Fin del TPS: 55,000 hondureños enfrentan el abismo de deportación

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos dejará de estar vigente a partir de este 8 de septiembre, a las 11:59 pm, 60 días después de la publicación de la cancelación en la notificación del Registro Federal.

Esta determinación afectará, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, a alrededor de 55,000 connacionales, lo que implica la pérdida inmediata de permisos de trabajo, licencias de conducir y otros beneficios derivados de esta protección migratoria.

Esto significa, por ejemplo, que si una persona conduce a partir de este martes con una licencia, adquirida mientras estaba amparada por el TPS, cometería una infracción si la detiene un agente de tránsito. En caso de que la licencia esté vencida, la policía puede emitir un boleto, retener al conductor e incluso remitirlo a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Marcela Caro, abogada penalista y experta en temas migratorios en la Florida, Estados Unidos, conversó con LA PRENSA Premium y adelantó que no habrá redadas masivas ni capturas casa por casa, pero confirmó que "sí puede haber deportaciones a partir del lunes, pero no inmediatas. Aquí se respeta el debido proceso y los casos son revisados ​​por un juez de inmigración".

Quienes han estado amparados por más de dos décadas bajo el TPS podrán presentar sus antecedentes limpios, el pago de impuestos y su arraigo en Estados Unidos como argumentos para intentar frenar una deportación.

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Quienes no tienen manchado su historial y han tributado en tiempo y forma, el juez puede llegar a tomar una decisión, considerar que no han sido una carga para el Estado ni para el sistema, y allí darles una oportunidad.

“Lo que va a pasar es que van a recibir una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), si no es que ya la recibieron, donde se les notifica que ya no cuentan con la protección del TPS. Es muy importante que busquen un abogado de inmigración acreditado para iniciar procesos individuales, porque ya no se trata de demandas colectivas”, dijo.

Entre las alternativas, destacó, los tepesianos casados con ciudadanos estadounidenses o con hijos mayores de 21 años pueden iniciar un cambio de estatus mediante peticiones, pero esto tarda más de uno o dos años, mientras tanto, no se verá afectado del todo su estatus legal.

Quienes no tengan estas vías familiares quedan sin protección migratoria y pasan a la misma condición de las personas que viven en la sombra (que son la mayoría de hondureños sin protección migratoria).

Sobre los bienes adquiridos, mientras se sigan pagando impuestos y cuotas no habrá problema, pero es imperativo dejar poderes legales a familiares de confianza en caso de un eventual retorno, caso contrario, el Gobierno tomará posesión de estos.

Respecto a beneficios médicos y las pensiones del Seguro Social, pueden seguir siendo cobradas desde Honduras mediante acuerdos de depósito directo, pero los seguros médicos federales quedarán cancelados automáticamente; por lo que de ahora en adelante, de necesitar un seguro médico, deberán pagar uno privado.

El Seguro Social de Estados Unidos permite pagar beneficios a personas que han trabajado legalmente y cumplido con los requisitos (normalmente 40 trimestres o 10 años de trabajo legal con contribuciones); es decir, si trabajaron legalmente bajo TPS, pagaron impuestos, contribuyeron al Seguro Social y tienen la edad mínima de retiro (62 años o más).

Aunque el derecho a la pensión no desaparece al salir del país, hay algunos riesgos a considerar, como errores administrativos o falta de información actualizada. Si no notifican al Social Security Administration que se mudan a Honduras, pueden suspender temporalmente los pagos, por ello la relevancia de mantener siempre actualizados sus datos de contacto y dirección.

A nivel de riesgos en el sistema bancario hondureño, los depósitos en bancos locales pueden estar sujetos a errores, demoras o congelamientos si hay sanciones o fallas administrativas.

En cuanto a los permisos de trabajo, estos dejan de estar vigentes y legales, dejando a los beneficiarios expuestos a despidos por no contar con autorización. Todo dependerá de la decisión de las empresas, tal como ha ocurrido con más de un millón de hondureños, a quienes compañías han seguido empleando a pesar de encontrarse en estatus irregular.

¿Qué deben hacer antes de regresar a Honduras? Solicitar una carta de estimación de beneficios al Social Security Administration, confirmar que pueden recibir sus pagos desde Honduras, consultar si hay tratado tributario entre Estados Unidos y Honduras (no hay uno formal, pero hay excepciones de impuestos sobre pensiones).

