Nueva York, Estados Unidos
El 18 de noviembre marcará una fecha decisiva para miles de hondureños en Estados Unidos. Ese día, una corte en el Noveno Circuito de San Francisco podría definir el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La finalización del TPS venció este 8 de septiembre y deja en incertidumbre a cerca de 60.000 hondureños y nicaragüenses tras más de 25 años de residencia en el país.
Migrantes pidieron “clemencia” al presidente estadounidense, Donald Trump, al expirar la medida que los protegía de la deportación. “Le pedimos, por favor, que, ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal, se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado”, expresó Iris Aguilar, hondureña residente en Miami.
En la Pequeña Habana, una docena de compatriotas advirtió sobre una “verdadera tragedia humana” ante el fin del alivio migratorio que regía desde 1999, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo concedió tras la devastación del huracán Mitch.
La dependencia sostiene ahora que Honduras y Nicaragua “han tenido mejoras notables” que permiten el retorno de sus ciudadanos, por lo que ya “no cumplen los criterios para la designación del TPS”.
El impacto sería mayor en Florida, donde vive uno de cada tres beneficiarios a nivel nacional. En este estado, más de 55.000 hondureños quedarían expuestos a la deportación, según un informe del Congreso.
“Pedimos al presidente que nos active el TPS porque, a partir de las 12:00 de la noche, nuestro seguro médico, muchos beneficios van a ser cortados. Después de esa hora estamos sin nada, sin licencia”, lamentó Lesly Mejía, afectada por la medida.
¿Honduras está lista para recibir a miles de hondureños?
El DHS recordó que el TPS se otorgó tras el paso del huracán Mitch en 1998, que dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7.000 en Honduras y casi 4.000 en Nicaragua. Sin embargo, sostiene que las condiciones actuales permiten el regreso seguro.
Ese argumento fue respaldado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aunque migrantes difieren. “En Nicaragua se establece una dictadura y en Honduras los gobiernos se volvieron cómplices del crimen organizado. Lamentamos profundamente las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro al afirmar que Honduras ya es un país seguro para retornar. Esa afirmación dista de la realidad”, afirmó Mejía.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, advirtió que el fin del TPS agravará la economía hondureña: “Honduras es un país que ahora mismo no tiene las condiciones para recibir a más de 55.000 hondureños que gozan del beneficio del TPS, y 60.000 niños, ciudadanos americanos que nacieron en este país, y sus respectivas madres, esposas o padres”.
Un último intento
Para combatir el fin del TPS, Flores apuntó que aún persiste un proceso legal en una corte en el Noveno Circuito, en San Francisco, pero la decisión llegaría el 18 de noviembre, por lo que en estos dos meses los hondureños quedan expuestos a la deportación.
Esto ya trastoca la vida de familias estadounidenses como la del puertorriqueño Julio Marrero, casado con una beneficiaria del TPS que lleva dos meses sin empleo y tiene miedo de salir de casa, pues la deportación implicaría dejar atrás a sus hijos y nietos.
"(Tiene) mucho miedo, mucho de que vengan a tocar la casa, está encerrada, no quiere salir ni a afuera y es muy alarmante. Si no se llega a hacer nada el 18 de noviembre, pues estamos viendo prácticamente tener que salir del país", relató Marrero.
La desprotección de los hondureños y nicaragüenses llega días después que un juez federal bloqueó el viernes la orden de la Administración Trump de poner fin al TPS que ampara a más de un millón de inmigrantes de Venezuela y Haití.
