El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá la facultad de determinar qué organizaciones serán consideradas terroristas en Honduras, tras la aprobación de un paquete de reformas penales orientadas a endurecer el castigo contra la extorsión, ampliar el alcance del delito de terrorismo y fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado.
La reforma coloca en el centro de la nueva estrategia criminal del país a un órgano de alto poder político y de seguridad, que además tendrá incidencia en nuevas estructuras creadas bajo el decreto, entre ellas la Agencia Nacional contra el Crimen, concebida para centralizar información criminal, investigaciones estratégicas y acciones conjuntas entre cuerpos de seguridad e inteligencia.
El paquete aprobado representa uno de los cambios más fuertes en materia de política criminal de los últimos años. Su objetivo es reforzar la ofensiva estatal contra maras, pandillas, extorsionadores y redes vinculadas al crimen organizado, en un contexto marcado por la presión ciudadana por mayor seguridad y control territorial.
No obstante, el alcance de algunas reformas anticipa debate jurídico y político, especialmente por la ampliación del concepto de terrorismo, el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y el papel que asumirá el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la clasificación de organizaciones bajo esa categoría.
Penas más altas por extorsión
Uno de los cambios más profundos recae sobre el delito de extorsión, considerado una de las principales fuentes de financiamiento de maras, pandillas y estructuras criminales.
Hasta ahora, el Código Penal establecía penas de entre 10 y 15 años de prisión para quien, mediante violencia o intimidación, obligara a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico que afectara su patrimonio o el de un tercero.
Con la nueva reforma, ese castigo sube a una pena de entre 15 y 20 años de prisión.
Pero el cambio no se limita al aumento de la condena. La nueva redacción también amplía el alcance del delito y reconoce modalidades que durante años han sido utilizadas por estructuras criminales para extorsionar sin necesidad de contacto directo con sus víctimas.
La reforma establece que la extorsión podrá cometerse mediante violencia, amenaza o intimidación, ya sea de forma directa o indirecta, presencial o a distancia, de manera encubierta o a través de terceras personas.
Esto significa que el delito de extorsión ya no se limitará únicamente a la exigencia directa de dinero. También abarcará casos en los que una persona sea obligada, bajo presión criminal, a transferir fondos, realizar depósitos, entregar bienes, ceder propiedades, asumir obligaciones, condonar deudas o renunciar a derechos.
Otro cambio relevante es que la extorsión se considerará consumada aunque el cobro no llegue a concretarse. Es decir, bastará con que exista la exigencia, amenaza o intimidación para que el delito pueda ser perseguido penalmente.
La responsabilidad penal también se amplía hacia otros eslabones de la estructura criminal. La reforma incluye a quienes recolecten dinero, faciliten cuentas bancarias, reciban bienes, colaboren en transferencias o participen en operaciones vinculadas al producto de la extorsión.
Redefinición del terrorismo
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la redefinición del delito de asociación terrorista.
Hasta ahora, esta figura estaba enfocada principalmente en organizaciones creadas para subvertir el orden constitucional o sembrar terror en la población.
Con la nueva redacción, el alcance se amplía hacia estructuras que ejerzan control territorial, dominio social, coerción colectiva o que obtengan financiamiento mediante actividades criminales sistemáticas.
La reforma incorpora expresamente a maras, pandillas y estructuras transnacionales vinculadas al narcotráfico dentro de este marco penal.
Este cambio implica que organizaciones que antes eran perseguidas bajo figuras de crimen organizado podrían enfrentar ahora procesos bajo una categoría asociada al terrorismo, con consecuencias penales más severas y mayores herramientas de persecución estatal.
La clasificación de una organización como terrorista quedará bajo la facultad del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, lo que convierte a ese órgano en una pieza clave dentro de la nueva arquitectura legal contra el crimen organizado.
Nueva Agencia contra el Crimen
El decreto también contempla la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una estructura orientada a coordinar información, análisis criminal, inteligencia e investigaciones estratégicas.
La nueva entidad funcionará como un mecanismo de articulación entre instituciones de seguridad, defensa e inteligencia, con el propósito de mejorar la capacidad del Estado para identificar redes criminales, estructuras financieras, rutas operativas y vínculos entre grupos delictivos.
Con esta agencia, el Estado busca centralizar información que actualmente se encuentra dispersa entre distintas instituciones y convertirla en insumo para operativos, investigaciones y decisiones de alto nivel.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia para golpear no solo a quienes ejecutan delitos en las calles, sino también a quienes financian, coordinan, facilitan o se benefician de las actividades criminales.
Debate abierto
Aunque las reformas fueron presentadas como una respuesta a la extorsión y al avance de estructuras criminales, su aplicación abrirá una discusión sobre los límites legales de la persecución penal, el control de las capacidades de vigilancia y el uso de categorías como terrorismo en contextos de criminalidad común u organizada.
El debate también girará en torno al papel del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, debido a que sus decisiones podrían tener efectos directos sobre investigaciones, procesos penales y estrategias de seguridad nacional.
Con la reforma, Honduras apuesta por un modelo de mayor dureza penal frente a la extorsión, las pandillas y el crimen organizado. La clave estará en cómo se aplique, bajo qué controles y con qué garantías para evitar abusos, sin debilitar la respuesta estatal frente a delitos que mantienen bajo amenaza a comerciantes, transportistas, familias y comunidades enteras.
