Tegucigalpa, Honduras.
En los juzgados especializados en Criminalidad Organizada, un juez decretó hoy, en audiencia inicial, auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva contra Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández; y otros ocho acusados por los delitos de apropiación indebida impropia, lavado de activos y estafa agravada en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).
La audiencia inicial comenzó el pasado miércoles a las 9:00 am, pero el proceso se suspendió temporalmente el jueves debido a que las defensas no habían tenido suficiente tiempo para revisar la extensa carga probatoria presentada por el Ministerio Público. La audiencia se reanudó esa misma tarde y continuó el viernes.
La audiencia preliminar quedó programada para el 7 de octubre a las 10:00 am, siempre que no exista un recurso de apelación dentro de los tres días siguientes. En esta etapa, el juez podía dictar medidas con el mínimo indicio racional de participación de los imputados.
Según el abogado defensor Carlo Padilla, la jueza determinó dictar auto de formal procesamiento contra todos los imputados en las diferentes causas, negando además el derecho a fianza.
La decisión, según informó el profesional del derecho, se fundamenta en que lo ofrecido no resulta suficiente considerando el daño determinado por el requerimiento fiscal. "El juez evaluó cada caso individualmente, algunos imputados ofrecieron hasta el doble del requerimiento, sin embargo, esto no fue considerado suficiente", expresó.
En el caso de Amílcar Hernández, debido a su condición de discapacidad, se ordenó su traslado inicial al Hospital Militar para recibir atención médica por parte de los doctores de planta. Posteriormente se espera sea trasladado al centro penal de Támara para continuar con el proceso judicial.
Amílcar Hernández, abogado y notario de profesión, es señalado como uno de los principales responsables de este esquema de corrupción. La Atic ejecutó allanamientos en su residencia en la aldea Las Casitas, Tegucigalpa, donde se incautaron documentos y bienes relacionados con el caso.
Los demás sospechosos son Magda Edy López Sierra; Dilia Lizeth López Sierra; Isis Karina Ramírez Villeda; Yolanda Corea Alvarado; Jorge Alberto Juárez Rodríguez; María Antonia Juárez Rodríguez; Sandra Nohemí Fuentes Jiménez y Alejandra María Suárez Fortín.
Según el Ministerio Púbico, hubo sustracción de fondos de la cooperativa a través de la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales, supuestamente a favor de la cooperativa, que fueron pactados por más de 47 millones de lempiras (47,601,743.80 lempiras).
Sin embargo, los servicios profesionales eran totalmente lo opuesto, al realizar supuestamente acciones fraudulentas que eran ejecutadas por los abogados, las directivas y empleados en contra de la Comixmul, identificándose por parte del Ministerio Público una aparente sustracción de más de más de 37 millones de lempiras (37, 209,243.80 lempiras) por parte de los bufetes privados.
Según se conoció, este esquema irregular ha causado un perjuicio de millones de lempiras a la Comixmul desde el año 2015 a la fecha.
Como parte de este caso se aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos, tras la acusación por parte de las fiscalías, por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada en concurso ideal con estafa impropia agravada continuada, en contra de una veintena de personas vinculadas al caso.
El Ministerio Público, en marzo de 2017, ejecutó capturas contra seis exdirectivos de la cooperativa que posteriormente fueron condenados por lavadlo de activos y delitos financieros. Además, hubo una primera etapa de aseguramientos sobre 51 bienes inmuebles, muebles y cuatro sociedades mercantiles, distribuidas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle.