Consultada sobre la audiencia programada en noviembre próximo, la experta fue enfática: “En absoluto frena nada, el TPS es discreción exclusiva del Ejecutivo, del presidente de turno, lo que se discute en los tribunales no garantiza revertir la decisión”.

Añadió que la demanda impulsada por organizaciones de defensa de los tepesianos no se basa en argumentos sólidos de discriminación racial. “El Departamento de Seguridad fue muy claro, se canceló porque los informes decían que Honduras, Nicaragua y Nepal estaban en condiciones de recibir a sus ciudadanos”, explicó.

El artículo 2 de la Constitución estadounidense permite al presidente ejercer las funciones administrativas de otorgar, extender o finalizar el TPS. La Corte Suprema, a través del artículo 3 solo puede revisar la razón por la cual se ha finalizado el TPS y mencionar que la terminación no se ajusta a procedimientos legales o por la razón que sea , pero no tiene autoridad para ordenar al presidente que lo extienda o lo mantenga, ya que esa potestad es exclusiva del Ejecutivo.

El caso Marbury v. Madison (1803) es fundamental para comprender la relación entre los poderes ejecutivo y judicial en Estados Unidos, especialmente en contextos donde se cuestiona la autoridad presidencial. En este caso, la Corte Suprema, bajo la dirección del presidente del tribunal John Marshall, estableció el principio de revisión judicial, afirmando que los tribunales tienen la autoridad para declarar inconstitucionales las leyes y acciones del gobierno que contravengan la Constitución.

Aunque la Corte reconoció que el presidente Adams había actuado legalmente al nombrar a Marbury, determinó que la ley que otorgaba a la Corte la jurisdicción para ordenar la entrega del nombramiento era inconstitucional. Por lo tanto, la Corte no podía obligar al presidente Jefferson a entregar el nombramiento, ya que eso implicaría una intervención en las prerrogativas del poder ejecutivo.

Este precedente es relevante en el contexto del TPS porque ilustra cómo la Corte Suprema puede revisar las acciones del presidente, pero también establece límites en su capacidad para intervenir directamente en decisiones ejecutivas.

En el caso del TPS, aunque la Corte puede evaluar la constitucionalidad de las razones para su terminación, no tiene la autoridad para ordenar su extensión o revocación, ya que esas son prerrogativas exclusivas del presidente, según la Constitución, opinan expertos consultados por este medio.

Fue el 8 de julio pasado cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció que el TPS para Honduras terminaría este 8 de septiembre de 2025.

Antes que este finalizara, un tribunal de distrito (un juez federal de primera instancia) emitió una suspensión temporal de la terminación. Esto significaba que los hondureños podían mantener su TPS, permisos de trabajo y otros beneficios mientras el tribunal revisaba si la decisión del DHS de cancelarlo era legal o no.

El objetivo era proteger temporalmente a los beneficiarios mientras se resolvía el caso; sin embargo, el 20 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó esa suspensión temporal, en otras palabras, la Corte de Apelaciones refrendó que la decisión del DHS podía seguir adelante conforme a lo planeado inicialmente.

Ante esto, la Alianza Nacional TPS, una organización que defiende a los beneficiarios, logró una orden preliminar adicional. Esta orden extiende temporalmente la protección legal hasta al menos el 18 de noviembre de 2025, mientras el litigio sigue su curso en tribunales.

En el interín, muchos beneficiarios han consultado con abogados de inmigración para explorar alternativas como asilo, ajuste de estatus familiar o laboral, o visas humanitarias.

Esta situación genera una gran incertidumbre para miles de hondureños que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas. Su atención ahora está puesta en la resolución judicial de noviembre, que podría determinar el futuro migratorio de esta comunidad.

El exvicecanciller hondureño y experto en asuntos consulares, Tony García, advirtió que, sin el “manto” de esta protección colectiva, los hondureños quedarán sujetos a circunstancias particulares.

“Sin el manto de la protección temporal quedan a la merced del caso que podrían tener cada tepesiano”, explicó García en pláticas con este medio.

De acuerdo con el exfuncionario, existen algunos caminos legales posibles, aunque todos dependen de requisitos específicos y de la valoración de las autoridades migratorias.

Uno de ellos es el patrocinio legal, que algunos hondureños con empleo estable puedan acceder a una visa de trabajo si su empleador los patrocina, pero este proceso requiere que el beneficiario haya salido de Estados Unidos con un permiso especial y reingresado de manera legal, lo que documenta una entrada autorizada.

Un segundo camino es a través de vínculos familiares, o sea, que quienes tengan hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años puedan ser solicitados por ellos, del mismo modo, los casados con un ciudadano estadounidense.

