San Pedro Sula, Honduras. Los cambios en los procedimientos migratorios de Estados Unidos generan preocupación entre las familias hondureñas que enfrentan procesos judiciales, necesitan renovar sus permisos de trabajo o esperan obtener la ciudadanía estadounidense.
El especialista en inmigración Carlos Pereira Trejo advirtió sobre las dificultades económicas y legales que afrontan los inmigrantes ante las nuevas disposiciones y recomendó buscar asesoría para evitar errores que puedan comprometer sus trámites.
El especialista hondureño detalla que el costo de las apelaciones pasó de 110 a 1,010 dólares que en moneda hondureña equivale L2,954.28 a L27,125.67. Este incremento, afirmó, representa una carga económica para los inmigrantes que necesitan continuar sus procesos legales y conseguir documentación en un período limitado.
No obstante, según las tarifas publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentar una apelación ordinaria contra la decisión de un juez de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración tiene un costo de 1,060 dólares, aunque existen mecanismos para solicitar una exención del pago.
Otro de los cambios mencionados por Pereira es la eliminación de las extensiones automáticas de determinados permisos de trabajo en USA. Explicó que anteriormente el recibo de renovación permitía prolongar la autorización laboral mientras llegaba la nueva tarjeta, pero ahora algunos solicitantes pueden quedarse sin permiso vigente durante la espera.
Sobre esto, la normativa vigente establece 30 días calendario para presentar este tipo de apelaciones. Por ello, los inmigrantes deben revisar las fechas de sus resoluciones y conocer las condiciones particulares de cada procedimiento.
Ante esta situación, Pereira recomendó iniciar la renovación al menos seis meses antes del vencimiento del documento. Según advirtió, la espera por una nueva tarjeta puede prolongarse entre seis y 10 meses, lo que podría afectar a quienes dependen de su autorización para continuar trabajando.
El especialista también manifestó preocupación por los 742,000 casos de ciudadanía que fueron bloqueados para juramentar durante las dos semanas anteriores. Algunos de estos solicitantes tenían previsto pedir la residencia permanente para sus padres, hermanos e hijos.
Toda esta situación, afirmó, genera incertidumbre entre las familias con integrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Pereira explicó que algunos esperaban encontrar otra alternativa migratoria a través de sus familiares, pero las posibilidades dependen de las condiciones legales de cada caso.
Estas "trabas" retrasan los planes de quienes esperan completar la naturalización y comenzar trámites migratorios para sus familiares. Cabe mencionar que la ciudadanía estadounidense permite solicitar beneficios migratorios para determinados familiares, aunque los requisitos y tiempos de espera varían según el parentesco.
Las dificultades descritas por Pereira se producen en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
El 20 de enero de 2025, ya que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar el control fronterizo, ampliar las detenciones permitidas por ley y agilizar la expulsión de personas que incumplan las normas migratorias.
Además, la administración ha impulsado medidas para ampliar las operaciones de control migratorio. El análisis del informe publicado el 23 de julio de 2025, American Immigration Council, mostró los cambios implementados durante los primeros seis meses del segundo mandato de Trump y sus posibles efectos sobre los inmigrantes, sus familias y el acceso a procedimientos legales.
Como parte de esta política, en junio de 2026, el presidente Donald Trump firmó una ley migratoria conocida como Ley para una América Segura, que asigna cerca de 70,000 millones de dólares para financiar las operaciones de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras funciones de seguridad nacional hasta septiembre de 2029.
Por ende, el 2 de octubre de 2026, Tom Homan, responsable de la política fronteriza estadounidense, afirmó que se habían registrado casi 200,000 arrestos migratorios en el interior del país durante los cuatro meses anteriores. Asimismo, también advirtió que las deportaciones se intensificarían en 2027.
Este escenario ayuda a entender la preocupación de las comunidades inmigrantes, que enfrentan tanto las operaciones de control como los cambios en sus trámites. Para quienes tienen procesos pendientes, los plazos, las autorizaciones laborales y la posibilidad de regularizar su situación pueden influir directamente en sus decisiones familiares y económicas.
Ante las dificultades, Pereira recomendó buscar orientación profesional antes de tomar decisiones sobre un caso migratorio. También mencionó a Amigos Foundation Inc como una alternativa para quienes necesitan apoyo y orientación durante sus trámites.
El especialista indicó que las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre de 2026, podrían influir en las posibilidades de impulsar una reforma migratoria. Según explicó, el resultado podría modificar las negociaciones en el Congreso y las prioridades legislativas de los próximos años.
Y planteó que una eventual reforma dependerá de la composición de la Cámara de Representantes y el Senado, así como de los acuerdos entre los legisladores. Mientras tanto, recomendó a los inmigrantes mantenerse informados y buscar asesoría para conocer las opciones disponibles según su situación.
