La empresa tecnológica Smartmatic, una de las firmas interesadas en adjudicarse el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) para las elecciones generales de 2025 en Honduras, ha sido vinculada a un caso de sobornos y corrupción que involucra a autoridades electorales de Venezuela.
Según documentos judiciales presentados por fiscales federales de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Florida, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, cofundador de Smartmatic, habría entregado como soborno una casa de clase media alta con piscina en Caracas a Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
El supuesto soborno ocurrió entre abril y julio de 2019, cuando Piñate —según la acusación— transfirió la residencia a Lucena a través de una corporación extranjera. A cambio, la entonces jefa del órgano electoral debía mediar ante el gobierno de Nicolás Maduro para resolver un conflicto de pagos y contratos surgido tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.
Los fiscales estadounidenses alegan que el objetivo del soborno era asegurar el estatus de Smartmatic como proveedor electoral oficial en Venezuela, pese a los desacuerdos surgidos tras que la empresa denunciara manipulación de cifras en esos comicios, al identificar una diferencia de más de un millón de votos respecto a los resultados anunciados por el oficialismo.
La denuncia de Smartmatic en 2017 provocó la ruptura con el régimen venezolano y la posterior salida de la compañía del país en 2018. Tras el conflicto, se habrían suspendido los pagos a la empresa, que prestó servicios al CNE venezolano desde 2004 hasta 2018.
“Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el Gobierno de EE UU busca demostrar que esto constituyó un pago de soborno”, señala el documento judicial, que incluye imágenes de la vivienda en cuestión.
El proceso legal contra Piñate forma parte de una investigación más amplia por supuesta conspiración para lavar dinero y pago de sobornos a funcionarios de distintos países para asegurar contratos de servicios electorales. Entre los acusados también figuran los empresarios Jorge Miguel Vásquez (EE UU), Elie Moreno (EE UU-Israel) y Juan Andrés Donato (Filipinas), por su presunta participación en sobornos relacionados con las elecciones filipinas de 2016.
En Estados Unidos, Smartmatic también se encuentra inmersa en un litigio millonario contra la cadena Fox, a la que demandó por 2,700 millones de dólares por difamación, tras ser vinculada —sin pruebas— a un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, según denuncias del expresidente Donald Trump.
Smartmatic y su interés en Honduras
En el contexto hondureño, Smartmatic participó en las elecciones primarias de marzo de 2025, proporcionando servicios de biometría y transmisión preliminar de resultados. Actualmente, busca adjudicarse la contratación del sistema TREP para las elecciones generales del 30 de noviembre.
El proceso licitatorio ha estado marcado por tensiones. El pasado 7 de julio, colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) impidieron, mediante protestas, que otras empresas presentaran sus ofertas para competir en el proceso.