En todos los casos, el requisito indispensable es contar con buen comportamiento y un récord judicial limpio, pues cualquier antecedente penal debilita la defensa frente a un juez de inmigración.

“Algunos podrán lograr un cambio exitoso de estatus, otros tendrán que enfrentar inevitablemente una deportación, y al final será un juez el que dirá la última palabra”, enfatizó.

García también señaló que el asilo podría ser invocado por algunos hondureños, aunque lo calificó como una alternativa débil tras más de 25 años de protección bajo el TPS. “Un caso de protección 25 años después es difícil de argumentar”, ejemplificó.

El abogado reconoció que la terminación del TPS no solo amenaza el estatus migratorio de decenas de miles de hondureños, sino que también golpea la vida cotidiana y la estabilidad de familias que llevan más de dos décadas en Estados Unidos.

“Esta situación ha provocado una gran zozobra y un radical golpe a la estabilidad individual y familiar luego de más de 25 años de residencia”, lamentó.

Interrogado sobre una posible solución definitiva, García fue claro al mencionar que “solo una iniciativa de ley del Congreso podría asegurar protección para todo", pero considera que el panorama político actual no favorece este escenario.

“No hay ambiente para ello actualmente, tal vez el año próximo cuando haya elecciones legislativas y si los demócratas recuperan la Cámara, podría abrirse esa posibilidad”, concluyó.

La Ley de Dignidad es una propuesta de reforma migratoria bipartidista presentada el 15 de julio de 2025 por las congresistas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas).

El proyecto de ley busca ofrecer un camino temporal para regularizar el estatus migratorio de personas que, como los beneficiarios del TPS, han vivido y trabajado en Estados Unids por más de dos décadas. Bajo la Ley Dignidad, estos inmigrantes podrían acceder a permisos de trabajo y protección contra la deportación mientras se define una solución más permanente, lo que mitigaría el impacto inmediato de la cancelación del TPS.

Ante los suficientes argumentos de un marco legal que garantice una solución definitiva, expertos y líderes comunitarios coinciden en que la situación sigue siendo incierta.

En ese contexto, Carlos Pereira Trejo, uno de los pocos activistas hondureños en Estados Unidos que quedan con vida de los que trabajaron por el TPS inicial en 1998, expresó que la cancelación del TPS para Honduras coloca en una situación “delicada y compleja” a miles de beneficiarios que, aunque gozaron de protección durante más de dos décadas, tenían órdenes de deportación pendientes que nunca fueron ejecutadas.

“Particularmente, a todos los beneficiarios del TPS que tienen una orden de deportación pendiente y que nunca se ejecutó, ahora podría concretarse al no estar protegidos con el TPS”, previó Pereira.

El analista recordó que, en algunos casos, los inmigrantes podrían acogerse a la llamada ley de los 10 años (Cancellation of Removal), que se activa cuando una persona enfrenta un proceso de deportación y cumple con ciertos requisitos, como haber vivido 10 años continuos en Estados Unidos, tener familiares ciudadanos estadounidenses que sufrirían “dureza extrema” con la deportación y mantener un buen carácter moral sin antecedentes penales.

Este recurso no aplica automáticamente para todos y, al final, dependerá de la evaluación de un juez de inmigración. Aunque la decisión judicial reciente ratificó la cancelación del TPS tomada por el Ejecutivo, será la administración presidencial la que decida si emite o no órdenes de aprehensión contra estas personas.

Pereira llamó a la comunidad hondureña a no dejarse manipular ni estafar por "seudolíderes" que se aprovechan del miedo de los migrantes.

“Los grupos están llamados a orientar, educar y dirigir a estos compatriotas con foros, asambleas y conferencias con expertos legales, y no mirar al compatriota como su caja de ahorro", cuestionó.

Hizo énfasis en la importancia de que los hondureños busquen orientación con profesionales acreditados en Estados Unidos, ya que contratar servicios legales fraudulentos puede tener consecuencias graves.

“Lo peor es que cuando la persona es víctima de estos personajes, no recupera su dinero y, en la mayoría de escenarios, su caso está destinado al fracaso. Ser abogado en Honduras no te garantiza que puedas ejercer aquí ni mucho menos anunciarte como abogado de inmigración en Estados Unidos, esto es un delito federal”, subrayó.

