Un grupo de diputados de oposición remitió este viernes una carta formal a la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la que le solicitan no sancionar un decreto aprobado recientemente en el Congreso Nacional, al considerar que fue emitido sin el quórum legal y que vulnera el orden constitucional.
En la misiva, dirigida al despacho presidencial, los parlamentarios aseguran que el supuesto decreto fue impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, junto a un número de diputados inferior al quórum requerido, en su mayoría pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre).
Según el documento, dichas acciones podría configurar delitos como traición a la patria, rebelión y sedición, entre otras figuras penales.
Los legisladores explican que su solicitud se fundamenta en resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso Nacional el 4 de noviembre de 2025, las cuales fueron ratificadas el 8 de enero del presente año, y en principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho.
Argumentos constitucionales
En la carta, los diputados recuerdan que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que Honduras es un Estado soberano, democrático e independiente, donde el ejercicio del poder debe sujetarse estrictamente a la ley, y no a la voluntad de personas o grupos.
Asimismo, enfatizan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único órgano competente para organizar y dirigir los procesos electorales, conforme al artículo 51 constitucional y a la Ley Electoral, y que fue esta institución la que realizó la declaratoria oficial de las elecciones generales los días 24 y 30 de diciembre de 2025.
Los diputados subrayan que, una vez emitida la declaratoria electoral, cualquier controversia de carácter jurisdiccional corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tal como lo establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, y no al Congreso Nacional.
Advertencia sobre extralimitación de funciones
Luis Redondo y su bancada buscan que el Congreso Nacional repita el escrutinio de más de 19,000 actas. Incluso, el pasado 8 de enero convocó a los 128 diputados para que se votara si el CN debía repetir el conteo, sin embargo, los liberales y nacionalistas no llegaron.
Rasel Tomé fue uno de los diputados de Libre que reprendió a Redondo y le dijo “para ya”, reconociendo que su “amado partido” no tuvo el apoyo popular y que no es atribución del Congreso “dictar sentencias anulando los actos del CNE”.
En la carta de oposición, los firmantes advierten que el Congreso Nacional tiene prohibido abrogarse funciones que la Constitución asigna al CNE, al TJE y, en última instancia, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como máximo intérprete del orden constitucional.
Por ello, solicitan a la presidenta Xiomara Castro que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, se abstenga de sancionar el decreto, al considerar que su aprobación carece de legalidad y representa una amenaza al equilibrio de poderes y al proceso democrático.
Hasta el momento, Casa Presidencial no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud presentada por los diputados opositores.
