En detrimento del derecho constitucional que tiene el ciudadano de elegir y ser electo, los partidos políticos más fuertes de Honduras han utilizado en las últimas tres décadas el testaferrato político o electoral como una estrategia recurrente para eludir las restricciones legales y permitir que políticos inhabilitados se conviertan en candidatos y accedan al poder por la vía rápida.
Desde la década de 1980 hasta este momento, diversos partidos han utilizado esta táctica que consiste en imprimir en la papeleta electoral la fotografía y nombre de un ciudadano sustituto que, en caso de ganar, cede posteriormente la candidatura o el cargo al verdadero aspirante luego de superar escollos legales que le impedían optar a cargos de elección popular.
Para el abogado y notario Félix Antonio Ávila, con posgrados en derechos humanos y proceso de democratización y derecho penal, esta maniobra, la cual es permitida por la ley, debe ser considerada como “testaferrato político”.
En el sentido amplio de la palabra, tal como lo indica la Real Academia de la Lengua, “un testaferro es una persona que presta su nombre en contrato, pretensión o negocio, que en realidad es de otra persona”, explica Ávila. “Etimológicamente, testaferro es la persona que presta el nombre para algo o para alguien, sea delito o no”.
“La Ley Electoral de Honduras debería prohibir este tipo de conductas independientemente de que sea delito o no (...). Independientemente de que las personas sean conscientes de que votan por A, pero que el dueño del curul en el Congreso Nacional o en la alcaldía será B lleva implícito una especie de burla para el electorado. Aquí abusan de algo que dice: lo que la ley no prohíbe, lo permite. El hecho de que la ley no prohíba una determinada situación, no quiere decir que tengamos que hacerlo”, dice Ávila, quien también es catedrático universitario.
Bajo el argumento de que “la ley lo permite” y “no es delito”, los partidos políticos utilizan el testaferrato político o electoral y, paralelamente, durante la campaña le plantean a los ciudadanos que “votar por X es votar por Y”. Por coincidencia, todos los candidatos y precandidatos que han recurrido a esta maniobra han logrado el triunfo.
El caso nacionalista en 2001
Uno de los casos es el de Ricardo Maduro Joest. El 27 de enero de 2002 asumió la presidencia de Honduras sin haber figurado en la papeleta electoral de las elecciones generales de noviembre de 2001.
Durante los comicios, la imagen de Maduro no apareció en la papeleta, sino la de Luis Cosenza, su jefe de campaña, quien tomó la candidatura del Partido Nacional debido a que el aspirante original no logró demostrar ante el extinto Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) su condición de hondureño.
La Constitución de la República, en su artículo 238, establece que para ocupar la presidencia o la vicepresidencia, un ciudadano debe haber nacido en Honduras, haber cumplido 30 años, gozar de sus derechos civiles y pertenecer al estado seglar.
El TNE rechazó la inscripción de Maduro como candidato presidencial al no considerarlo hondureño por nacimiento. En efecto, el líder nacionalista nació en Panamá el 20 de abril de 1946.
Sin embargo, después de las elecciones, un grupo de juristas, designado tras un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, analizó el caso y determinó que Maduro sí cumplía con el requisito constitucional, considerando que su madre era hondureña.
Mientras resolvían la controversia sobre su nacionalidad, los nacionalistas impulsaron su campaña con el lema: “Votar por Cosenza es votar por Maduro”. El 25 de noviembre, Cosenza resultó electo frente a Rafael Pineda Ponce del Partido Liberal. Luego, presentó la renuncia y dejó el camino libre para que Ricardo Maduro asumiera el poder.
Una estrategia similar utilizaron en 2008 dentro del Partido Liberal. En esa ocasión, el también extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a Elvin Santos para competir como precandidato, debido a que ejercía el cargo de vicepresidente en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Ante esa barrera legal, Santos renunció y su equipo político interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, Mauricio Villeda prestó su rostro y su nombre para representarlo en la contienda. Inspirados en la táctica nacionalista, los liberales adoptaron el lema: “Votar por Villeda es votar por Elvin”.
En las primarias de 2008, Villeda venció a Roberto Micheletti, pero posteriormente cedió la candidatura a Santos, quien en las elecciones generales de 2009 perdió ante el nacionalista Porfirio Lobo Sosa.
Cuando todos los hondureños creían que esa práctica era un asunto del pasado y propia del otrora llamado bipartidismo, el testaferrato electoral resurgió dos décadas más tarde a través del nuevo partido Libertad y Refundación (Libre).
