La intención de modificar la categoría de manejo de El Merendón tiene su origen en la administración anterior, cuando se creó el acuerdo institucional 092-2025, base para impulsar un decreto de ley que busca recategorizar la montaña de Zona de Reserva a Parque Nacional.
Los avisos publicados sobre la redefinición y recategorización del área protegida El Merendón, ubicada entre San Pedro Sula y Choloma, encendieron las alarmas en distintos sectores de la ciudad. En las publicaciones se hizo pública la intención del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y se otorgó un plazo de 60 días hábiles para que las personas que se consideren afectadas presenten oposición.
Ambientalistas y representantes de la sociedad civil alertaron que la iniciativa representa un riesgo para el municipio, debido a que el decreto 46-90 es una ley especial vigente desde 1990, creada para proteger las áreas productoras de agua y las zonas de reserva bajo responsabilidad de la Municipalidad de San Pedro Sula.
LA PRENSA conversó con Armando Ramírez, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), quien confirmó que hasta anoche no se había presentado ninguna oposición formal, aunque aseguró que eso es precisamente lo que esperan para detener el proceso.
El funcionario explicó que durante la administración anterior, en 2024, se publicó el decreto 058-2024, mediante el cual se solicitó la derogación del decreto 334-2013, normativa que permitió modificar los límites de la reserva.
Es un acuerdo heredado
Ramírez señaló que el decreto de 2013 instruyó al Instituto de Conservación Forestal a redefinir los límites de la zona de reserva tomando como referencia el decreto 46-90.
El ingeniero forestal explicó que en 2025, cuando aún no ocupaba el cargo, el ICF presentó un acuerdo proponiendo la recategorización de El Merendón como Parque Nacional con dos zonas núcleo.
“Fue publicado en La Gaceta el año pasado y ahí se otorgaban 60 días para que personas y organizaciones presentaran oposiciones”, explicó Armando Ramírez, director ejecutivo del ICF.
Ramírez reveló que, al asumir el cargo, identificó que pese a las publicaciones y a los plazos establecidos no se había presentado ninguna oposición y que el término de los 60 días estaba por vencer.
Ante esa situación, indicó que revisaron el proceso de publicación y detectaron una falla en el cumplimiento de la normativa, ya que la ley exige que las publicaciones se realicen en La Gaceta, en un diario de circulación nacional, en una radio y en la página web institucional.
Según el director del ICF, lo que hicieron fue publicar nuevamente el acuerdo 092-2025 para que la población pudiera conocerlo y lo hicieron en un diario de circulación nacional.
“Es entonces cuando lo ven en LA PRENSA que comienzan a reaccionar en torno al tema pues anteriormente no hubo oposiciones”, manifestó Ramírez.
La municipalidad seguirá con el comanejo
El funcionario aclaró que en ningún momento se pretende retirar el comanejo de la montaña de El Merendón a la Municipalidad de San Pedro Sula.
“La ley establece que el ICF es la institución responsable de emitir la normativa para el manejo de las áreas protegidas y puede establecer alianzas estratégicas con ONG, municipalidades y comunidades”, añadió Armando Ramírez, director ejecutivo del ICF.
Ramírez detalló que la Municipalidad de San Pedro Sula continuará como comanejadora del área protegida porque con las publicaciones se busca frenar la reforma.
“Como sampedrano, lo que puedo esperar es que existan oposiciones al cambio de categoría de manejo y se lo hicimos saber a los diputados en la reunión sostenida”, expresó.
El funcionario sostuvo que era necesario concluir el proceso administrativo, ya que este comenzó durante la administración anterior.
“Debo aclarar que de oficio no puedo actuar para detener esta situación, porque ya existía un acto administrativo publicado y se habían realizado consultas con patronatos de zonas aledañas”, indicó.
“El ICF no puede tomar acciones por sí solo; debe existir una solicitud de la sociedad. En este caso, tendría que presentarse una oposición legal por parte de un patronato o de autoridades que motive una respuesta institucional”, agregó.
Ramírez confirmó que el cambio de Zona de Reserva a Parque Nacional podría generar mayor flexibilidad para desarrollos urbanísticos y otros proyectos, situación que, a su criterio, “no es conveniente”.
Se solicitó información a la municipalidad sobre la posición de la alcaldía pero, aún no han enviado la reacción.
