tres funcionarios policiales se presentaron de manera voluntaria ante la justicia para someterse al proceso legal, el cual concluyó con la resolución que los desvincula de forma definitiva de la causa penal.
