Tegucigalpa, Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación por las disposiciones incluidas en los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, aprobados como parte de la estrategia estatal para combatir el crimen organizado en Honduras.
En un pronunciamiento fechado el 12 de noviembre de 2026, el organismo reconoció que el Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia, la extorsión y las estructuras criminales; sin embargo, advirtió que las medidas restrictivas contempladas en las reformas penales podrían comprometer garantías fundamentales y principios esenciales del Estado de derecho.
La oficina recordó que las acciones para enfrentar la criminalidad deben ajustarse a las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos, por lo que la lucha contra el crimen organizado no debe desarrollarse al margen de las garantías que protegen a la ciudadanía.
La OACNUDH identificó riesgos relacionados con la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la inviolabilidad del domicilio.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ampliación del delito de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos.
La oficina también advirtió sobre su clasificación como delito permanente, la aplicación de la flagrancia continua y la utilización de tatuajes como elementos para acreditar esa conducta.
Según el organismo, estas disposiciones vulneran principios como la legalidad y la responsabilidad penal individual, además de poner en riesgo la presunción de inocencia y la libertad personal.
La oficina recordó que los estándares internacionales de derechos humanos prohíben fundamentar privaciones de libertad o responsabilidades penales exclusivamente, o de manera predominante, en características físicas, apariencia personal, formas de vestir, tatuajes u otros criterios de perfilamiento.
Otro de los aspectos señalados es la autorización de allanamientos sin posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior. A criterio de la OACNUDH, esta disposición debilita las garantías destinadas a prevenir actuaciones arbitrarias y puede afectar el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
También cuestionó la aplicación obligatoria de la prisión preventiva en régimen de máxima seguridad, sin posibilidad de una revisión judicial individualizada.
Según el organismo, esta medida contraviene el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, puede adelantar penas sin sentencia y reducir la independencia judicial.
La ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial constituye otra de las preocupaciones.
La oficina advirtió que esta disposición incrementa el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas, especialmente cuando la identificación de los detenidos se basa principalmente en indicios externos.
En materia penitenciaria, la OACNUDH alertó sobre los regímenes altamente restrictivos en centros de máxima seguridad.
De acuerdo con su monitoreo, se están implementando medidas de confinamiento, aislamiento prolongado, limitaciones al contacto con el exterior y restricciones en el acceso a atención médica adecuada.
El organismo considera que estas condiciones pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y resultar incompatibles con la finalidad de rehabilitación social de las penas.
Asimismo, expresó preocupación por la creación de un régimen especial de protección frente a allanamientos para personas que ocupan o hayan ocupado determinados cargos públicos, al considerar que podría afectar el principio de igualdad ante la ley y el deber estatal de investigar posibles conductas delictivas.
La oficina señaló que las reformas, consideradas en su conjunto, incorporan restricciones excepcionales a derechos fundamentales que se asemejan a facultades propias de un estado de excepción, aunque no exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
En ese sentido, recordó que las medidas de esta naturaleza deben ser excepcionales, temporales, proporcionales, no discriminatorias y estar sujetas a controles judiciales y legislativos.
También advirtió que su aplicación podría generar impactos particularmente graves en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Además, alertó sobre el riesgo de criminalizaciones indebidas, especialmente en contextos de protesta social, defensa de los derechos humanos y restricciones al espacio cívico.
OACNUDH recomienda revisar la legislación
Ante este panorama, la OACNUDH recomendó reformar la legislación aprobada para adecuarla a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Honduras.
Entre las medidas propuestas figura la implementación, a la mayor brevedad, de un Registro Central de Personas Detenidas, accesible y público, que permita prevenir detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
También pidió garantizar la conducción y supervisión efectiva de las investigaciones penales por parte del Ministerio Público, así como la adecuada recolección, preservación y valoración de las pruebas.
Otra recomendación consiste en asignar recursos suficientes a la Defensa Pública del Poder Judicial para garantizar, mediante una guardia permanente, el ejercicio del derecho a la defensa y del habeas corpus.
El organismo también solicitó fortalecer las capacidades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), para que puedan cumplir sus funciones de monitoreo y control de las actuaciones estatales.
Asimismo, recomendó establecer una clasificación individualizada de las personas privadas de libertad, basada en criterios técnicos que consideren su condición jurídica y nivel de peligrosidad, además de reforzar los mecanismos de supervisión y sanción para los integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa que incumplan sus funciones.
La OACNUDH concluyó que la seguridad y los derechos humanos son objetivos complementarios y que las respuestas frente al crimen organizado deben desarrollarse dentro del Estado de derecho.
Finalmente, manifestó su disposición de continuar brindando asistencia técnica a los poderes del Estado para fortalecer una política criminal eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales.
