Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia confirmó la orden de captura contra Ebal Jair Díaz Lupián, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, por su presunta vinculación con el caso de corrupción relacionado con el proyecto habitacional Residencial Morazán, conocido como “casas contenedores”.
La investigación del Ministerio Público señala que el proyecto tenía como objetivo beneficiar a unas 10,000 familias hondureñas, pero habría ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a los 294 millones de lempiras.
La iniciativa estaba vinculada con la construcción de viviendas para personas afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron Honduras en 2020. Sin embargo, las obras no cumplieron con el propósito anunciado y el proyecto quedó bajo investigación por presuntas irregularidades.
En julio de 2024, el fiscal general Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal contra Díaz y otros 14 exfuncionarios relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos. El Ministerio Público solicitó entonces órdenes de captura a nivel nacional e internacional y alertas migratorias para los señalados.
Casas contenedores
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el exministro es señalado de presuntamente participar en una estructura vinculada con el supuesto fraude en el desarrollo de Residencial Morazán. Entre los delitos atribuidos a los implicados figuran asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta.
Las diligencias también abarcaron la adquisición de 200 casas contenedores por medio de la Secretaría de la Presidencia. En enero de 2022, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal inspeccionaron los contenedores en Residencial Morazán y Lomas del Diamante.
La investigación también tuvo antecedentes en una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que en 2022 señaló irregularidades en la adquisición de los contenedores, contratos relacionados con una misma actividad y diferencias entre las unidades pagadas y las que tenían respaldo de recepción.
Con la confirmación de la orden de captura, Díaz continúa señalado dentro del proceso judicial por el presunto perjuicio económico al Estado. El caso permanece relacionado con las investigaciones sobre el fallido proyecto habitacional y la responsabilidad que podrían tener los exfuncionarios involucrados.
