Dejar la declaratoria de elecciones al Congreso agravaría la crisis
Sectores esperan cierre legal y transparente del proceso electoral. Liberales y nacionalistas sostenían pláticas para arrancar con escrutinio especial, aunque se reportan bloqueos en el CNE por parte de Libre
- Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 09:43 /
Lo que debía marcar el cierre del proceso electoral del 30 de noviembre, hoy alimenta la incertidumbre política, ya que la declaratoria oficial de resultados dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin concretarse y mantiene en vilo al país.
Diversos actores políticos, analistas y sectores de la sociedad civil coinciden que el acompañamiento al proceso de declaratoria es clave para garantizar que quien resulte vencedor cuente con un respaldo legal y político sólido. La preocupación central no radica únicamente en conocer los resultados finales, sino en que estos se formalicen conforme a la ley y dentro del marco institucional que rige el sistema electoral.
Sin una declaratoria legítima, el proceso electoral queda en un terreno frágil, no basta con contar votos a través del escrutinio especial, es indispensable que exista una declaratoria firme, legal y oportuna que cierre el proceso, de lo contrario, el conflicto se traslada a otras instancias del Estado, elevando el riesgo de una crisis institucional.
El escenario se complicaría porque, de no concretarse la declaratoria en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la responsabilidad pasaría al Congreso Nacional, y allí se abren dos posibles rutas; es decir, que el tema sea abordado por el Pleno de la Asamblea Legislativa o que quede en manos de la Comisión Permanente, aunque especialistas aclarar que este órgano carece de tal potestar.
Ambas opciones generan incertidumbre, la Asamblea implica un debate político amplio, con correlación de fuerzas marcada por intereses partidarios; la Comisión Permanente, aunque más reducida, podría ser cuestionada por sectores que reclaman mayor representatividad en una decisión de alto impacto nacional.
Según el último registro del CNE en su pagina web, los resultados preliminares de las elecciones los encabeza Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional que es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 1,305,033 votos (40.54%), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,261,849 sufragios (39.19%).
La candidata de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 621,188 papeletas (19.29 %), con el 99.80 % de las actas escrutadas.
Importancia de la declaratoria
En este escenario, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió, en conversación con LA PRENSA Premium, que el problema no es técnico, sino institucional, y que la ley ofrece salidas claras para evitar un bloqueo del proceso democrático.
Barrientos sostuvo que no es necesaria la firma unánime de los consejeros electorales para emitir la declaratoria. “Las decisiones de los órganos colegiados no se toman por unanimidad, sino por mayoría, no es la primera vez que se adoptan resoluciones dos a uno”, explicó.
Tanto la Ley Electoral como la Constitución —añadió— establecen que el Pleno del órgano electoral puede reunirse y emitir una resolución válida para declarar los resultados de una elección.
El constitucionalista aclaró que la declaratoria no implica volver a contar votos ni revisar actas. “El órgano electoral ya tiene un resultado final, lo único que corresponde es certificarlo y notificarlo oficialmente a la comunidad nacional e internacional”, puntualizó.
La negativa injustificada de un consejero a firmar o participar del proceso debe ser registrada, ya que podría constituir delitos como violación de los deberes de los funcionarios e incluso la creación de condiciones de sedición, cuando se desconoce públicamente la autoridad de los poderes constituidos.
Según el jurista, el marco legal contempla mecanismos para evitar que el "capricho" individual de un funcionario paralice el sistema electoral. “Debe establecerse claramente que, aún sin la presencia o firma de un miembro, la resolución pueda tomarse de manera legal”, sostuvo.
En caso extremo de que el órgano electoral no emita la declaratoria, la Constitución faculta al Congreso Nacional, específicamente al Pleno de los 128 diputados, a realizar la declaratoria. El Congreso no cuenta votos ni revisa actas, se basaría exclusivamente en los datos validados por el órgano electoral.
Además, en el actual contexto político la oposición cuenta con más de la mayoría simple, lo que reduciría la incertidumbre sobre el resultado.
