Mientras el Poder Judicial enfrenta una mora de más de 43,000 expedientes, la gestión de Rebeca Ráquel Obando al frente de la Corte Suprema de Justicia destinó L15.7 millones a la construcción de nuevos salones de reuniones para la Presidencia del Poder Judicial.
El proyecto, denominado “Construcción de salones de reuniones para la Presidencia, anexos al edificio principal de Tegucigalpa, Francisco Morazán”, contempló dos espacios con capacidad mínima para 50 personas cada uno.
De acuerdo con documentos oficiales, la obra fue justificada por la necesidad de ampliar las áreas destinadas a reuniones institucionales de la Presidencia de la Corte y de otros órganos del Poder Judicial.
La documentación revisada por ese medio establece que la obra fue adjudicada a la empresa Servicios de Ingeniería (Serin), mediante el contrato número 02-2025, por un monto inicial de L12.9 millones.
Sin embargo, antes de llegar a esa adjudicación, el proyecto pasó por dos procesos de contratación fallidos. El primero fue la Licitación Pública Nacional número 10-2023, publicada el 5 de junio de 2023, en la que participaron cuatro empresas.
Ese proceso fue declarado fracasado después de que las ofertas superaran los L11 millones. La resolución emitida el 4 de marzo de 2024 argumentó que no existía disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir los montos ofertados.
En mayo de 2024, el Poder Judicial autorizó una licitación privada para continuar con el proyecto mediante invitación directa. Aunque Serin no figuraba entre las empresas convocadas, presentó una propuesta por iniciativa propia.
La oferta económica de Serin fue de L12.7 millones y terminó siendo aceptada, pese a que superaba en más de un millón de lempiras las propuestas que antes habían provocado la declaratoria de fracaso de la licitación pública por falta de presupuesto.
La Memoria Anual 2025 del Poder Judicial indica que el proyecto recibió una ampliación presupuestaria y alcanzó una inversión de L13.5 millones. La obra inició el 17 de febrero de 2025 y debía concluir el 30 de enero de 2026.
No obstante, los documentos oficiales señalan que los trabajos finalizaron en mayo pasado con un costo final de L15.7 millones, casi tres millones más que el valor originalmente contratado.
Para el abogado Germán Leitzelar, aunque las mejoras en infraestructura judicial pueden ser necesarias, la prioridad del Poder Judicial debería estar enfocada en atender los problemas estructurales del sistema, especialmente la mora judicial.
“Hay que analizar los fondos de la obra y bajo qué esquema se realizó. Sin embargo, en este momento el mayor esfuerzo que se debe realizar es superar la mora judicial, y para eso hay que invertir en equipos y, sobre todo, en personal. No solo es la capacitación de jueces, sino ampliación del número de tribunales”, explicó.
Leitzelar consideró que también debe revisarse la prioridad de una inversión de este tipo frente a las necesidades que existen en otras áreas del sistema de justicia.
“Hay que ver qué prioridad tiene un salón de esa naturaleza frente al fortalecimiento de justicia a nivel geográfico de todo el país, especialmente con los juzgados de paz y todas aquellas materias en donde la mora es provocada por una insuficiencia de mejoras que requiere el Poder Judicial”, comentó.
Según la Memoria Anual más reciente, durante 2025 el sistema de justicia recibió 129,997 nuevos expedientes y resolvió 86,991, lo que dejó una mora de 43,006 casos.
La mayor congestión se concentra en los juzgados de letras, donde ingresaron 82,727 expedientes y se resolvieron 48,774, equivalente a una tasa de respuesta del 59%.
En la práctica, cuatro de cada diez casos que llegaron a estos juzgados no obtuvieron una resolución dentro del mismo período.
LA PRENSA solicitó información adicional a las autoridades del Poder Judicial y de la CSJ, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta institucional sobre la inversión realizada.
