La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió sobre la persistencia de graves violaciones a derechos humanos en San Pedro Sula durante el 2025, donde se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos.
Mismas que han sido atribuidas a cuerpos policiales y militares, en medio de disputas territoriales entre estructuras criminales, principalmente en los sectores de Chamelecón y la Rivera Hernández.
De acuerdo con el informe anual, presentado en la Universidad de San Pedro Sula (Usap), estas prácticas se habrían dado en operativos y allanamientos sin orden judicial, amparados en el estado de excepción, lo que ha generado preocupación por el uso discrecional de estas medidas en zonas vulnerables.
El año pasado, la Oficina documentó 24 casos de violaciones a derechos humanos en el país, incluyendo a San Pedro Sula y Choloma. Los casos comprenden ocho desapariciones forzadas, cinco episodios de tortura y malos tratos, tres ejecuciones extrajudiciales, dos muertes bajo custodia y seis detenciones arbitrarias.
El organismo también alertó sobre el impacto diferenciado en jóvenes de entre 15 y 30 años, quienes constituyen la mayoría de las víctimas, en comunidades marcadas por la pobreza y la exclusión, donde la población enfrenta tanto "la presión de estructuras criminales como el hostigamiento de fuerzas de seguridad".
En el departamento de Cortés, el informe pone especial énfasis en Choloma, donde conflictos por la tenencia de la tierra han generado inseguridad jurídica para comunidades campesinas, ante la inscripción de títulos a favor de particulares sobre territorios históricamente ocupados.
A esto se suman casos de desplazamiento forzado en al menos tres cooperativas, así como denuncias de reclutamiento forzado por parte de maras y pandillas, lo que agrava el panorama de vulnerabilidad en la zona norte del país.
El documento también expone problemáticas en otros territorios, como la amenaza de despojo de tierras garífunas en Triunfo de la Cruz y la explotación ilegal de recursos naturales en Gracias a Dios, evidenciando un patrón de conflictividad territorial y debilidad institucional.
En materia de libertad de expresión, la OACNUDH señaló que el ejercicio del periodismo continúa desarrollándose en un entorno hostil en varios departamentos, donde las amenazas, la polarización y la falta de protección estatal han llevado a la autocensura.
Durante la presentación, el alto comisionado en Honduras, Juan Carlos Monge, agradeció a la Usap por abrir sus puertas. “Presentar el informe por primera vez en una universidad hondureña reafirma el papel de la academia como espacio para el análisis, el diálogo y la construcción de soluciones en derechos humanos”, expresó.
El evento también incluyó un panel con defensores de derechos humanos y activistas por los derechos de las mujeres, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y reducir la brecha entre las denuncias y la respuesta estatal.
En ese espacio se abordaron temas como los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras y quienes luchan por proteger los recursos naturales, especialmente en contextos de conflictividad social y territorial, donde persisten amenazas y restricciones para el ejercicio de su labor.
El informe también plantea una serie de recomendaciones al Estado hondureño, entre ellas la derogación del estado de excepción, la adopción de una estrategia de seguridad con enfoque en derechos humanos y la tipificación de la desaparición forzada como delito autónomo en el Código Penal.
Asimismo, insta al gobierno a fortalecer el sistema de protección para periodistas y defensores, crear mecanismos de investigación independientes y asignar recursos para garantizar los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
La OACNUDH concluyó que el país enfrenta retos estructurales en materia de derechos humanos, pero insistió en que el diálogo entre sectores, como el promovido en San Pedro Sula, puede abrir rutas para avanzar hacia un modelo de seguridad y desarrollo que respete las garantías fundamentales.