Con el tiempo en contra y el futuro incierto de más de 55,000 hondureños, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, llegó previo al fin de semana pasado a Washington, donde sostuvo reuniones y expuso la situación crítica que atraviesan los hondureños protegidos por el TPS.

“Estamos luchando fuertemente, lo más delicado es la situación psicológica de los hijos de los tepesianos, niños que son ciudadanos estadounidenses y que hoy viven en depresión y pánico, porque temen que sus padres sean deportados”, sostuvo Flores.

Según cifras que manejan a nivel local, al menos 60,000 niños nacieron en Estados Unidos de padres hondureños con TPS, una cifra incluso mayor que la de los adultos acogidos por el beneficio.

La mayoría de los hondureños con TPS se concentra en Florida, California, Texas, Nueva York, Nueva Orleans (Luisiana) y Washington. Muchos llevan décadas en Estados Unidos, trabajando en construcción, servicios y otros rubros esenciales.

Con la extinción de TPS perderán su permiso de trabajo, licencias de conducir, seguros médicos y hasta acceso a jubilación después de más de 20 años de aportes. Hay personas que están recibiendo quimioterapia, otros están incapacitados o jubilados, y ahora quedarían desprotegidos, es una situación crítica y profundamente humana.

Aunque existen vías legales, como el patrocinio de hijos ciudadanos al cumplir 21 años o el matrimonio con un estadounidense, los procesos son costosos y están fuera del alcance de la mayoría.

“Un abogado de inmigración cuesta entre 10,000 y 15,000 dólares (de 260,000 a 390,000 lempiras), y muchos acá no pueden pagar esas sumas. Son personas humildes, trabajadoras, que emigraron en los años 90 y que nunca tuvieron guía legal ni apoyo real de los gobiernos de Honduras”, afirmó.

Aunque el TPS vence oficialmente hoy, la audiencia calve, según voces de la comunidad migrante, es la programada el 18 de noviembre. La demanda presentada argumenta que la cancelación no tomó en cuenta los estatutos del programa ni el impacto humano y social que tendría. “Mientras el litigio siga abierto, nadie puede ser deportado, pero si el juez falla en contra, ese día marcará el fin definitivo del TPS”, precisó Flores.

Lamentó, además, la ausencia de apoyo oficial. "Son los migrantes quienes luchamos, convocando a conferencias de prensa, buscando el apoyo de congresistas y visibilizando la crisis”, agregó.

Pese a la incertidumbre, Flores mantiene una visión positiva, ya que “el TPS es una ley, no una orden ejecutiva, los hondureños cumplen con todos los requisitos para seguir siendo elegibles, tengo fe en que la decisión final será favorable. No se trata solo de los tepesianos, sino de miles de niños ciudadanos que serían obligados a vivir en un país que no conocen, sin las garantías que hoy tienen en Estados Unidos".

Para este lunes, la Fundación 15 de Septiembre convocó a una conferencia de prensa en Miami para exponer ante los medios de comunicación la magnitud del impacto.

“Es un escenario complicado, adverso que ya se ha vivido en el pasado”, expuso sobre esta situación, Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración, en entrevista con LA PRENSA Premium.

El funcionario y representante del Gobierno hondureño recalcó que la comunidad tiene puesta su esperanza en la audiencia programada para el 18 de noviembre, donde un tribunal podría revertir esta determinación.

“Lo que va a pasar entre el 8 de septiembre y el 18 de noviembre es que, en efecto, nuestros connacionales, en caso de que la decisión no sea positiva en noviembre, quedan en una situación de desprotección, porque eran personas consideradas con un estatus regular y a partir de entonces pasarían a un estatus irregular, igual que más de un millón de hondureños que están en esa situación allá en Estados Unidos”, especificó.

Paz aclaró que esto no significa que los hondureños serán deportados de manera automática. “Excepto que Estados Unidos, en un operativo detenga a uno de ellos y al no tener cobertura en ese momento puede ser deportado, pero hasta el momento no ha pasado que Estados Unidos ha ido casa a casa a capturar personas que tenían el estatus y ya no lo tienen para deportarlos a sus países”, indicó, con optimismo.

El director de Migración recordó, además, que la cancelación del TPS fue una propuesta de campaña del presidente Donald Trump, quien prometió eliminar este estatus para todas las nacionalidades. “Y eso es lo que ha estado ocurriendo, ahorita ocurrió con Nepal, Honduras, Nicaragua y así otros, esperamos que eso el 18 de noviembre tenga otro curso”, señaló.

