Rebeca Ráquel Obando, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostuvo que los al menos 190 nombramientos realizados durante su gestión se apegan a la ley y defendió que estos sean evaluados mediante un proceso de auditoría.
Sus declaraciones surgen en medio del análisis interno que realiza el pleno de magistrados sobre la validez de dichas designaciones, en el que —según explicó— existen posturas divididas.
Obando indicó que presentó un informe ante los magistrados para exponer su versión de los hechos y aportar elementos que permitan valorar las decisiones adoptadas durante su administración.
En ese debate, detalló que se plantearon dos caminos: la anulación total de los nombramientos efectuados desde el 1 de febrero o una revisión individual de cada caso. La exfuncionaria se mostró en desacuerdo con la primera alternativa.
“Es incorrecto que traten de mermar las facultades que una presidenta ha tenido en funciones”, afirmó Rebeca Raquel Obando, expresidenta de la CSJ, en entrevista con HCH.
Según argumentó, el decreto 5-2011 le otorgaba facultades para realizar nombramientos hasta el 20 de febrero, fecha en que —explicó— entró en vigor el decreto 10-2026 tras su publicación en el diario oficial. Por ello, consideró que cualquier revisión debería centrarse únicamente en actuaciones posteriores.
Como salida al conflicto, se acordó someter los expedientes a un proceso de auditoría que determinará si cada designación cumple con los requisitos legales. En caso afirmativo, Obando señaló que no habría impedimento para su ratificación.
También reconoció que algunos nombramientos interinos podrían ser anulados; sin embargo, estos volverían a ser presentados ante el pleno para su eventual aprobación, en paralelo a la revisión técnica.
La exfuncionaria manifestó confianza en la legalidad de la mayoría de las designaciones y aseguró que sus decisiones respondieron a la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
En ese sentido, señaló que el Poder Judicial enfrenta múltiples vacantes, lo que obligaba a avanzar con los nombramientos para evitar retrasos y asegurar una justicia “pronta, accesible y transparente”.
