La inviolabilidad del domicilio

La legislación hondureña busca equilibrar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio con la necesidad de la acción policial efectiva

La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental en Honduras, garantizado por el artículo 99 de la Constitución. Este derecho implica que ninguna autoridad puede ingresar a una morada sin el consentimiento del habitante (propietario o arrendatario).

Existen dos excepciones para el ingreso sin consentimiento: a) Orden judicial de juez competente. B) Emergencia o flagrancia, como para evitar la comisión de un delito, daños a personas, o daños materiales. Si el ingreso se realiza mediante una orden de allanamiento, debe ejecutarse estrictamente entre las 06:00 de la mañana y las 06:00 de la tarde.

En caso de urgencia o flagrancia que requiera solo el consentimiento del habitante, la autoridad policial debe seguir un procedimiento riguroso: llenar un acta de solicitud de ingreso a vivienda, levantar un acta de todas las diligencias realizadas, presentar un informe formal al fiscal del Ministerio Público, quien debe solicitar la convalidación de la acción ante el juez.

El registro de sitios públicos está regulado por el artículo 209 del Código Procesal Penal. A diferencia del allanamiento de morada, este tipo de registro no requiere una orden judicial y se realiza cuando hay motivos para creer que se cometió un delito en el lugar.

Los sitios públicos incluyen templos, edificios estatales e instalaciones militares. En el caso de establecimientos privados con acceso público (como talleres, cines o tiendas), la Policía puede realizar registros e inspecciones en las áreas de atención al público y administrativas si existe razón fundada para sospechar de la comisión de un delito.

La legislación hondureña busca equilibrar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio con la necesidad de la acción policial efectiva. Mientras que el allanamiento de morada es altamente regulado por límites horarios y órdenes judiciales, el registro de sitios públicos permite mayor flexibilidad.

Este marco legal garantiza los derechos ciudadanos, imponiendo al mismo tiempo estrictos protocolos de rendición de cuentas a las autoridades en cada intervención.

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