La migración sigue marcando la vida de miles de familias hondureñas; muchas ven a sus seres queridos partir en busca de oportunidades, pero para muchos el sueño americano se convierte en una pesadilla marcada por detenciones, deportaciones y la separación familiar.
Ángel Mendoza, padre de siete hijos, vive esa realidad con el corazón desgarrado. “Mis siete hijos se fueron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Hoy, tres de ellos ya fueron deportados, dos más tenían corte migratoria, pero no se presentaron por miedo y fueron capturados por ICE”, relató con tristeza ayer afuera del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en donde esperaba la llegada de uno de sus hijos.
“Lo importante es que mis hijos no tienen antecedentes ni deben nada a la justicia, ahora solo les queda venir a luchar aquí en su país. Una de mis hijas llevaba tres años allá y tenía una hija ciudadana americana, ahora la niña quedó con mi otro hijo, que sigue en proceso de legalización”, agregó Mendoza.
El caso de la familia Mendoza no es aislado. Según datos del CAMR, entre enero y julio de este año, 16,778 hondureños fueron deportados por vía aérea desde Estados Unidos y México. Al sumar los retornos terrestres, la cifra total asciende a 22,778 personas, según el Instituto Nacional de Migración (INM). Del total, el 73.96% son hombres, el 11.43% mujeres y el 14.60% menores de edad, muchos de ellos niños y adolescentes no acompañados, capturados tras recorrer peligrosas rutas desde Centroamérica.
Durante este periodo se registraron 233 vuelos de deportación, principalmente desde Texas y California, así como desde ciudades fronterizas mexicanas como Tapachula y Ciudad Juárez.
Todos los días
Los vuelos de deportación siguen llegando todos los días de la semana a San Pedro Sula, incluso hay días en los que hay dos vuelos y, con ellos, los sueños rotos de quienes se atrevieron a buscar esperanza más allá de las fronteras.
El retorno no es solo geográfico, muchos migrantes regresan con heridas emocionales profundas. “Estar detenido fue horrible. Frente a nosotros, un hombre dijo que se iba a suicidar y vimos lo que pasó”, contó uno de los deportados ayer.
Alma Fuentes, originaria de Copán, fue detenida en Arizona mientras intentaba cruzar con su hija de cinco años.
“Salimos de Honduras por necesidad, la violencia, el desempleo, el miedo... uno se va por eso. Pero pasar por una deportación es traumático, regresamos peor que antes, endeudados, desilusionados y sin nada.
El Gobierno nos da 2,000 lempiras y gracias, pero eso apenas alcanza para el transporte de regreso a casa”.
Las cifras del INM indican que Cortés es el departamento con mayor número de personas deportadas, seguido de Francisco Morazán, Yoro y Olancho. Estas regiones concentran algunos de los índices más altos de pobreza, violencia y desempleo en el país, factores que impulsan la migración constante.
En muchas comunidades de estos departamentos emigrar se ha convertido en un “rito” de sobrevivencia. Familias enteras venden sus bienes o se endeudan con coyotes para pagar el viaje, que puede costar entre $8,000 y $14,000 dólares por persona.
El Gobierno, a través de la Cancillería y el Instituto Nacional de Migración, ofrece programas de asistencia básica a los retornados. En el aeropuerto, los migrantes reciben un refrigerio, atención médica básica y un bono de 2,000 lempiras.
