Tegucigalpa, Honduras. Vigilados las 24 horas del día, sin visitas familiares y con apenas una hora para salir de sus celdas permanecerán los privados de libertad acusados de integrar asociaciones terroristas que sean trasladados a los nuevos módulos de máxima seguridad habilitados en las cárceles de El Pozo y La Tolva.
Las instalaciones, construidas con paredes de concreto reforzado y sistemas de vigilancia permanente, forman parte de las medidas adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para restringir las operaciones de estructuras criminales dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según informó el INP, los módulos tendrán una capacidad conjunta para albergar a 1,774 personas, incluyendo los espacios que se construyen en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
De esa capacidad, 1,472 cupos corresponden al centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, conocido como El Pozo, mientras que otros 214 estarán disponibles en La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso.
A estos se sumarán 88 espacios destinados a mujeres acusadas de pertenecer a asociaciones terroristas, maras o pandillas. El módulo femenino presenta actualmente un avance del 53%, de acuerdo con las autoridades penitenciarias.
Encerrados 23 horas al día
El INP informó que 69 privados de libertad ya permanecen bajo el nuevo régimen de máxima seguridad, que contempla 23 horas de encierro diario y únicamente una hora para recibir luz solar y realizar actividades físicas bajo supervisión.
Durante ese período, los internos disponen de 30 minutos para practicar ejercicios de calistenia, una modalidad de entrenamiento que utiliza el propio peso corporal.
Las actividades se desarrollan en espacios delimitados por estructuras de seguridad, bajo vigilancia de agentes penitenciarios, efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y cámaras de videovigilancia.
Desde su ingreso, a los privados de libertad se les rapó la cabeza, se les recortó la barba y se les entregó una vestimenta estandarizada, compuesta por camiseta blanca, calzoneta negra y sandalias.
Las nuevas disposiciones también eliminan las visitas familiares y restringen el contacto con personas del exterior. Los internos podrán reunirse con sus abogados una vez por semana en locutorios especiales, sin contacto físico y bajo vigilancia tecnológica y del personal de seguridad.
Otra de las restricciones es la prohibición de manipular las instalaciones eléctricas. El control del suministro permanecerá exclusivamente en manos de las autoridades penitenciarias, mientras que los pasillos de los módulos se mantendrán iluminados durante todo el día.
Mayor control penitenciario
Las medidas forman parte de la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que establece controles más estrictos para las personas sometidas a este régimen.
Entre las disposiciones también figura la realización de audiencias judiciales virtuales, conforme a las reformas aprobadas por el Congreso Nacional y las decisiones de las autoridades judiciales competentes.
El INP sostiene que la construcción de estos espacios busca impedir que integrantes de estructuras criminales continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles, mediante mayores restricciones de comunicación, desplazamiento y contacto con el exterior.
Aunque los módulos de El Pozo y La Tolva ya cuentan con capacidad para recibir a 1,686 internos, la infraestructura proyectada se completará con los 88 espacios destinados a mujeres en PNFAS.
Las autoridades aseguran que los nuevos protocolos se aplicarán conforme a la legislación penitenciaria y las garantías de derechos humanos, mientras se amplían los controles sobre las personas consideradas de alta peligrosidad.
