San Pedro Sula, Honduras.
La organización Defensores de Honduras expresó su rechazo a lo que considera “acciones que socavan las bases de la democracia”, señalando tres áreas críticas: la prolongación del Estado de Excepción, el accionar de la Fiscalía contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la intimidación a medios de comunicación.
Según la institución, el Estado de Excepción vigente en 226 de los 298 municipios del país se ha transformado en “una herramienta ilegal y peligrosa”, utilizada para “gobernar por excepción y no por la Constitución”.
Denunció que, tras casi tres años de prórrogas, el Poder Ejecutivo continúa extendiéndolo sin la ratificación del Congreso Nacional, contraviniendo el artículo 187 de la Constitución.
La organización afirma que esta medida ha restringido libertades fundamentales y trasladado funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas, en detrimento de su rol constitucional.
Asimismo, señaló que el mecanismo no ha logrado reducir delitos como la extorsión o los homicidios, pero sí ha generado detenciones arbitrarias y limitaciones a la organización política, especialmente preocupantes a solo trece días de las elecciones.
Defensores de Honduras pidió al Congreso la “suspensión inmediata” del régimen, al que calificó como un “mecanismo de control autoritario”.
La organización también denunció un “ataque politizado” de la Fiscalía contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Afirmó que el Fiscal General habría actuado al margen del procedimiento establecido en los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, al presentar acusaciones directas pese a que los magistrados cuentan con fuero especial.
Defensores de Honduras calificó de infundada la acusación por prevaricato y señaló que la decisión cuestionada por la Fiscalía buscaba evitar la parálisis institucional en asuntos electorales.
También alertó sobre posibles presiones políticas debido a vínculos familiares entre la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la Presidenta del Ejecutivo.
Organización condena ataques a la prensa
Finalmente, la institución rechazó lo que describió como actos de intimidación del Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, contra el presidente del Grupo OPSA, Jorge Canahuati, Presidente del grupo OPSA, de la Asociación de los Medios de comunicación y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); también apoyamos a los directores de medios, periodistas y comunicadores señalados y perseguidos por el actual gobierno.
Defensores de Honduras sostuvo que estos señalamientos representan “una agresión directa a la libertad de prensa y al derecho del pueblo a estar informado”, afirmando que deslegitimar a comunicadores constituye un ataque a la libre expresión y a las libertades fundamentales.
Otras organizaciones, como el Colegio de Periodistas de Honduras y diversos organismos internacionales, también se han pronunciado en contra de las acciones del jefe del Estado Mayor Conjunto.
Según el CPH, el uso de un órgano institucional militar para atacar y estigmatizar a un empresario y a medios de comunicación representa una amenaza directa a la libertad de expresión, la libertad de prensa y al orden democrático.
El gremio recordó que las Fuerzas Armadas, como institución apolítica y no deliberante, no deben involucrarse en controversias mediáticas ni emitir juicios públicos contra ciudadanos o empresas privadas, advirtiendo que ello vulnera el principio constitucional de subordinación al poder civil.