Informó, también, que el Gobierno de Honduras, a través de Cancillería, ha sostenido reuniones con la Alianza Nacional Tepesiana para brindar apoyo a los hondureños. “Se les está ofreciendo asistencia a través de los 19 consulados para que puedan asistir, documentarse, tener acceso a asesorías para sus casos individuales y así en lo sucesivo”, dijo.

Considera que, de haber un resultado desfavorable, no esperan deportaciones masivas. “Primero hay que agotar la vía de noviembre, vamos a esperar, esto es paso a paso. En todo caso, no creo que haya deportaciones masivas, esto va a pasar por la decisión que ellos, como familia, puedan definir", puntualizó.

Continuó diciendo que "todo dependerá si deciden retornar a su país o quedarse en Estados Unidos, donde quizá ya tienen sus vidas establecidas. Dudo mucho que vayan casa a casa a hacer deportaciones, porque no ha pasado hasta el momento, excepto que alguien cometa una infracción y por esa razón lo detecten".

Aunque las autoridades gubernamentales y comunidades de migrantes continúan con una sensación de optimismo, otros sectores advierten que la incertidumbre ya está teniendo efectos concretos en la vida de los connacionales.

En esa línea, Lilian Reyes, coordinadora de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), expuso que “es una situación altamente preocupante porque ya estamos viendo los efectos, todavía no habíamos llegado al 8 de septiembre y a muchos compatriotas los despidieron”.

“La cancelación del TPS realmente está dejando una situación de vulnerabilidad a todos los compatriotas, incluso familiares que estaban con TPS porque ya no van a poder trabajar de manera legal, no van a poder optar a una licencia de conducir y muchos tenían sus seguros médicos porque estaban trabajando en empresas que garantizaban también eso”, subrayó.

En cuanto a las violaciones de derechos humanos que pueden derivarse de esta medida, Reyes detalló: “El hecho de que llegue a su fin implica una situación compleja, porque ya tenían un goce de derechos en temas de trabajo, médicos, de libre circulación, y todo será vulnerado".

Reyes alertó sobre los riesgos de separación familiar que podrían enfrentar los hondureños. “A partir del 8 de septiembre se abre la posibilidad de deportaciones contra personas que anteriormente tenían TPS, ya que pasarán a un estatus irregular, incluso podrían ser buscadas en sus hogares, dado que las autoridades cuentan con toda la información sobre ellas", comentó.

"Muchas de estas personas ya han adquirido viviendas que no planean vender ni abandonar, por lo que estas detenciones generarían un gran impacto; es decir, separación y ruptura del núcleo familiar. Además, esto afecta de manera significativa el bienestar emocional, no solo de los tepecianos, sino también de sus hijos y parejas”, indicó.

Sobre el posible retorno de los hondureños deportados y los desafíos que enfrentará el país, Reyes fue clara al expresar que “Honduras no está preparado para todo ese montón de gente, ni tampoco los tepecianos. Para las personas que han vivido más de 20 años en Estados Unidos, Honduras no es una opción, he escuchado a muchas personas que dicen ´vamos a llegar a Honduras, pero vamos a buscar otra alternativa, otro país u otro lugar para donde irnos´".

Reyes reconoció que las iniciativas del Gobierno de Honduras, que llaman a los migrantes a “volver a casa”, son temporales.

“Es de alguna manera un apoyo, pero paliativo, porque en un momento le va a resolver a la persona, pero luego no le va a resolver totalmente, el país tiene muchos retos. Las causas que generaron que muchos migraran, persisten ahora, no permiten que las personas tengan acceso a un trabajo digno o a una vivienda y, al final, por eso la gente sigue migrando”, sentenció.

El TPS fue otorgado a raíz del paso del huracán Mitch durante el año 1998, que devastó Centroamérica. Ahora, la administración de Donald Trump consideró que ya no existen las condiciones que justificaron esa protección humanitaria, por lo que decidió cancelarlo.

El 25% de los hogares hondureños, es decir, cuatro de cada 10, recibe remesas, que representan el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, y en el 10 % de ellos constituyen la principal fuente de ingreso, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el 2024, Honduras recibió 7,858 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos y las autoridades estiman que alcancen los 10,259,7 millones de dólares en 2025 y 10,670 millones en 2026.

Según datos del American Community Survey 2023 (el último reporte), había aproximadamente 1,373,620 personas de origen hondureño residiendo en Estados Unidos, pero estimaciones de las comunidades migrantes indican que la cifra pudo haber llegado o superado los dos millones de catrachos a la fecha.