Como antecedente histórico está un caso de 1957, cuando ante desacuerdos internos del órgano electoral, el Congreso declaró presidente a Ramón Villeda Morales, del Partido Liberal, luego de un período de inestabilidad política tras el golpe contra Julio Lozano Díaz.
Barrientos aprovechó para señalar que el conflicto actual evidencia el agotamiento del modelo electoral hondureño, integrado por representantes partidarios. “El tribunal ya no puede seguir siendo manejado por partidos políticos, debe estar conformado por ciudadanos comunes, independientes”, afirmó.
Criticó además la tercerización de funciones clave como el sistema de transmisión de resultados (Trep), la falta de personal técnico nacional y la ausencia de normas claras que regulen qué ocurre cuando un funcionario se niega a cumplir sus deberes.
“La Ley Electoral ha tenido reformas cosméticas, pero el fondo sigue siendo el mismo desde 1982”, cuestionó, al tiempo que propuso avanzar hacia cambios estructurales como el voto electrónico, una nueva integración del órgano electoral, segunda vuelta y reglas claras para evitar bloqueos institucionales.
Sobre el escrutinio especial, Barrientos afirmó que existieron intentos de boicot por parte de Libre y un sector del Partido Liberal, con el objetivo de generar zozobra.
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras establece el marco legal para la declaratoria de resultados de las elecciones generales. En el artículo 284, la normativa indica que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de emitir la declaratoria a más tardar 30 días calendario después de celebradas las elecciones, contados desde la fecha en que se llevó a cabo la votación.
Este mismo artículo describe que, una vez emitida la declaratoria, el CNE debe ordenar su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” al día siguiente, y comunicarla a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en los comicios. La comunicación oficial incluye la certificación íntegra del acta de escrutinio general y la entrega de la credencial correspondiente a cada ciudadano electo.
La declaratoria de elección de la fórmula presidencial, especificada en el artículo 285, dicta que para la elección de presidente y designados a la presidencia de la República debe declararse electa la fórmula que haya alcanzado la simple mayoría de votos válidos. Esta disposición es fundamental para determinar oficialmente al ganador de la contienda.
En conjunto, estas disposiciones legales buscan garantizar que la conclusión del proceso electoral no sea únicamente el cómputo de votos, sino un acto formal y público que certifique los resultados y dé certeza a la ciudadanía, las instituciones del Estado y la comunidad internacional sobre quiénes han sido electos.
Se ha admitido en el CNE la cantidad de 6,663 revisiones y aperturas de (JRV) debido a inconsistencias establecidas en el artículo 14 del Reglamento Electoral, correspondientes a diferencias entre la carga electoral del acta de cierre, el dispositivo biométrico y el cuadernillo. pic.twitter.com/B7UGcTBn0m
— Marco Tulio Medina (@Marco_TMedina) December 16, 2025
Sin embargo, la Ley Electoral no detalla explícitamente qué ocurre si el CNE se niega o no puede emitir la declaratoria en ese plazo por razones como falta de quórum o desacuerdos entre sus miembros. En ese vacío es donde la Constitución de Honduras toma relevancia: el artículo 205, numeral siete, describe que si el CNE no realiza el escrutinio y la declaración de los resultados, corresponde al Congreso Nacional actuar en ese ámbito. Bajo ese artículo puede declarar la elección de cargos electivos cuando la autoridad electoral no lo hubiese hecho.
Además, otro artículo de la Constitución (242) contempla qué sucede si no existe una declaratoria antes del inicio del nuevo período constitucional (27 de enero).
En tal caso excepcional, el Poder Ejecutivo es ejercido provisionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, que debe convocar a nuevas elecciones en plazos determinados. Este mecanismo busca evitar vacíos de poder y garantizar continuidad institucional en caso de una falla sistémica en la declaratoria electoral.
Legitimidad
La experta en relaciones internacionales y directora de investigaciones de la organización Espacioh, Andrea Maradiaga, manifestó que la falta de letigmidad de la declaratoria del nuevo presidente hondureño volverá compleja la situación política y geopolítica.
Según Maradiaga, la escena internacional se encuentra “bastante dividida” y, aunque Estados Unidos ya tiene un ganador claro, la observación internacional sobre la legitimidad del proceso no es unánime.
