Estados Unidos
El 18 de noviembre será decisivo para miles de hondureños y nicaragüenses radicados en Estados Unidos. Ese día, una corte del Noveno Circuito de San Francisco celebrará una audiencia que podría definir de manera definitiva el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS).
El amparo migratorio del TPS venció el pasado 8 de septiembre, dejando en incertidumbre al menos a 55.000 hondureños tras más de 25 años de residencia en el país.
Grupos de migrantes expresaron su angustia y han solicitado “clemencia” al presidente estadounidense, Donald Trump, ante la finalización de la protección. “Le pedimos, por favor, que, ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal. Se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado”, dijo Iris Aguilar, hondureña residente en Miami.
En Florida, una docena de hondureños advirtió sobre una “verdadera tragedia humana” si la medida migratoria no es restablecida. El TPS fue otorgado en 1999, tras la devastación causada por el huracán Mitch, que en 1998 dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, entre ellos casi 7.000 en Honduras y cerca de 4.000 en Nicaragua.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que ambos países “han tenido mejoras notables” que permiten el retorno de sus ciudadanos, por lo que ya “no cumplen los criterios para la designación del TPS”.
El impacto sería especialmente fuerte en Florida, donde vive uno de cada tres beneficiarios: más de 55.000 hondureños quedarían expuestos a la deportación.
“Pedimos al presidente que nos active el TPS porque, a partir de las 12 de la noche, nuestro seguro médico y muchos beneficios van a ser cortados. Después de esa hora estamos sin nada, sin licencia”, lamentó Lesly Mejía, afectada por la terminación del programa.
Incertidumbre en Honduras
La discusión también ha generado críticas hacia el gobierno hondureño. Aunque la presidenta Xiomara Castro respaldó en septiembre el argumento del DHS de que Honduras es un país seguro para el retorno.
“En Nicaragua se establece una dictadura y en Honduras los gobiernos se volvieron cómplices del crimen organizado. Lamentamos profundamente las recientes declaraciones de la presidenta al afirmar que Honduras ya es un país seguro para retornar. Esa afirmación dista de la realidad”, aseguró Mejía.
Por su parte, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, advirtió que el fin del TPS también tendría un fuerte impacto económico en la nación hondureño.
“Honduras ahora mismo no tiene las condiciones para recibir a más de 55.000 hondureños que gozan del TPS, y 60.000 niños ciudadanos americanos, junto a sus madres, esposas o padres”, dijo.
La última esperanza en la vía judicial
Flores recordó que aún continúa un proceso legal en una corte del Noveno Circuito, pero la decisión final se conocerá el 18 de noviembre, dejando a los beneficiarios en una situación vulnerable mientras se define su permanencia.
La desprotección para hondureños y nicaragüenses llega después de que un juez federal bloqueara una orden de la Administración Trump que buscaba poner fin al TPS para inmigrantes de Venezuela y Haití.
