Más de L1,591 millones ($63 millones) podrán gastar los precandidatos a presidente, alcaldes y diputados de todos los partidos políticos en los 50 días de campaña proselitista previos a las elecciones primarias de marzo de 2025.
Por autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos pueden gastar un máximo de L505,277,986 en el nivel electivo presidencial, L585,888,809.20 en el nivel de diputados y más de L500 mil en nivel municipal. Estas cifras suman alrededor de L1,591,192,328.7, de acuerdo con la Certificación 019-2024 del CNE.
Hasta ahora, excluyendo los datos no reportados a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), creada en 2017, en teoría los partidos políticos no han sobrepasado los límites de gastos autorizados por CNE en las últimas campañas.
Para las primarias de 2021, el CNE decretó un límite de gastos de L1,632,815,362.5: L544,271,787.50 (presidencial), L544,271,787.50 (diputados) y L544,271,787.50 (alcaldes), según cifras contenidas en el Acuerdo 04-2020, publicado en La Gaceta en septiembre de 2020.
En ese proceso, los políticos gastaron L324,410,863.10, indican registros de UFTF, órgano responsable de revisar el financiamiento de las campañas electorales.
Sin embargo, ese gasto no responde a la realidad. Aunque la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos obliga a todos los aspirantes a cargos de elección popular a rendir cuentas ante la UFTF, esa institución sOlo recibió 1,453 informes financieros (36%) de los precandidatos de los tres partidos políticos en contienda. No presentaron 2,612 informes (64%).
¿Cómo define el CNE los límites de gasto de campaña electoral?
Para definir los límites de gasto para estas elecciones, el CNE estableció el valor del voto en L43.25, “tomando en consideración el valor del voto de las elecciones primarias de 2021 (L43.75), elecciones generales de 2021 (L39.29) y un equilibrio con el Índice de Precio al Consumidor a la fecha”, indica la Certificación 019-2024 del CNE.
En estas nuevas primarias el valor del voto será inferior al de la vez anterior. En 2021, el valor del sufragio incrementó por la inflación de 5,32%, la segunda más alta durante la pandemia covid-19. En 2024, este factor se ha mantenido por debajo de 4%, según el Banco Central de Honduras (BCH), lo cual permite una reducción de L0.50.
Con el valor del voto definido, el CNE multiplica esa cifra por 2 y obtiene L86.50. Luego este factor lo multiplica por la carga electoral de 5,841,364 (mayores de 18 años) y obtiene el límite de gasto para los precandidatos a la presidencia (L505,277,986).
“En el caso del nivel electivo de diputados al Congreso Nacional, multiplicando el número total de ciudadanos registrados en el censo departamental electoral por el doble del costo por voto, actualizado por el CNE. Se dividirá entre el número de puestos a competir en respectivo departamento.
En el caso del nivel eléctrico de corporaciones municipales, se tomará el número de electores en el municipio de que se trate, multiplicado por el doble del costo por voto”, dice la certificación.
Con estos cálculos, los precandidatos a diputados de Francisco Morazán, Cortés, Colón, Comayagua, El Paraíso, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Ocotepeque y Olancho son los únicos que resultan con una ventaja porque podrán gastar en la campaña arriba de los L4,000,000.
Mientras los aspirantes del resto de departamentos están autorizados para menos de esa cantidad. Los de Valle, un máximo de L2,772,562.
Por tener mayor masa electoral, en el nivel de corporaciones municipales, los candidatos en La Ceiba, Choloma, Danlí, y El Progreso pueden gastar arriba de L10 millones.
En el Distrito Central, más de L71 millones y San Pedro Sula, cerca de L45 millones. El resto de municipios están autorizados para un gasto de campaña de menos de L10 millones.
Los aspirantes a cargos de elección popular, de acuerdo con la Ley de Finaciamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, pueden realizar estos gastos durante los 50 días calendarios anteriores a la práctica de las elecciones internas y primarias, convocadas para el 9 de marzo de 2025.
Según el cronograma electoral, los partidos inician el período de propaganda el 18 de enero próximo.
Los gastos de campaña electoral, que deben reportar obligatoriamente al UFTF, tienen como fuentes de financiamiento los sectores privado y público. La ley indica que el público es una “contribución otorgada por el Estado para la consolidación y funcionamiento de la institucionalidad política, depositada en el Fondo de Financiamiento administrado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización”.
El financiamiento público comprende, según la ley, “el financiamiento otorgado para actividad política específica a los Partidos con representación en el Congreso Nacional y que hayan alcanzado el umbral de votación del dos por ciento (2%) así como en año electoral, la deuda política” que consiste en un aporte que el Estado provee a los partidos según “el número de sufragios válidos obtenidos por cada Partido Político que participó en las elecciones generales”.
Mientras el financiamiento privado es “todo aporte monetario o en especie que los sujetos obligados reciben de personas naturales o jurídicas por medio de contribuciones, donaciones, herencias o legados a su favor, autofinanciamiento o financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos (...)”, según la ley.
