Las lluvias que afectan al norte de Honduras han vuelto a elevar el caudal del río Ulúa y a poner en riesgo a las comunidades del Valle de Sula. COPECO declaró alerta verde el 20 de octubre en zonas bajas y ribereñas. La situación requiere atención inmediata, información clara y decisiones oportunas. No basta con esperar a que el agua entre en las viviendas para actuar. La urgencia no admite improvisaciones ni mensajes ambiguos cuando hay vidas en juego.
Honduras conoce demasiado bien esta amenaza. El huracán Fifi, en 1974, dejó una profunda huella; Mitch, en 1998, provocó una catástrofe nacional; y Eta e Iota, en 2020, inundaron extensas áreas del norte. Son antecedentes que obligan a preguntarnos por qué tantas familias siguen expuestas a peligros conocidos.
La repetición de las emergencias revela problemas persistentes de ordenamiento territorial, infraestructura y prevención. No toda lluvia intensa puede evitarse, pero sus consecuencias pueden reducirse. Las autoridades tienen la obligación de responder con urgencia. COPECO debe vigilar permanentemente las cuencas, comunicar las alertas con suficiente anticipación y explicar de manera comprensible qué comunidades deben evacuar y dónde encontrar refugio.
Las municipalidades, por su parte, necesitan preparar albergues, rutas seguras y asistencia para personas mayores, enfermos y familias sin transporte. Una alerta emitida no equivale automáticamente a una población protegida: es indispensable comprobar que el mensaje llegue y que existan medios para actuar.
También corresponde exigir rendición de cuentas. Minimizar el riesgo, retrasar decisiones o tratar cada inundación como una sorpresa sería una grave falta de responsabilidad pública. La experiencia acumulada demanda inversiones verificables en drenajes, bordos, sistemas de alerta y planificación. La prevención no puede depender únicamente de la buena voluntad de los damnificados.
A la población debemos dirigirle igualmente una advertencia firme: ninguna pertenencia vale más que una vida. No crucen ríos crecidos, no permanezcan en zonas amenazadas por conservar sus bienes y atiendan las indicaciones de evacuación. Quienes reciben avisos tempranos deben tomarlos en serio. La prudencia no es cobardía, sino una forma concreta de responsabilidad hacia la propia familia.
Desde la perspectiva cristiana, la esperanza tampoco significa resignación. El Evangelio de la tempestad calmada (Mateo 8, 23-27) habla de confianza en Dios en medio del peligro, no de indiferencia ante él. La doctrina social de la Iglesia recuerda que el bien común exige proteger prioritariamente a quienes tienen menos posibilidades de defenderse. Y la encíclica Laudato si’ insiste en la relación entre deterioro ambiental y sufrimiento humano.
Las parroquias y comunidades cristianas pueden contribuir con alimentos, refugio, acompañamiento y redes de apoyo, sin sustituir las obligaciones del Estado. La caridad atiende la emergencia; la justicia exige prevenir la siguiente.
A quienes hoy temen perder su hogar, debemos decirles que no están solos. Su vida tiene un valor que ninguna inundación disminuye. Hay motivos para mantener la esperanza cuando vecinos, instituciones e Iglesia asumen compromisos concretos.
Honduras no necesita acostumbrarse al desastre: necesita aprender de su historia, proteger a su gente y reconstruir con responsabilidad.
