Vigilia por el TPS: Hondureños en vilo por nueva decisión de la Corte de California
Esta noche, ningún hondureño beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) en California y en otras ciudades dormirá. Mañana vuelve a estar en la balanza judicial su estadía o no, en Estados Unidos
- 18 de agosto de 2025 a las 18:50 /
Miles de inmigrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos hondureños, realizarán esta noche vigilias en distintas ciudades de Estados Unidos, en vísperas de una audiencia judicial que definirá si el programa continúa vigente o si el gobierno federal avanza con su plan de cancelarlo.
Las vigilias, convocadas por organizaciones de la diáspora como la National TPS Alliance, buscan visibilizar la incertidumbre de más de 72,000 hondureños, 4,000 nicaragüenses y unos 12,700 nepalíes que dependen del fallo judicial.
La administración Trump anunció en julio la terminación del programa y dio apenas 60 días para regularizar estatus o abandonar el país, medida que fue frenada de forma temporal por la jueza federal Trina L. Thompson el 1 de agosto.
De acuerdo con activistas, la vigilia es un acto de fe y resistencia: un espacio de oración, reflexión y protesta para exigir que el TPS no se convierta en un arma política, sino que se mantenga como lo que siempre ha sido: una protección humanitaria para quienes no pueden regresar a países afectados por desastres naturales, conflictos o violencia.
¿Qué decidirá la Corte este martes 19 de julio?
La audiencia corresponde a la Corte de Distrito del Norte de California, en San Francisco, donde la jueza Thompson deberá resolver si mantiene la medida cautelar que hoy congela la terminación del TPS o si permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzar con el calendario de cancelación.
En su fallo de inicios de agosto, Thompson cuestionó que la decisión del gobierno se hubiera tomado sin una evaluación objetiva de las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal, y con argumentos que mostraban prejuicios raciales. Por eso ordenó que la protección continuara hasta el 18 de noviembre de 2025, fecha límite fijada para que el tribunal resuelva de fondo el caso.
El gobierno federal apeló esa medida, buscando revertir la suspensión y dejar firme el anuncio original. Así, la Corte deberá determinar en lo inmediato si la protección cautelar sigue vigente y qué alcance tendrá mientras se desarrolla el juicio principal.
¿Y qué es lo que está en juego? Si la Corte mantiene la suspensión, miles de familias podrán seguir trabajando y viviendo legalmente en Estados Unidos hasta que se defina el caso en noviembre. Pero si la medida es revertida, el DHS podría retomar su plan de cancelación, dejando a decenas de miles de inmigrantes expuestos a la deportación.
En paralelo, activistas advierten que países como Honduras y Nicaragua no tienen condiciones económicas ni de seguridad para recibir a semejante número de retornados.
En concreto, diversas organizaciones que lideran esta lucha presentaron la demanda conocida como NTPSA II.
Fue presentada el pasado 7 de julio por la National TPS Alliance y un grupo de beneficiarios ante la Corte de Distrito del Norte de California. La querella busca frenar la cancelación del programa anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pretendía finalizar la protección en agosto y septiembre de este año.
Los demandantes alegan que la terminación del programa es ilegal por tres motivos principales: no se basa en un análisis objetivo de las condiciones de los países, contradice la práctica establecida de otorgar al menos seis meses de aviso a los beneficiarios —pues en este caso solo se dieron 60 días— y responde a motivaciones racistas y discriminatorias, lo que violaría la Constitución de Estados Unidos.
En su documento informativo, la Alianza recalca que, de confirmarse la anulación de la cancelación del TPS, el DHS tendría que reiniciar todo el proceso conforme a la ley, lo que daría mayor estabilidad a los inmigrantes amparados. Mientras tanto, la orden judicial asegura que se mantengan los permisos de trabajo, la protección contra deportaciones y los beneficios vinculados al programa.
La organización también orienta a los beneficiarios sobre aspectos prácticos, como el uso del Documento de Autorización de Empleo (EAD) vencido junto con el aviso oficial del Federal Register como prueba válida ante empleadores, así como la continuidad de los beneficios del Seguro Social en caso de jubilación.
Además, insiste en la importancia de buscar asesoría legal para explorar otras vías migratorias en caso de que el TPS llegue a su fin.
El próximo 18 de noviembre será la fecha clave, cuando la Corte deberá pronunciarse sobre el fondo del caso. En esa audiencia se decidirá si el programa se mantiene vigente para más de 72,000 hondureños, 4,000 nicaragüenses y alrededor de 12,700 nepalíes, o si se permite al gobierno federal avanzar con su plan de cancelación.
Hasta entonces, la comunidad migrante ha anunciado que seguirá en pie de lucha, aferrada a la protección temporal que, por ahora, sigue siendo su única garantía de permanecer legalmente en Estados Unidos.
¿Quién es la jueza federal Trina L. Thompson?
La jueza Trina L. Thompson es quien decidirá el futuro inmediato del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes en Estados Unidos.
Nombrada por el presidente Joe Biden y confirmada por el Senado en mayo de 2022, Thompson es magistrada del Tribunal de Distrito del Norte de California, con sede en San Francisco. Es reconocida como la primera mujer afroamericana elegida a la Corte Superior del Condado de Alameda, donde ejerció entre 2003 y 2022 antes de su ascenso al tribunal federal.
Graduada en Derecho por la Universidad de California, Berkeley, Thompson ha sido descrita como una jueza firme y comprometida con la justicia social.
Su trayectoria refleja una carrera enfocada en la equidad y la inclusión, elementos que ahora marcan su papel en casos de alto impacto migratorio, como la disputa legal sobre el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.
Según Los Ángeles Times, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca ha revocado el TPS para unos 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos, 160,000 ucranianos y miles de personas originarias de Afganistán, Nepal y Camerún, aunque varias de esas decisiones aún se discuten en tribunales federales.
Otros 250,000 venezolanos mantienen la protección hasta septiembre de 2025, mientras que cerca de 200,000 salvadoreños la conservarán hasta septiembre de 2026.
La vigilia central de este lunes está convocada a las 5:00 pm en la St. Peter’s Italian Church (7:00 pm hora de Honduras), en el barrio chino de Los Ángeles, como parte de las acciones comunitarias en defensa del programa, destacó Los Ángeles Times.
NOTA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.