En 2021, replicó la misma maniobra en San Pedro Sula para lograr la elección de Roberto Contreras como alcalde. “Votar por Contreras es votar por Contreras”, repetían sus simpatizantes durante la campaña.
Libre utilizó ese viejo truco debido a que en noviembre de ese año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) denegó la inscripción de Roberto Contreras como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por Libre. Esa institución fundamentó la negativa en el artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral, que prohíbe la inscripción de candidatos que hayan participado en otro partido en el mismo período electoral.
Inicialmente, Contreras había competido por la alcaldía bajo la bandera del Partido Salvador de Honduras. Pero al final, esto dejó de ser un obstáculo. Para obtener la candidatura de Libre, Omar Menjívar (quien había ganado el proceso primario en ese partido) tuvo que renunciar a su aspiración. En la papeleta electoral de 2021 apareció la foto y el nombre de Rolando Contreras, hermano mayor de Roberto, quien tras ganar las elecciones le transfirió el cargo.
A más de dos décadas del caso de Maduro, esa estrategia es parte del nuevo juego político. Actualmente, en el proceso primario, Libre pretende convertir en precandidado a la alcaldía de San Pedro Sula a Rodolfo Padilla Sunseri, quien por el momento se encuentra inhabilitado para competir.
Además de otras causas legales, el acuerdo 12-2024 del Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que los candidatos a corporaciones municipales deben acreditar residencia en el municipio por al menos cinco años consecutivos antes de la elección. Padilla Sunseri nació en Boston, Massachusetts, y desde 2017 permaneció fuera de Honduras. En los últimos años, vivió en Estados Unidos y para regresar al país tuvo que buscar el beneficio de la Ley de Amnistía Política.
No obstante, Padilla Sunseri está en el ruedo político y realiza campaña proselitista en los barrios y colonias.
Explica a sus simpatizantes que en elecciones primarias del 9 de marzo tendrán que marcar en la papeleta electoral bajo la casilla donde aparecerá el nombre y la fotografía de su hijo, Adrián Rodolfo Padilla Álvarez. Convencidos de que lograrán una segunda victoria en San Pedro Sula, los militantes de Libre han impulsado la campaña con el lema: “Votar por Padilla es votar por Padilla”.
Los prestanombres restan seriedad a las elcciones
Teodoro Salomón Sánchez, analista electoral, plantea que “indudablemente, eso debería ser prohibido. Esto es una cuestión ética. En el caso de Padilla Sunseri, él tiene restricciones legales. Legalmente, él no puede participar mientras no le revoquen una decisión judicial, él tiene una sentencia en firme que lo inhabilita y la defensa ha presentado un recurso de amparo ante esa sentencia para que adquiera nuevamente sus derechos”.
A juicio de Sánchez, “estas prácticas no dan seriedad a los procesos electorales y son una burla para los ciudadanos, porque les ofrecen un candidato a los ciudadanos cuando en realidad es otro el que participa, el que resulta electo es otro candidato, por ejemplo, nadie votó por el alcalde actual de San Pedro Sula, Roberto Contreras, la gente votó por el hermano”.
Esto, además, trastoca las campañas y confunde a los electores, dice el analista. “En estos días de campaña electoral, en San Pedro Sula, estamos viendo vallas donde está la fotografía de Rodolfo Padilla Sunseri y en otras vallas está la fotografía del hijo, lo cual también es un error que comete el equipo del candidato para promocionarlo”.
Sánchez lamenta que los hondureños sean presas de maniobras que datan de hace 40 años. “Para la elección de la opción B de 1985, dentro del Partido Liberal, la corriente Rodista puso la foto de Modesto Rodas Alvarado, que ya había fallecido, y el nombre del candidato era Oscar Mejía Arellano. Desde entonces, utilizan esa estrategia de prestanombres. Indudablemente, eso debería ser prohibido”.
Otros analistas y líderes de organizaciones que defienden los derechos civiles y la democracia advierten que más allá de asa práctica que no es prohibida, pero no es ética, emergen como una real amenaza para el país aquellas personas que trabajan como mulas electorales por estar a disposición de organizaciones delictivas.
Estas personas, durante toda una campaña política, cargan con la aspiración, por ejemplo, a una diputación, pero, al ganar, le pueden ceder el cargo a un suplente quien, durante todo el proselitismo, se mantiene en el anonimato porque no goza de la simpatía de los ciudadanos por una serie de causas, como, ser parte del narcotráfico, lavar activos o dedicarse a actividades ilícitas.
Dina Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), cree que “Honduras va a continuar con candidatos que van a responder a intereses del narcotráfico en las próximas elecciones porque no hay un control”.
