Un grupo de ocho países de América Latina emitió un comunicado conjunto en el que expresa su firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, mediante el cual se ordena un recuento general de las actas electorales de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre de 2025.
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana cuestionaron que la medida desconozca la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y advirtieron que afecta la institucionalidad democrática del país.
En el pronunciamiento, los Estados firmantes repudiaron además los actos de violencia política registrados el jueves anterior contra miembros de la oposición y condenaron cualquier acción que busque alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño.
Los países reiteraron su reconocimiento a la proclama oficial emitida por el órgano electoral competente, mediante la cual se declaró como presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional.
El comunicado destaca que los comicios fueron validados por misiones de observación internacional, las cuales confirmaron que la voluntad de millones de hondureños fue expresada de manera libre y democrática.
COMUNICADO CONJUNTO DE ARGENTINA, BOLIVIA, COSTA RICA, ECUADOR, GUATEMALA, PARAGUAY, PERÚ y REPÚBLICA DOMINCANA SOBRE LA SITUACIÓN EN HONDURAS
— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 10, 2026
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Asimismo, los gobiernos firmantes hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica del poder y privilegiar el diálogo como vía para resolver la crisis política, confiando en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia.
Tensión política en Honduras
Las declaraciones internacionales se producen en medio de la controversia generada por el Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, el cual instruye al CNE a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La medida fue adoptada pese a que el CNE ya había declarado presidente electo a Nasry Asfura el 24 de diciembre de 2025, y oficializado los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
Señalamientos desde la oposición
La iniciativa para revisar más de 19 mil actas electorales fue impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre). Sectores de la oposición lo acusan de exceder las atribuciones del Poder Legislativo y de violentar el orden constitucional.
A estas críticas se suma que la sesión parlamentaria en la que se aprobó el decreto estuvo marcada por la ausencia de diputados opositores, quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo, lo que ha incrementado los cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento legislativo y la legitimidad de la medida.
El pronunciamiento internacional se convierte así en uno de los posicionamientos más contundentes de la región frente a la crisis política que atraviesa Honduras en la antesala de la transición de mando.