“La OEA y otros organismos han emitido resultados y observaciones, pero estos no son vinculantes ni afectan directamente los resultados oficiales, aunque sí pueden incidir en el reconocimiento formal del presidente y, sobre todo, en las relaciones futuras de Honduras con distintos países”, explicó Maradiaga.
La especialista señaló que estas declaraciones afectan más a la política exterior que a la declaratoria oficial de los comicios, proyectando cómo será percibida Honduras ante la comunidad internacional.
En cuanto a la dinámica regional, Maradiaga observa un retorno de la derecha latinoamericana a un paradigma más tradicional, influido por estructuras históricas y la búsqueda de estabilidad frente a experiencias como la de Venezuela. “Es un fenómeno cíclico, tras fallos de teorías anteriores se regresa a un modelo que en su momento pudo haber tenido mayor fuerza institucional y económica”, afirmó.
Maradiaga dijo que, independientemente a quién se declare ganador en la presidencia, de los dos en la fuerte contienda, Honduras tiene un valor geopolítico y geoestratégico importante para Estados Unidos, más que para otros países, incluida China.
"Económicamente, quien más nos conviene son ellos, especialmente por el tema de migrantes y remesas, tenemos apoyo de Alemania y Japón, pero no de la misma magnitud que con Estados Unidos”, añadió.
Maradiaga indicó que, de confirmarse la victoria de un candidato con apoyo estadounidense, como el caso de Nasry Asfura, es probable que ya existan convenios previamente discutidos que asegurarían estabilidad económica y cooperación internacional. Por otro lado, de resultar electo Salvador Nasralla, la influencia estadounidense sobre Honduras no desaparecería, aunque podría traducirse en críticas más constantes y una supervisión más estrecha de sus decisiones en el ámbito internacional.
Para Maradiaga, el hilo conductor es claro: “El país que tiene mayor poder internacional es quien orienta las reglas del juego, Honduras, por su ubicación y relaciones históricas se encuentra en el centro de un entramado de intereses donde cada movimiento es observado y cada decisión puede afectar su proyección global”.
El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, calificó como "lamentable" el desarrollo del proceso electoral en Honduras y advirtió sobre la pérdida de credibilidad que este ha generado.
Según Facussé, “todos los actores han defraudado, la población acudió a votar con responsabilidad, paz y civismo, pero las circunstancias no acompañaron el proceso”.
El empresario señaló que la contratación de la empresa extranjera no regulada para gestionar el escrutinio ha generado desconfianza. “Parece que el CNE no tiene control sobre el proceso y está a merced de lo que diga la empresa. El tiempo que ha demorado le resta mucha legitimidad a la declaratoria”, explicó. Facussé espera que, pese a las dificultades, “todo transcurra en paz al final”.
Sobre el comportamiento de los partidos políticos, Facussé fue crítico: “Ninguno ha abonado al proceso, vemos a Libre echando leña al fuego, al Partido Nacional insultando a la población y solo calentando el ambiente, y en el Partido Liberal hay fraccionamiento, además de la falta de claridad para dar un rumbo y terminar el escrutinio lo más pronto posible”.
Humo blanco
Representantes de los partidos Nacional y Liberal se reunieron el lunes durante la noche en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para buscar acuerdos que contribuyan a agilizar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, estancados a falta de un escrutinio especial con más de 2,000 actas electorales que presentan inconsistencias. El Partido Nacional estuvo representado por María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial.
Los dos políticos expresaron el apoyo a las dos de los tres consejeros del CNE, su presidenta Ana Paola Hall y Cossette López, quienes han venido denunciando amenazas de todo tipo, persecución y presiones que podrían poner en riesgo la última fase del proceso electoral.
Esto ocurre a menos de 24 horas que el Central Ejecutivo del Partido Liberal nombrara dos comisiones para dialogar con la presidenta consejera del CNE, y con representantes del Partido Nacional, ambos partidos políticos mayoritarios en Honduras y que concentran más del 80% de los votos de las recientes elecciones.
A la salida del edificio informaron a medios de comunicación que llegaron a diversos acuerdos para agilizar el proceso electoral y garantizar que la declaratoria oficial de resultados se realice de manera transparente y legítima.
