El Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Esto ocurre pese a que el CNE ya declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados de alcaldías y diputaciones, cumpliendo con los plazos legales.
La iniciativa para revisar más de 19 mil actas electorales fue presentada por Luis Redondo, presidente de la junta directiva del Congreso Nacional y militante del Partido Libre. Redondo, quien no fue reelegido como diputado en los pasados comicios, es acusado por la oposición de violentar el orden constitucional.
La sesión parlamentaria en la que se aprobó la medida estuvo marcada por la ausencia de los diputados opositores, quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo.
El decreto establece que el escrutinio abarcará los tres niveles electivos (presidencial, diputados y corporaciones municipales) debido a que, según la justificación oficial, el órgano electoral no concluyó el cómputo total de actas, incluidas aquellas con inconsistencias e impugnaciones pendientes.
Según el documento publicado en La Gaceta, quedaron sin contar 306 actas en el nivel presidencial (1.6 %), 2,620 en el nivel de diputados (13.21 %) y 1,848 en el nivel de corporaciones municipales (9.65 %), lo que representa una carga electoral superior a 1.5 millones de ciudadanos .
El Congreso Nacional advirtió que, en caso de incumplimiento por parte del órgano electoral, asumirá directamente el escrutinio. El decreto establece textualmente: “En caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se rehúse a realizar lo que se ordena en el presente Artículo, el Congreso Nacional al amparo del Artículo 205 numeral 7) constitucional, realizará el escrutinio correspondiente”.
Asimismo, el Poder Legislativo ordenó acciones penales contra el órgano electoral a través de una comisión especial, según lo dispuesto en el artículo 2 del decreto: “Que la Comisión Especial de Investigación se presente ante el Ministerio Público para exigir se deduzca la responsabilidad penal del Consejo Nacional Electoral (CNE) por no haber realizado el Escrutinio General en el total de las actas de cada Junta Receptora de Votos (JRV) en los tres (3) niveles electivos; el fracaso y violación del Sistema TREP incluido en el código fuente; el no uso del Sistema Biométrico; así como la adulteración de actas y resultados denunciados por la ciudadanía; violentándose la Constitución de la República y la Ley Electoral de Honduras”.
En cuanto a las impugnaciones y la declaratoria oficial de resultados, el decreto ordena de forma expresa: “Que se proceda a resolver las impugnaciones presentadas por las y los candidatos, las cuales fueron omitidas violentando los derechos de petición”.
Y añade: “Que, una vez finalizado el escrutinio ordenado, se remitan los resultados finales a este Poder del Estado para la continuidad del proceso constitucional”.
Finalmente, menciona: “Que, con base en los resultados finales, el Congreso Nacional realice la Declaratoria Oficial de las Elecciones Generales 2025".
Clic aquí para descargar la resolución publicada en La Gaceta
Rechazo
La decisión ya provocó fuertes cuestionamientos de expertos electorales, constitucionalistas y abogados, quienes consideran improcedente y contraria al principio de alternabilidad democrática la pretensión del presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, de impulsar un recuento general y abrir 19,167 urnas, pese a que el proceso electoral ya fue declarado concluido.
El analista político Augusto Aguilar recordó que el CNE emitió la declaratoria oficial de resultados el 24 de diciembre en el nivel presidencial y el 30 de diciembre en los niveles de diputados y corporaciones municipales, por lo que —a su criterio— las acciones impulsadas desde el Congreso carecen de sustento constitucional.
“Lo que está haciendo Redondo son acciones de tipo político, no están basadas en la Constitución”, señaló.
En la misma línea, Ruth Lafosse, abogada constitucionalista, advirtió en declaraciones al noticiero TN5 que permitir que el Congreso asuma el escrutinio equivaldría a vulnerar la institucionalidad electoral. “Sería como poner a Luis Redondo a que decida quién es el perdedor y quién es el ganador”, expresó.
La sesión extraordinaria del 8 de enero fue presidida por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y contó con la asistencia de 68 legisladores, en su mayoría de la bancada de Libre, junto con la diputada liberal Mireya Guillén. Las bancadas de oposición no participaron en la sesión.
Posteriormente, diputados de oposición presentaron un escrito dirigido a la presidenta de la República solicitando que no sancionara el decreto aprobado por el Congreso, al considerar que vulnera el orden constitucional y la certeza del proceso electoral.
