Un tribunal estadounidense concedió al Gobierno de Trump la solicitud para suspender la orden de otra corte de menor instancia que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 personas de Honduras , Nepal y Nicaragua.
En tribunales de la Corte del Distrito Norte de California , en San Francisco, se pospuso el 31 de julio las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta orden extendió la audiencia hasta el 18 de noviembre, pero la apelación de emergencia del Gobierno estadounidense adelantó el proceso.
En los últimos días, migrantes en California organizaron vigilias que buscaban visibilizar la incertidumbre de más de 72,000 hondureños, 4,000 nicaragüenses y unos 12,700 nepalíes que dependen del fallo judicial.
La administración Trump anunció en julio la terminación del programa y dio apenas 60 días para regularizar estatus o abandonar el país, medida que fue frenada de forma temporal por la jueza federal Trina L. Thompson el 1 de agosto.
Miles de familias no podrán seguir trabajando y viviendo legalmente en Estados Unidos a partir del 8 de septiembre. El DHS retomará su plan de cancelación, dejando a decenas de miles de inmigrantes expuestos a la deportación.
En paralelo, activistas advierten que países como Honduras y Nicaragua no tienen condiciones económicas ni de seguridad para recibir a semejante número de retornados.
Los demandantes alegan que la terminación del programa es ilegal por tres motivos principales: no se basa en un análisis objetivo de las condiciones de los países, contradice la práctica establecida de otorgar al menos seis meses de aviso a los beneficiarios —pues en este caso solo se dieron 60 días— y responde a motivaciones racistas y discriminatorias, lo que violaría la Constitución de Estados Unidos.