Arístides Mejía, uno de los asesores que integra la comisión liberal, afirmó que el objetivo es que el ganador de las elecciones sea reconocido de manera formal y que el segundo lugar acepte los resultados, asegurando así que el próximo gobierno cuente con toda la legitimidad.
“Podemos ayudar bastante para que dentro del marco de la ley se logren acuerdos que impulsen el proceso y den respaldo al CNE, y sobre todo a las dos consejeras que han sido objeto de persecución, lo que nos preocupa mucho”, explicó.
Mejía declaró, además, la importancia de la transparencia: “Queremos ser claros, no son reuniones donde se oculta algo, en el Partido Liberal resolveremos el problema de acreditaciones e impugnaciones, como parte de los acuerdos que vamos a lograr”.
Por su parte, la nacionlaista María Antonieta Mejía expuso que la reunión también buscó dar certeza al pueblo hondureño y reiteró el compromiso de su partido con el respeto estricto de la ley electoral.
“Respaldamos en total y por unanimidad a las consejeras Anna Paola Hall y Cossette López, quienes han sido atacadas”, indicó.
También señaló que el Partido Nacional escuchó la propuesta de los liberales del recuento voto por voto de 2,792 actas, por lo que esperan que el CNE continúe con el escrutinio especial y con la participación de todos los partidos políticos.
“Quedan 15 días del calendario para dar la declaratoria oficial, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal seremos un obstáculo para que esto se lleve a cabo y se acordó que se aceptará lo que se diga en las urnas”, agregó.
El mensaje conjunto de los representantes de los partidos mayoritarios buscó fortalecer la institucionalidad electoral y reducir la incertidumbre tras los retrasos en el escrutinio y la emisión de la declaratoria oficial. Además, reforzaron la idea de que el respeto a la ley y la transparencia del proceso son fundamentales para la legitimidad del resultado y la estabilidad democrática del país.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el lunes un informe ante el Consejo Permanente del organismo, en el que se detallaron los hallazgos sobre las elecciones generales celebradas en Honduras el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025.
El informe fue leído por Eladio Loizaga, jefe de la misión, quien resaltó que el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad, pero que ha enfrentado retrasos y deficiencias técnicas que han generado incertidumbre en la población.
Según Loizaga, la MOE ha acompañado las elecciones desde las primarias de marzo, realizó visitas preliminares y observó directamente los comicios en todos los departamentos, incluyendo el municipio de San Antonio de Flores, cuya votación se pospuso por razones técnicas. La misión se reunió con candidaturas, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil para evaluar de manera integral el desarrollo del proceso.
El informe detalló que los conflictos internos entre los miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral afectaron la gobernanza y retrasaron la aprobación de protocolos, reglamentos y adjudicaciones, lo que puso en riesgo el cumplimiento del calendario electoral. Loizaga enfatizó que la estructura partidista de las autoridades electorales ha sido un factor que explica las dificultades observadas.
Durante la jornada electoral, un equipo de 101 observadores de 19 nacionalidades visitó 780 juntas y 325 centros de votación, constatando una alta asistencia a las urnas y un desarrollo general de las elecciones sin indicios de manipulación; sin embargo, se detectaron retrasos en el repliegue de material electoral y deficiencias en las soluciones tecnológicas, aunque sin evidencia de dolo.
La MOE aclaró que las actas físicas, que contienen los resultados, se encuentran seguras en el Centro Logístico Electoral, y que el escrutinio especial continúa dentro de los plazos legales.
El informe hizo un llamado a que el CNE agilice el escrutinio y la declaratoria oficial de resultados, evitando que la demora se transforme en especulación política. Asimismo, exhortó a los líderes de los distintos partidos a abandonar tácticas dilatorias que obstaculicen el proceso y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
Loizaga también expresó preocupación por declaraciones de autoridades como el presidente del Congreso Nacional, que cuestionaron la validez de las elecciones. La MOE recalcó que solo el CNE está legitimado para emitir declaratorias, y que ningún otro órgano estatal puede calificar la elección.
